'El tribunal ha alcanzado la convicción de que Gestoras pro Amnistía es una organización terrorista'. Por eso, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha declarado su ilicitud y su disolución en la misma sentencia en la que ha condenado a 10 años de cárcel, por integración en organización terrorista, a sus dirigentes nacionales: Juan María Olano, Aitor Ángel Jugo y Julen Zelarain. Otros 18 acusados, responsables provinciales y de área de la organización, han sido castigados con 8 años de prisión por el mismo delito.

Los tres primeros y nueve más ingresaron en prisión tras conocerse la sentencia, a petición del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. El tribunal que preside Teresa Palacios, ponente de la resolución, ordenó la busca y captura de Iñaki Reta, que no se presentó en la vista, y decretó comparecencias semanales (lunes y viernes) para el resto de condenados, cuyo riesgo de fuga es menor al haber cumplido ya parte de la pena.

La labor de Gestoras pro Amnistía y su sucesora, Askatasuna, dentro del entramado de ETA, es 'socializar, a través de la sensibilización social, lo que el brazo armado por sí mismo no puede acometer,' el terrorismo, como medio necesario para 'lograr el derrocamiento de España en el País Vasco'.

'Es claro que para Gestoras Pro-Amnistía, ETA no es sólo una facción armada sino que es el frente político', porque es la que marca la estrategia y los cometidos de las organizaciones que la apoyan. De hecho, es a la que 'le incumbe la negociación' y la que 'diseña la estrategia general'.

Dentro de ella, la banda armada encomendó a Gestoras al menos desde septiembre de1995 controlar el frente de makos o cárceles 'ante el riesgo que se corre de la quiebra de la cohesión ideológica exigida por ETA, con medidas como el arrepentimiento y la dispersión'.

Y Gestoras, bajo la 'cobertura' de prestar asistencia humanitaria y jurídica a los presos y sus familias, hace llegar a éstos y a los huidos 'las instrucciones a las que han de someterse'. El 'hilo conductor' son sus abogados, que también informan a ETA de la marcha de los procesos judiciales en su contra.

Para mantener el apoyo de la sociedad, Gestoras realiza conferencias y ruedas de prensa en las que transmite el 'mensaje inveraz y distorsionador' de que España oprime al País Vasco. Es decir, se encarga de garantizar 'el crédito del frente armado', trasladando 'el mensaje de que la violencia de ETA es en defensa de los derechos de Euskal Herria'.

También organiza homenajes a los terroristas muertos o excarcelados, y jornadas de lucha y campañas como la de Alde hemendik, contra las fuerzas de Seguridad del Estado, a las que presenta sistemáticamente como 'torturadores y represores en escala', y contra la Justicia y, en especial, la Audiencia Nacional.

Pese a esas campañas, la sentencia declara que 'no consta que desde Gestoras' se coordinen actos concretos de kale borroka, ni que el asesinato del magistrado José María Lidón 'sea fruto de previo señalamiento' hecho desde Gestoras, porque 'el frente armado no lo necesita', pese a que la organización ahora disuelta señale 'políticamente' objetivos.

En cualquier caso, la sentencia precisa que no se criminaliza a Gestoras por compartir las ideas independentistas de ETA, sino 'el trabajo de sensibilización que elabora en ese frente, con un mensaje por la soberanía absolutamente inveraz, buscando en su permanente quehacer el ataque continuo al Estado'.

Con la sentencia hecha pública ayer, las 'entrañas' y el 'corazón' de ETA, como definía el llamado entorno etarra la resolución del sumario 18/98 que disolvió Ekin y Xaki, quedan un poco más desarmados. La declaración de su ilicitud se suma a la de los citados aparatos políticos e internacional de ETA y la ya confirmada por el Tribunal Supremo respecto a las organizaciones juveniles Jarrai, Haika y Segi. Para 2009 quedan pendientes los juicios contra la asamblea de electos de Batasuna -Udalbiltza Kursaal- y contra la financiación de ETA a través de las herriko tabernas controladas por la formación ilegalizada por el Supremo en 2003.

La sentencia ha sido bien acogida por Gobierno y oposición. Mientras el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba aseguraba que confirma en sede judicial que 'ETA es más que un conjunto de pistoleros', el portavoz de Justicia del PP en el Congreso, Federico Trillo, decía que marca 'el camino a seguir' para luchar contra el terrorismo.

Para Aralar, en cambio, 'vulnera los derechos humanos' por sus penas desproporcionadas y 'no aportan nada a la convivencia'. La red ciudadana por el Acuerdo y la Consulta, Lokarri, también rechaza el fallo.