No hubo juicio. Milagros, la mujer que en 2008 se dirigió al colegio de su hija y agredió a una profesora de Ciencias Sociales, prefirió pactar y aceptar las acusaciones que le imputaban. Así que, ante la sentencia de conformidad, la jueza le impuso hoy una pena de dos años de cárcel, aunque no entrará en prisión por carecer de antecedentes penales. Milagros fue condenada por un delito de atentado en concurso, otro de lesiones y por una falta de amenazas. Además, deberá indemnizar a la víctima con 8.840 euros y no podrá comunicarse con ella en dos años.

Según consta en el escrito de la fiscalía, en 2008 Milagros acudió al Instituto Roger de Flor, en Barcelona, y sin mediar palabra 'se abalanzó' contra la profesora 'tirándole del pelo reiteradamente, arrancándole mechones de cabello, arrinconándola contra la pared, golpeándola y arañándola' al tiempo que la insultaba y le decía: 'Te mataré'. La víctima necesitó de terceras personas para poder escabullirse de la madre agresora y 'refugiarse en el centro escolar'.

A la salida del juzgado, el abogado de Milagros, Ricard Esteban, mostró su desacuerdo con la sentencia porque el delito de atentado sólo tiene lugar cuando la víctima es una autoridad, y 'no en el caso de que se trate de un funcionario público'. Sin embargo, admitió que fue su cliente quien decidió pactar. Inicialmente, tanto el ministerio público como la acusación particular, pedían tres años de cárcel, una pena que implicaba el ingreso en prisión, aún sin tener antecedentes penales.

El sindicato de profesores ANPE mostró su satisfacción por una sentencia que le pareció 'muy importante', ya que la jueza ha considerado la agresión a un maestro en el ejercicio de sus funciones como un atentado en concurso. 'Juicios como el de hoy ponen en evidencia que una agresión a un profesor es un hecho grave, que atenta contra el derecho de educación', señaló ANPE.

La protección penal de los docentes y los médicos se reforzó en 2006, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dictó una instrucción en la que instaba a sus fiscales a tipificar como delito de atentado castigado hasta con cuatro años de cárcel, cualquier agresión a los profesionales de la educación y la sanidad.

Ni la acusada ni la víctima quisieron hoy hablar a los medios de comunicación, que aguardaban a las puertas del juzgado. De hecho, la profesora, que permaneció sentada en los bancos reservados para el público mientras la jueza dictaba sentencia, salió de la sala con lágrimas en los ojos y arropada por amigos. Después de sufrir la agresión, necesitó tratamiento psiquiátrico.