La mayor parte de las defensas de los jóvenes condenados por agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Altsasu (Navarra) en octubre de 2016 han pedido la recusación de los magistrados de la Sala de la Audiencia Nacional que revisará la sentencia, que les condenó a penas de entre 2 y 13 años de prisión.

En un comunicado, las defensas argumentan su petición de recusación por una resolución de la Sala de Apelación, del pasado 1 de octubre, en la que se anuncia a las defensas que dos de los tres magistrados que la componen -Jose Ramón Navarro y Eloy Velasco- fueron condecorados por la Guardia Civil, lo que, según afirman, "no es motivo de abstención".

Se da la circunstancia de que las defensas ya pidieron la recusación de la jueza Concepción Espejel, del tribunal que juzgó los hechos, por, precisamente, haber sido condecorada también por la Guardia Civil -además de por estar casada con un coronel de dicho cuerpo-, si bien fue inadmitida por considerar que fue presentada "fuera de plazo".

De esta forma las defensas creen que "la Sala ha anticipado cuál va a ser su respuesta a dicho planteamiento, al advertir que, a su juicio, recibir una condecoración de la Guardia Civil no es motivo bastante para abstenerse en este proceso".

Así, creen que "la propia Sala de Apelación está admitiendo su propia falta de neutralidad para resolver esta cuestión", pues "antes del examen de los argumentos de la defensa ya se ha posicionado sobre uno de sus motivos del mismo".

A ello, añaden que la causa está vertebrada en base a informes de la propia Guardia Civil, quien igualmente está presente en el proceso a través de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que ejerce la acusación popular, y de la Abogacía del Estado, acusación particular en representación de los dos guardias civiles agredidos. En sus escritos, los letrados destacan las declaraciones a medios de comunicación de Eloy Velasco, como ejemplo de su "parcialidad".

Se refieren a las palabras de Velasco que pronunció en noviembre de 2017 en unas jornadas organizadas por Covite (quien también ejerce la acusación popular en este caso), en las que alertaba del peligro de los jóvenes de la disidencia de ETA ya que aunque veía difícil la vuelta a la confrontación estimaba que "dentro de poco van a salir a la calle activistas fuertemente ideologizados".

Mientras que las otras declaraciones que ponen en entredicho se realizaron el pasado marzo, cuando dijo que la Audiencia Nacional tenía más conocimiento del fenómeno del terrorismo, lo que explicaba la discrepancia entre esta y la Audiencia Provincial de Navarra, "quien descartó que el caso Altsasu pudiera ser enjuiciado como terrorismo, como finalmente sucedió", un hecho que incluso Amnistía Internacional condenó.