Tres días después de la difusión del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que cifra en 270.000 las sentencias de juzgados penales pendientes de ejecución y alerta de la sobrecarga en algunos juzgados, el ministro de Justicia, Mariano Bermejo, salió ayer a la palestra para diagnosticar que el sistema no es víctima de “colapso” ni de “caos generalizado”. “Hemos heredado una justicia raquítica”, diseñada para un sistema “no democrático”, enunció en alusión al franquismo. Los tribunales, agregó, adolecen de “un problema endémico” que se traduce en “lentitud” y retrasos “intolerables” pero no en “parálisis”.

“Me niego a hablar de colapso. No puedo. Les estaría mintiendo”. Bermejo proclamó eso último tras desmenuzar los datos del informe del CGPJ, cuyo portavoz, el conservador Enrique López, aclaró un día después de la difusión del informe  que hablar de sentencias pendientes de ejecución no equivale a hablar de sentencias paralizadas. El ministro afirmó no tener datos sobre cuántos de los 400.000 asuntos penales pendientes de ejecución se encuentran bloqueados.  De esos 400.000, hay  270.000 que corresponden a juzgados de ejecutorias penales, los encargados de hacer cumplir las condenas inferiores a seis años.

Con el caso Mari Luz como telón de fondo, Bermejo hizo una promesa que, de cumplirse, reducirá el margen de repetición de casos como el de la niña onubense: a partir de comienzos de 2009 el registro de penados y rebeldes contendrá no sólo las condenas firmes sino también las medidas cautelares y requisitorias dictadas por cualquier juez y, sobre todo, las sentencias condenatorias pendientes de recurso. Santiago del Valle, permanecía libre cuando mató a Mari Luz porque no constaban los antecedentes de la primera condena que le había sido impuesta, por abusar de su propia hija. Esa sentencia, recurrida, no figuraba en ningún registro, de forma que el segundo juez que lo condenó por abusos a otra menor no exigió su ingreso en prisión.

El ministro anunció igualmente que antes de final de año se crearán 15 nuevos juzgados penales. Y que el próximo día 19 comenzará a aplicarse en los juzgados de Murcia,a modo de plan piloto, el programa informático Minerva NOJ. Si hace un mes Bermejo admitió que Justicia es el ministerio con mayor retraso en informatización, ayer aseguró que el Minerva NOJ (Nueva Oficina Judicial), diseñado para mejorar los controles procesales, está “a punto de caramelo”.

Dirigiendo un dardo soterrado contra el CGPJ, de mayoría conservadora, pendiente de renovación desde hace año y medio y en guerra con el Gobierno, Bermejo hizo un recordatorio: en la pasada legislatura, el CGPJ pidió 53 medidas de refuerzo, es decir, 53 nuevos jueces. Eso fue todo. Y el Gobierno le hizo caso en todas las peticiones salvo una. Pero la solución, dijo, no pasa por “duplicar jueces” sino “replantearse el modelo”.