Han pasado 20 días desde que el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, presentara un recurso de súplica ante el auto de admisión a trámite de la querella por prevaricación contra el juez Baltasar Garzón en el caso de las intervenciones telefónicas del caso Gürtel. Sería desafiar la lógica pensar que la fiscalía albergaba expectativas de admisión sobre su súplica. Porque este tipo de recursos suelen serdesestimados.

Pero, mira por dónde, precisamente en esta querella, que supera de lejos el objetivo inmediato de acabar con el juez Garzón, proyectándose como un arma de destrucción masiva del sumario Gürtel, la fiscalía cree, según fuentes fidedignas, que la sala puede aprovechar su recurso de súplica como una oportunidad para acotar o delimitar el ámbito preciso de las actuaciones a investigar.

Los acusados y los políticos salpicados por este casovan a por todas

En su informe previo a la admisión de la querella y en la súplica del pasado 1 de marzo, Martín-Casallo advertía que la deformación de los hechos sumariales realizada por la defensa de los acusados en el caso Gürtel era tal que 'confirman la intención del que-rellante [Ignacio Peláez, abogado del acusado José Luis Ulibarri] de obtener fraudulentamente una resolución en un tribunal distinto de aquel que tiene conocimiento pleno e inmediato de los hechos [el Tribunal Superior de Justicia de Madrid] tomados en consideración para la práctica de las distintas actuaciones judiciales'.

Martín-Casallo se quedó corto. Los acusados y los políticos que se ven salpicados por este caso van a por todas y en todos los tribunales. Por tanto, siendo así que la querella en el Tribunal Supremo es un intento de 'obtener fraudulentamente' aquello que los acusados no habían logrado durante la instrucción del juez del TSJ de Madrid Antonio Pedreira, el objetivo es una ofensiva conjunta con efectos recíprocos al mismo tiempo en el TSJ de Madrid y el Tribunal Supremo. La admisión de la querella lanzó, de hecho, más allá del deseo de los cinco magistrados de la sala, una señal al TSJ de Madrid, abocado en estos momentos a decidir sobre recursos de contenido parecido contra las resoluciones del juez Pedreira (¡que no incluyen la acusación de prevaricación, claro, porque, como todos sabemos, este es un delito que Garzón detenta en exclusiva!).

El TSJ podría apostar por la vía de en medio: anular en parte las escuchas

Si se sigue al teniente fiscal, la pregunta es: ¿y qué va a decidir sobre la legalidad o ilegalidad de las intervenciones telefónicas 'el tribunal que tiene conocimiento pleno e inmediato de los hechos'? Fuentes judiciales estiman que el tribunal formado por el presidente del TSJ de Madrid, Francisco Vieira, y los magistrados Emilio Fernández Castro y José Manuel Suárez Robledano, intentan llegar a un acuerdo para declarar la nulidad parcial de algunas intervenciones entre los acusados y sus abogados, autorizadas por el juez Garzón después de declarar imputados a aquellos letrados implicados en presuntas operaciones de blanqueo de capitales. 'El TSJ de Madrid busca una resolución por consenso. Y parece que este se conseguirá con una anulación parcial', sostiene una fuente informada. En todo caso, las espadas siguen en alto.

En su escrito de súplica, el teniente fiscal Martín-Casallo advierte del propósito tan rentable como espurio de los acusados en su abuso de la doctrina del 'árbol envenenado' o del 'árbol podrido que todo lo contamina', quienes pretenden la nulidad de todas las intervenciones telefónicas, un primer paso para litigar a favor de una ilegalización de todas las actuaciones, la ilusión en el caso Naseiro bis. Pero, en todo caso, si lo que se quiere de verdad es proteger el derecho legítimo a la defensa, la fiscalía propone por así decir un 'mecanismo corrector': que el Tribunal de Justicia de Madrid, como órgano judicial competente, proceda a 'expurgar' de la causa aquellos pasajes de las grabaciones que puedan revelar estrategias de defensa de los acusados.