La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de las autonomías del PP que han mostrado su negativa a aplicar la ley del aborto y ha asegurado que en el caso de que éstas no rectifiquen, el Gobierno 'pondrá en marcha todos los mecanismos jurídicos' para hacer efectiva la norma.

Así se ha pronunciado hoy Aído en declaraciones a los periodistas en la sede de su Ministerio, en respuesta a las comunidades de Navarra y Murcia que se han posicionado en contra de la aplicación de la ley del aborto en sus territorios justo el día, ayer, en que entró en vigor.

La ministra de Igualdad ha calificado la actitud de los gobiernos de estas autonomías de 'irresponsable' y ha esperado que el presidente del PP, Mariano Rajoy 'ponga orden en su partido' porque, a su entender, este comportamiento 'es más propio de un partido marginal y antisistema' que de una formación política que 'tiene aspiraciones de Gobierno'.

Aído ha afirmado que en democracia 'no hay nadie que esté por encima de la ley' y ha asegurado que esas Comunidades 'han iniciado un camino que van a tener que desandar'. Así las cosas, la titular de Igualdad ha subrayado: 'llamamos a la responsabilidad en primer lugar, esperemos que se rectifique, y pondremos en marcha todos los mecanismos jurídicos en el caso de que no sea en el modo en el que esperamos que se haga efectivo el cumplimiento de la ley'.

Asimismo, la titular de Igualdad ha lanzado un mensaje 'de tranquilidad' a las ciudadanas de Navarra y Murcia porque ha recalcado que la norma se ha aprobado después de mucho tiempo de trabajo y esfuerzo conjunto para que pueda garantizarse la prestación sanitaria en todas las autonomías.

En democracia 'no hay nadie que esté por encima de la ley', dice Aído

En cuanto a la aprobación de crear de un registro de médicos objetores de conciencia por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, la ministra ha señalado que la objeción 'está perfectamente descrita' en la ley del aborto y 'es un derecho individual previo y por escrito'.

Además, ha añadido que corresponde a las Comunidades Autónomas establecer los mecanismos que garanticen la objeción de conciencia y hacerlos compatibles con el derecho a la prestación sanitaria por parte de las ciudadanas.

En cuanto a los recursos ante el Tribunal Constitucional del PP, del Gobierno de Navarra y de varias asociaciones, encabezadas por el Centro Jurídico Tomás Moro, Aído ha estimado que éstos están en su 'legítimo derecho' de hacerlo. No obstante, ha vuelto a reiterar el pleno convencimiento del Ejecutivo en la constitucionalidad de la ley.

Otro de los organismos que ha reaccionado a ha sido el Gobierno andaluz. El Ejecutivo autonómico ha advertido a las comunidades de Murcia y Navarra de que sería 'infame' negarse a aplicar la nueva Ley del Aborto y les ha recordado que el Boletín Oficial del Estado (BOE) 'no es un menú a la carta'.

'Es una ley preventiva dirigida a prevenir los embarazos no deseados'

Andalucía aplicará la reforma de la Ley del Aborto porque está 'plenamente en vigor', ha asegurado hoy en rueda de prensa la consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Moreno, que ha recordado que es lo que la Junta hace con todas las leyes 'nos gusten más o menos'.

'La ley no debe simplificarse; es una ley preventiva dirigida a prevenir los embarazos no deseados y que apuesta por la educación sexual y da más garantías a las mujeres', ha esgrimido, y ha rechazado las posiciones de los que la quieren simplificar en una 'determinada dirección'.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha recordado que todas las Comunidades que 'están sometidas al imperio de la ley' y deben cumplir la nueva legislación sobre el aborto e instó al PP a no 'incentivar un Estado en el que cada Comunidad decide qué ley cumple y de qué manera'.

En declaraciones en el Senado, la ministra añadió que por este motivo es sólo 'un desideratum' el anuncio de algunos dirigentes del PP de que no aplicarán la ley. 'Ha entrado en vigor y la tienen que cumplir', insistió, sin querer precisar qué puede hacer el Ministerio para obligarlas a ello. 'Si hay una inmensa mayoría de Comunidades Autónomas que han preparado todo para cumplir la ley, ¿por qué no van a cumplirla otras?', inquirió la responsable de Sanidad.

'La ley obliga a todos y todos deben cumplirla con exactitud'

Trinidad Jiménez reconoció que de forma 'excepcional' una Comunidad puede trasladar a otra un caso 'porque no puede dar la prestación que la mujer requiera en un momento preciso', pero subrayó que la ley es de obligado cumplimiento. Este ha sido hasta ahora el caso de Navarra, que no practica abortos asegurando que todos sus médicos de la red pública son objetores, pero que paga la cobertura de esta asistencia en otra CCAA.

'No podemos incentivar, como está haciendo el PP, un Estado en el que cada Comunidad Autónoma decide qué ley cumple y qué ley no, de qué manera cumple y de qué manera no cumple. La ley obliga a todos y todos deben cumplirla con exactitud', reiteró.

La ministra de Sanidad aseguró por último que considera suficienemente protegida la objeción de conciencia de los médicos, que han podido acogerse a ella sin problemas cuando lo han considerado necesario, en aplicación de una 'importante' sentencia del Tribunal Constitucional. Descartó por ello una regulación general.

'No hemos visto la necesidad de un desarrollo reglamentario porque está perfectamente claro que los profesionales que quieren acogerse a esa cláusula de conciencia pueden acogerse a ella sin ningún tipo de problema', concluyó.