“¡Soy un confiado y un ignorante!”. Luis, colombiano de 34 años, se autoflagela con estas palabras tras descubrir el presunto engaño de la inmobiliaria que le vendió su casa hace dos años: “Pagué 210.000 euros y me dijeron que les diese un cheque de 80.000. Yo no sabía que era en negro. Ahora, que no puedo pagar el crédito y el banco me amenaza con quitarme la casa, he descubierto que en la escritura sólo pone 130.000 euros”. Además, la hipoteca de 1.400 euros está asfixiando a su familia, con unos ingresos de 2.300 euros.

Como él, otras 95 familias inmigrantes aseguran haber sufrido engaños de bancos e inmobiliarias o, simplemente, no poder asumir la subida de las hipotecas. Juntas buscan hacerles frente con el asesoramiento del abogado Gustavo Fajardo, de la Ong América-Europa, Solidaridad y Cooperación (AESCO), miembro del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, órgano consultivo del Gobierno.

Créditos, hipotecas y seguros

“Se aprovechan de la buena voluntad, ingenuidad o falta de conocimientos para imponerles créditos desmesurados, hipotecas imposibles e, incluso, seguros de desempleo a gente que no tiene derecho a cobrarlos por el tipo de contrato que tienen”, critica el letrado. Para minimizar el daño futuro, Fajardo propone un decreto que entregará este año al Gobierno y que recoge la creación de un Fondo de Garantía Hipotecaria, para ayudar al pago de los créditos.

Cancelaciones de urgencia

El número de inmigrantes que quieren cancelar sus hipotecas o reservas –a pesar de perder el dinero que habían adelantado– se ha multiplicado en los últimos meses en oficinas como la de la asociación de consumidores FACUA.

Rubén Sánchez, portavoz de la organización, demanda una reforma de la normativa hipotecaria: “El Gobierno ha permitido que se alarguen las hipotecas y es una buena noticia, pero beneficia más a la banca, que así puede cobrar intereses durante más años. Lo ideal sería que se pudiese paralizar la hipoteca y abaratar su traspaso a otra entidad bancaria con intereses más bajos. Pero eso no interesa a las grandes compañías”.

La voz de Luis se entrecorta al hablar de su hijo enfermo de cáncer y su mujer, que con frecuencia tiene que abandonar sus puestos de trabajo para atenderle. “Si quieren llamar a un juez, que le llamen, pero no pienso dejar de comer para pagar a unos estafadores”.