A Luis Ramírez el Montillano le arrebataron su casa, sus enseres, los millones que tenía en el banco y las sacas con dinero que guardaba en el almacén. Ocurrió a finales de la guerra civil. Luego lo fusilaron. Nadie sabe con certeza dónde descansan sus restos, ni dónde fue a parar ese dinero, ni los muebles... Y, paradójicamente, lo poco que sí fue localizado, unas cajas fuertes y un par de máquinas de escribir, hace unos seis años, aún no está en manos de la familia, según una de sus nietas, Toñi Ramírez. Al menos las cajas fuertes permanecen en poder del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque (Córdoba, 7.407  habitantes), según confirma el alcalde, el socialista Matías González, que, aunque asegura no saber nada de las máquinas, aún no ha ejecutado la petición realizada por Toñi y su hermana, María José.

“Hace unos cinco años pedimos al Ayuntamiento que se pusieran unas placas en las cajas fuertes diciendo a quién pertenecían y que la familia las donaba. Se nos pidieron papeles que, lógicamente, no teníamos; y nosotras, mi hermana y yo, también pedimos al Ayuntamiento que nos presentara los papeles de compra de las cajas. El silencio fue absoluto”, afirma Toñi. Según explica, el ayuntamiento les solicitó la petición por escrito y firmada por testigos. “Costó mucho que alguien se atreviera a firmar”, añade, “pero se logró y la cosa sigue igual”.

En conversación telefónica, el alcalde, familiar también de Luis Ramírez, muestra su “total disposición” a poner la placa e incluso se compromete a trasladar las cajas al museo municipal, pero no aporta una explicación clara sobre por qué ha dejado transcurrir tanto tiempo para hacer algo sencillo y de tanto valor sentimental. Alega que hay más familiares y remite a Miguel Caballero, otro nieto de El Montillano y compañero de filas del alcalde. “Yo no me opongo a la placa”, dijo a Público Caballero, lo que no justifica tampoco la demora.

Según Cecilio Gordillo, coordinador del Grupo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía, del sindicato CGT, el caso evidencia la dejadez de la Administración, “el sí pero no” de los políticos hacia la memoria histórica. “Es más incomprensible cuando todo el mundo sabe que ha existido esa incautación”, dice.

Fax de la Delegación

Tal es la resistencia, añade Gordillo, que la propia Delegación del Gobierno en Andalucía, donde también acudieron las hermanas, traspasó su solicitud al grupo de CGT. “Deduzco del texto que me han remitido que en el Ayuntamiento (...) existen bienes y enseres de esta persona desaparecida, que entiendo deberían ser devueltas a sus familiares sin más. Por lo que les rogaría se pusieran en contacto con el Gobierno local (...) ya que nosotros no tenemos competencias ”, responde Gordillo a la delegación en un fax de 28 de diciembre 2004.

La dejadez a la que alude Gordillo resulta aún más paradójica cuando muchos vecinos son familiares de víctimas del franquismo. Según el regidor, a su abuelo también lo fusilaron y a su abuela la condenaron a 20 años de cárcel. La fosa común que hay en el cementerio no ha sido exhumada. Toñi y su hermana, que acaban de enterarse de que su abuelo podría estar ahí, acaban de pedir la apertura para darle un entierro digno: “Lo más doloroso es que mi padre haya muerto sin tener en sus manos la máquina de escribir que mi abuelo le había regaladodías antes de que se la robaran los falangistas”.