La Junta de Gobierno de Madrid ha aprobado este jueves un acuerdo para municipalizar el servicio de bicicletas eléctricas, Bicimad. De esta forma, según ha comunicado la portavoz del Ejecutivo madrileño, Inmaculada Sanz, el Ayuntamiento asumirá la gestión directa a través de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) tras ocho años de gestión privada.

Las razones esgrimidas desde el Consistorio son la necesidad de acelerar la ampliación el sistema y llegar a los 21 distritos de la capital, además de obtener mejores resultados económicos. Bicimad se encuentra actualmente adscrito a un contrato privado con la empresa Bonopark que fue redactado en 2013 y que culmina en 2025. Dicho contrato impedía que el servicio pudiera expandirse a todos los barrios de la ciudad, pues se limitaba a un mínimo de estaciones que fue alcanzado en diciembre de 2020, cuando se incorporaron 50 bases de carga nuevas.

El Ayuntamiento de Martínez-Almeida espera ahorrar entre 30 y 35 millones de euros en la próxima década gracias a esta medida. La decisión, no en vano, debe someterse aún a información pública durante un periodo de 30 días en el que la sociedad civil y afectados podrán presentar alegaciones. Después, la Junta dará luz verde a la municipalización de manera definitiva.

El servicio de Bicimad comenzó a operar en 2014 con 1.560 bicicletas y 120 estaciones. Desde entonces esta forma de transporte ha pasado por altibajos y ha conseguido expandirse a duras penas hasta su máximo. Actualmente hay 2.964 bicicletas repartidas en 258 estaciones en 15 distritos. Es decir, aún hay siete barrios de la capital que no cuentan con acceso a la red de bicicletas públicas. Con esta medida se espera llegar a todos los distritos y alcanzar las 7.500 bicis con 620 estaciones de carga, según ha informado el Área de Movilidad y Medio Ambiente. 

La creación de una red de bicis públicas fue sondeada por primera vez durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón, pero la crisis económica de 2008 echó por tierra cualquier avance. Finalmente, fue Ana Botella quien materializó una reforma que pretendía alinear la capital con el resto de grandes ciudades europeas. Sin embargo, la alcaldesa conservadora lanzó el servició ya privatizado, con un contrato que rondaba los 20 millones y que permitía a Bonopark gestionar todo el servicio. 

La vía de la municipalización fue abierta en 2016 por el Gobierno de Manuela Carmena, que pagó cerca de 10 millones a Bonopark para que cediera a EMT la gestión de parte de los servicios, lo cual fue criticado abiertamente por un Almeida que, entonces, lideraba la oposición. Este rescate fue revertido con la llegada del PP al poder, lo que ha supuesto el declive paulatino de los servicios, según las constantes denuncias de los sindicatos.

Y es que, el incremento de usuarios de Bicimad no ha ido acompañado de inversiones para mejorar los servicios y ajustarlos a la demanda. Tanto es así que el número de unidades disponibles ha llegado a caer un 14% en 2021, en parte debido a la falta de renovación del personal. Los sindicatos denunciaron entonces que, mientras las estaciones y las bicis se multiplicaban, el número de empleados seguía estancado y sin poder dar a basto, lo cual ha dejado escenas de caos con cerca de mil unidades acumuladas en los talleres y estaciones vacías. 

Con la municipalización del servicio el Ayuntamiento reconoce lo que sindicatos y oposición llevaban denunciando meses: la gestión privada era incompatible con la ampliación de los servicios.