La asociación de jueces Francisco de Vitoria, la segunda del sector en cuanto a afiliados, arremetió ayer contra la vía emprendida por PSOE y PP para alterar la Constitución sin referéndum previo. También la progresista Jueces para la Democracia (JpD) cargó contra la reforma, a la que considera una rendición de la política ante los mercados. Ambas asociaciones pidieron un referéndum.

Marcelino Sexmero, portavoz de la Francisco de Vitoria, subrayó que si la reforma 'no tiene el consenso de la mayor parte de grupos de las Cámaras, sería conveniente que al menos fuera sometido a la opinión de los ciudadanos mediante un referéndum'. La reforma, recalcó, 'supone una ruptura del modelo económico y, por tanto, un nuevo pacto'. Sexmero también interpreta la decisión de cambiar la Carta Magna como fruto de 'las presiones de los mercados y organismos internacionales como la UE'.

El portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, opinó en declaraciones a Público que, aun siendo discutible si jurídicamente se precisa un referéndum, 'razones de higiene democrática lo aconsejan, caso de que se opte por la vía de la reforma constitucional'. En un comunicado, JpD censuró que los dos partidos mayoritarios hayan propuesto una reforma 'por sorpresa, en periodo estival y de forma precipitada'. La nota critica con dureza que los mercados rijan la agenda política y que 'se banalice el valor y significado de la Constitución'.

La asociación mayoritaria, APM, no lanzó un pronunciamiento oficial pero su vicepresidente, José Manuel López, se declaró 'personalmente de acuerdo' con la reforma y en contra de un referéndum. 'Los temas económicos son difíciles de explicar', adujo en conversación con este periódico. Javier Varona, portavoz de la cuarta asociación en afiliados, Foro Judicial Independiente, cuestionó la premura de la reforma pero tampoco cree necesaria una consulta popular.