Esperanza Aguirre mantiene vivas sus posibilidades de victoria final en la guerra de poder que libran en Caja Madrid los dos sectores del PP madrileño, a pesar de la irrupción del Gobierno en la batalla, con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cajas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid tendrá que esperar a que se pronuncie el Constitucional para laminar a Alberto Ruiz-Gallardón en los órganos de control de la caja, pero mantiene prácticamente intactas sus posibilidades de deshacerse del actual presidente de la entidad, Miguel Blesa, y sustituirlo por alguien de su confianza política. Desde esta premisa, en el entorno de Aguirre se escenifica tranquilidad: 'No es una derrota en ningún caso'.

El proceso electoral abierto en Caja Madrid sigue adelante, según confirmaron a Público fuentes de la Comunidad. La renovación de la cúpula de la entidad se regirá por la nueva Ley de Cajas, vigente desde enero, excepto en las fórmulas que ponderan el peso de las corporaciones municipales en la Asamblea General de Caja Madrid, cuya constitucionalidad cuestiona el Ejecutivo.

El recurso suspende la renovación de los representantes municipales en la Asamblea, integrada por 320 consejeros, de los que 100 representan a los ayuntamientos. La nueva ley reducirá su peso a 80 representantes.

Los artículos cuestionados limitan la representación en la entidad de los ayuntamientos cuyo control escapa al poder de Aguirre. Para calcular su peso, la nueva Ley de Cajas tiene en cuenta la proporción entre la población y el importe de los depósitos que los clientes mantienen en estos municipios.

Así, el Ayuntamiento de Madrid pasa de 70 a 24 consejeros según la nueva ley, al acordar Aguirre un límite máximo de representación del 30%, que ahora cuestiona el recurso. El texto introduce otros ejemplos que reflejan las desviaciones proporcionales que impone la nueva Ley de Cajas.

Barcelona, con 81 sucursales, queda reducida a un consejero tenía 8, idéntica representación que Colmenar Viejo, que tiene cuatro oficinas. Otro municipio madrileño controlado por Aguirre, Majadahonda, refuerza su presencia con 14 consejeros aún teniendo menos depósitos que la Ciudad Condal y la octava parte de sucursales.

El recurso considera que la Ley de Cajas 'subvierte el principio básico de igualdad entre comunidades en proporción a la cifra de depósitos en ellas captados'. La nueva ley otorga a los ayuntamientos madrileños 76 de 80 representantes, el 95%, y al resto de comunidades cuatro consejeros, el 5%. Al aplicar un sistema de 'proporcionalidad estricta', a Madrid le corresponderían en realidad 55 representantes (el 68,7%) y al resto de territorios 25 (el 31,25%).

El líder del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, se reunirá este martes con Esperanza Aguirre para abordar la crisis institucional de Caja Madrid. El recurso presentado ayer obliga al PSOE y al PP a acelerar la negociación de una salida que permita renovar la dirección de la entidad, algo que admiten socialistas, conservadores y también la Comunidad de Madrid, y evitar así una larga interinidad de la actual cúpula gobernando la entidad en funciones.