El 1 de abril, el Gobierno de Esperanza Aguirre dio un tijeretazo al servicio de traductores que hay en los centros de primera acogida para menores de edad, según denunció ayer a este diario el sindicato UGT. Estos espacios dan cobijo a chicos españoles y extranjeros (rumanos y marroquíes, en su mayoría) no acompañados o en situación de especial vulnerabilidad. El recorte ha reducido, de 273 horas semanales a ocho, el tiempo que los chicos tienen a su disposición a los intérpretes, según el responsable del sindicato en el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), Alberto Sánchez Paule, que critica que el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid 'está reduciendo el gasto social atacando a los sectores más débiles'.

Pero la reducción no afecta sólo al número de horas, sino también a las funciones de los intérpretes. Hasta la semana pasada, trabajaban un total de siete mediadores-traductores, que también acompañaban a los menores que no hablaban castellano al médico, al consulado o a contactar con sus familias para avanzar en su documentación, por ejemplo. Los únicos dos traductores que quedan ahora trabajan cuatro horas semanales cada uno, según UGT.

La mayoría de los chicos internados son marroquíes y rumanos

La Consejería de Familia y Asuntos Sociales, sin precisar si ha habido una recolocación de los trabajadores, se defendió ayer asegurando que no se ha despedido a ningún empleado y que el servicio sigue activo, 'sin variaciones'. No obstante, precisó que el perfil de los menores y sus necesidades en los últimos años 'han cambiado'.

'La Comunidad de Madrid no echa directamente a los traductores, sino que no renueva el contrato con la empresa subcontratada. Es la trampa dialéctica que utiliza', denuncia la responsable de la Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid, Eva López Simón. Antes, a estos centros llegaban hijos españoles de familias desestructuradas, de presos... pero ahora la mayoría son hijos de inmigrantes o menores que han llegado a España sin sus padres. 'La Comunidad les da cursos de español, pero, tras los despidos, ya no tienen quién les ayude hasta que aprendan el idioma', denuncia la sindicalista.

La Comunidad de Madrid asegura que no ha despedido a ningún trabajador

Una vez que los chicos extranjeros han pasado por estos espacios de primera acogida (están separados en centros para mayores y menores de 14 años), pasan al Centro de Adaptación Cultural y Social (CACYS) Manzanares. A diferencia de los centros de primera acogida, tras la reforma, 'este centro ha quedado sin servicio de traducción', denuncia Sánchez Paule.

Por otra parte, el Informe anual 2010 que presentó el Defensor del Pueblo el miércoles pasado denunció 'la actitud poco colaboradora' que tuvo el año pasado el IMMF, una de las únicas dos instituciones del país que 'entorpeció' las tareas del Defensor para documentar las denuncias recibidas. Además, el informe criticó los internamientos de inmigrantes menores de edad que se realizaron en España el año pasado en centros para adultos, basados en la simple sospecha de que su documentación podría ser falsa.