Con 58.241 expedientes de desahucios procesados por los juzgados españoles en 2011, las manifestaciones, la resistencia civil frente a la Policía, las acciones de protesta o el respaldo de algunos políticos y juristas no han conseguido que ni el Gobierno socialista ni el actual conservador atiendan a la principal petición de los afectados, la dación en pago.

Por eso, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) junto con sindicatos, entidades sociales y vecinales han elaborado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que el Congreso regule la dación en pago con efectos retroactivos, parar los desahucios y establecer alquileres sociales.

La ILP, que se ha presentado esta mañana en Barcelona, ha sido impulsada por la PAH, la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Catalunya, los sindicatos UGT y CCOO, el Observatorio DESC (Derechos Económicos Sociales y Culturales) y la Confederación de Asociaciones de Vecinales de Catalunya (CONFAVC).

Los promotores de la iniciativa, aceptada por la mesa del Congreso, tienen de plazo hasta el 31 de octubre para recoger un mínimo de 500.000 firmas, aunque los impulsores esperan que sean millones 'porque se trata de un clamor popular para parar esta barbarie', ha señalado la portavoz de la PAH, Ada Colau.

Entre 2007, cuando se inició la crisis y explotó la burbuja inmobiliaria, y 2011, se han producido 349.438 ejecuciones hipotecarias en España, y son las comunidades de Andalucía, Catalunya y la Comunidad Valenciana, las más afectadas.

Los impulsores de la ILP quieren cambiar una legislación hipotecaria que han calificado de 'anómala y perversa' y han recordado que esta modificación ya se está reclamando desde los ámbitos judiciales, con sentencias que favorecen a los inquilinos que no pueden pagar las hipotecas, o desde los ayuntamientos, que están aprobando mociones en este sentido.

Los promotores ven que la actual legislación es 'anómala y perversa'  La ILP, que sólo se refiere a la vivienda habitual, quiere 'frenar las condiciones abusivas y la especulación de la vivienda que han hecho las entidades financieras', ha dicho el secretario general de UGT en Catalunya, Josep María Álvarez, durante la presentación de la iniciativa, a la que han asistido decenas de afectados que han perdido su vivienda. 

Àngels Guiteras, la presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña, que agrupa a casi 4.000 entidades sociales, ha explicado que la dación en pago que proponen sólo será para la vivienda habitual y que el alquiler social que debe sustituir el desahucio no deberá ser superior al 30 % de los ingresos de la familia.