La abogada Arantza Zulueta, alias Bixer, es el único miembro del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, en sus siglas en euskera) que ocupa la cárcel de mujeres de Cáceres. Allí no podrá mezclarse con los etarras a los que ha defendido durante años y a los que, según la Guardia Civil y la Audiencia Nacional, pretendía mantener controlados por orden de ETA.

La operación contra la estructura Halboka, que la banda utilizaba para seguir imponiendo su doctrina en el frente de makos (cárceles), es considerada por los expertos uno de los golpes de mayor importancia estratégica que se ha dado a la organización terrorista en su historia. Los arrestos culminaron una investigación de años sobre el doble papel de los abogados que defienden a los presos de ETA y, de paso, acabaron con uno de los obstáculos a los que se enfrentaba la estrategia puesta en marcha por Interior desde el final de la tregua, destinada a avivar las disensiones en el colectivo de presos.

La operación contra Halboka cortó el flujo de directrices de la banda a su grupo más numeroso y más desencantado, el de los presos, que suma casi 800 miembros entre España y Francia. Ese número es ocho veces superior al de miembros de ETA que aún se esconden en Francia y de los que, en todo caso, sigue dependiendo la declaración de una tregua o la comisión de atentados terroristas.

Tradicionalmente, a cada caída del líder de un aparato de la banda le sustituía otro de inmediato. El arresto de Mikel Carrera Sarobe, Ata, el pasado día 20 de mayo, habrá provocado ya el ascenso hasta la jefatura del aparato militar de otro etarra, cuyo nombre la policía aún desconoce y que no será el que estaba llamado a ello, puesto que Arkaitz Agirregabiria fue detenido en la misma operación. Ata era el ideólogo de la línea que impuso Txeroki a favor de romper la anterior tregua e imponer un ritmo fuerte o alto de atentados. Pero independientemente de la capacidad de regeneración de la banda, los golpes que viene recibiendo en los últimos meses la debilitan ante el entramado social y político que la apoyaba.

Ese sector de la población vasca le ha dicho claramente que los atentados ya no son una estrategia útil para conseguir sus objetivos políticos y que, de hecho, van en contra de su consecución.

Los expertos policiales dedicados al denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) tienen claro que el debate desarrollado por las bases de Batasuna y que ha concluido en la apuesta por un proceso 'sin violencia' jamás se hubiera dado si ETA, en lugar de preocuparse por escapar del acoso policial, pudiera haber dedicado tiempo y esfuerzo a controlar a sus bases, consternadas por la decisión de la banda de romper la última tregua.

La operación contra los abogados de los presos resulta clave en esta estrategia

Los últimos movimientos en este sentido fracasaron a finales del pasado año. El ideólogo de la oficina política hasta su detención en abril de 2009, Ekaitz Sirvent, había diseñado una estrategia para renovar el control de la banda sobre el entramado político, bajo la denominación de Bateragune (que significa todos juntos, en euskera).

Durante el desarrollo de ese proyecto, los líderes de la izquierda abertzale intentaron sacudirse el férreo control de ETA, pero antes de lograrlo fueron detenidos. Ya habían dejado redactada una ponencia a favor de otro 'proceso sin violencia', que la banda intentó anular con la distribución de un texto alternativo denominado Mugarri (hito, en euskera). En este documento insistía en atribuir a ETA el papel de vanguardia del MLNV, situando la violencia como el principal medio para obtener territorialidad y autodeterminación. Mugarri no llegó a debatirse entre las bases y la situación de debilidad de ETA quedó retratada. Desde la cárcel, Arnaldo Otegi y sus colaboradores siguieron insistiendo en la necesidad de cambiar de estrategia sin atreverse aún a pedir un alto el fuego a ETA.

Al poco, los cabecillas de la ilegalizada organización juvenil de la izquierda abertzale Segi fueron detenidos en una redada con 35 arrestos. Habían sido de los pocos a los que la banda terrorista había podido hacer llegar Mugarri. El sector más partidario de continuar con la violencia, la organización que nutre a ETA de nuevos militantes, perdía así a sus líderes. No era sino la culminación de otra pata de la estrategia de Interior nacida tras la ruptura de la tregua y que consistía en continuas redadas contra grupos de kale borroka, distribuidos por comarcas de País Vasco y Navarra, y que Segi coordinaba y dirigía.

Con esas operaciones, dijo Interior en su momento, se dificultaba el suministro de savia nueva a la banda y se acababa con la impunidad de la que parecía gozar la kale borroka. Con la macrooperación de noviembre se quitó también de en medio a los cabecillas del grupo más proclive a continuar con la violencia.