El Gobierno de Susana Díaz ha respondido de inmediato al requerimiento del Ministerio de Hacienda que advertía de una supuesta desviación de la regla de gasto en Andalucía y reclamaba ajustes adicionales para cerrar el ejercicio 2017 dentro del objetivo del 2,1% fijado por el Ejecutivo central.

Del análisis de los datos de ejecución presupuestaria, el departamento de Cristóbal Montoro deduce que Andalucía se ha desviado hasta el 2,8% “poniendo en riesgo” el cumplimiento de la regla de gasto y, por tanto, ha exigido “medidas correctivas antes del presente ejercicio presupuestario”. La Junta ha rechazado de plano los cálculos de Hacienda y teme que Montoro esté tratando de extrapolar a las comunidades la fórmula que aplicó hace una semana al Ayuntamiento de Madrid, al que intervino sus cuentas por incumplir la regla de gasto.

El ministro envió esa carta el pasado 5 de diciembre y su remitente en Andalucía, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, le respondió de inmediato asegurando que esta región “cumple de sobra” la regla de gasto. Andalucía, dice la carta de respuesta, no puede aprobar gastos extras antes del 31 de diciembre ni tampoco aplicar los nuevos ajustes que pide el ministerio por la sencilla razón de que adelantó el cierre de su ejercicio presupuestario al 30 de noviembre.

Una semana antes de que el ministro enviara la carta a 10 comunidades alertando del desvío de la regla de gasto en sus territorios, Andalucía ya había cerrado las cuentas para garantizar el cumplimiento de los mecanismos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. A partir de la fecha del cierre presupuestario, ninguna consejería puede presentar un compromiso nuevo de gasto y el ahorro estimado ayudará a la Junta a cumplir con el objetivo de déficit y el resto de reglas de consolidación fiscal.

La consejera andaluza ha aprovechado la carta de Montoro para exigir al ministro que le explique qué fórmula utiliza para computar la previsión de cumplimiento de la regla de gasto en las comunidades, un sistema que Andalucía ya denunció como “poco transparente” en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Montero acusa al ministro de Hacienda de haber imputado a Andalucía más de 700 millones de euros de gasto el año pasado que no estaban computados en los Presupuestos autonómicos de 2016. Los interventores de la Junta, que velan por el uso del dinero público, también acudieron a la Intervención General para conocer el origen de ese repentino desvío en las cuentas andaluzas. La conclusión a la que llegaron es que hay una parte del gasto del Estado en I+D+i que el Gobierno está repartiendo en el cómputo de deuda de las comunidades.

Andalucía asegura haber cumplido el plan de equilibrio financiero que aprobó el Consejo de Política Fiscal y Financiera antes del verano, cuando el Gobierno le acusó de estar “incumpliendo la regla de gasto”. Ha cumplido con el objetivo de déficit los dos últimos ejercicios y también con el periodo medio de pago a proveedores.

Estos dos mecanismos recogidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria tienen una metodología de cálculo transparente, no así el método con el que se calcula la regla de gasto que es “muy opaco”, según Montero. Hace un año el Gobierno acordó con las comunidades crear un grupo de trabajo para aclarar la metodología de cálculo para la regla de gasto, pero hasta ahora nunca se ha reunido.

La regla de gasto es un corsé que impone la Ley de Estabilidad Presupuestaria a las administraciones y que les impide aumentar el gasto público más allá de una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía española. Sólo es posible superarla en el supuesto de que ese exceso se compense con aumentos de ingresos de carácter permanente. Para 2017, este procedimiento impide que el gasto público crezca por encima del 2,1% interanual.

El pasado mes de junio, el Gobierno central ya exigió a Andalucía la presentación de una hoja de ruta a seguir para volver a la senda del cumplimiento de la regla de gasto en un plazo de dos años. La Junta replicó que dejaría la medida “en suspenso” hasta que Montoro aclarase “los datos con los que ha hecho el cálculo de la regla de gasto”. El Ministerio de Hacienda calculó que el gasto computable en el ejercicio 2016 para Andalucía ascendía a 22.466 millones de euros, “lo que supone un incremento del 5,3% en relación con el año anterior, superando, por tanto, la tasa de referencia de crecimiento del Producto lnterior Bruto (PIB) de medio plazo de la economía española, calculada para el ejercicio 2016 en el 1,8%”.

No es la primera vez que el Gobierno andaluz manifiesta sus discrepancias con Montoro en materia de estabilidad presupuestaria. La Junta ya acusó al Ejecutivo central de querer cortar el acceso a la financiación con un tipo de interés del 0% a través de los fondos de facilidad financiera. Montero calculó que esto tendría un impacto de 131 millones en las cuentas andaluzas.