Los 24 activistas procesados por los altercados de febrero de 2002 en el Rectorado de la Universidad de Sevilla durante una protesta contra la Ley Orgánica de Universidades (LOU) impulsada por el entonces Gobierno del PP han sido absueltos por el juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla. Estaban acusados de un delito de desórdenes públicos, otro de daños y de una falta por lesiones.

El fallo, al que ha tenido acceso Público, llega casi diez años después de producirse el conocido como asalto al Rectorado, en el que un grupo de personas, en su mayoría estudiantes, irrumpieron en la Junta de Gobierno de la Hispalense tras una concentración contra la LOU, destrozando a su paso varias puertas. Las detenciones tras aquel episodio marcaron el principio del fin de la lucha contra la LOU y situaron en la picota al entonces pujante movimiento estudiantil sevillano. Cinco de los estudiantes fueron expulsados de la Universidad.

La sentencia, que señala que hubo 'algo más que meras deficiencias' en la identificación de los detenidos, recoge que aunque los altercados y daños se produjeron y los acusados participaron en una asamblea en la sala de juntas tras los incidentes, 'tal circunstancia no les hace por sí partícipes de un delito de desórdenes ni daños'. Así lo pretendía la Fiscalía, que solicitó una condena de cuatro meses de prisión para cada uno de los acusados y el pago de 37.924 euros por la rotura de las puertas, que tenían siglos de antigüedad. Según la sentencia, tampoco existió alteración de la paz pública (requisito para un delito de desórdenes), puesto que la actividad universitaria siguió con normalidad.

La Universidad, aunque finalmente se retiró como acusación, llegó a solicitar en su día hasta cuatro años de prisión y más de 60.000 euros para los procesados. La Hispalense expulsó además a cinco de ellos tras el asalto. Luis Ocaña, uno de los abogados de la defensa, anunció ayer a este diario que emprenderá en los tribunales una reclamación patrimonial contra la Universidad.

La sentencia especifica que no existen “elementos de juicio suficientes” que permitan determinar que los procesados “sean las mismas personas a las que procedieron a identificar los investigadores”, lo que pone de manifiesto “algo más que meras deficiencias en la identificación”. El fallo supone un varapalo para la actuación policial tras el polémico asalto.

La Brigada de Información de la Policía Nacional, dirigida entonces por el actual concejal de Seguridad de Sevilla, Demetrio Pérez (PP), fue la encargada de reconocer a los participantes en la protesta que luego fueron detenidos. Para ello se utilizaron imágenes y fotografías de medios de comunicación. La sentencia recoge varios fallos “a pesar de que algunos de los policías aseguraron en el juicio que los errores eran del cero por ciento”.

La forma de identificación, que consistió en enseñar imágenes a diferentes testigos, “pone en cierto modo en tela de juicio la objetividad necesaria a la hora de efectuar el reconocimiento”, según la sentencia.