La CUP dio el salto de la política catalana a la estatal en las elecciones del 10 de noviembre. Sus dirigentes entendieron que "ya bastaba de hablar de la izquierda catalana independentista sin la izquierda catalana independentista". Sus dos diputados, Mireia Vehí y Albert Botran, llegaron al Congreso con un programa de "ruptura con el Estado", contra la monarquía y con el objetivo de "servir de caja de resonancia al conflicto que se vive en Catalunya".

Vehí (Vilafant, Girona, 1985) ha sido durante estos primeros meses de legislatura la voz principal de una formación que practica la portavocía rotatoria en la Cámara Baja (en la actualidad el portavoz es Botran). La mayoría de sus intervenciones se han centrado en cumplir ese objetivo de servir de caja de resonancia al conflicto catalán, pero también ha protagonizado intervenciones en defensa de la despenalización de la eutanasia o de un feminismo "que no se quede en lo teórico y, que si habla de la prostitución, cuente con las trabajadoras sexuales, huya de debates teóricos y haga que se hable de derechos y de su día a día".

Los diputados de la CUP votaron en contra de la investidura de Pedro Sánchez y del techo de gasto aprobado en el Congreso la pasada semana. Durante esta entrevista, Vehí advierte de que los Presupuestos no van a ser una excepción y se pregunta "qué progresismo va a haber si no se cuestiona la reforma laboral y no se toca la monarquía". La portavoz de la formación catalana aborda, entre otras cuestiones, los objetivos de la CUP, la legislatura en el Congreso, la mesa de diálogo entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno y las diferencias de las derechas y las izquierdas catalanas con las del resto del Estado. "No hemos venido a la política para hacer amigos ni para hacer gestos", advierte.

Ustedes se presentaron a las elecciones del 10-N defendiendo que "desde el Congreso no se ganan derechos". Después de 3 meses y con la admisión a trámite de leyes como la de la eutanasia, ¿han cambiado de opinión?

Seguimos manteniendo esa cuestión porque entendemos la política bastante más allá del ámbito institucional. Entendemos que si ahora hay una mesa de diálogo entre el Gobierno catalán y el español es porque la gente ha hecho política desde la calle. Si el Gobierno español ha accedido a sentarse en esa mesa es porque la gente ha exigido que se sienten a hablar, no porque el PSOE haya sumido su papel de partido progresista, ni tampoco porque el Gobierno catalán haya entendido que hay un margen para hacer un referéndum, por ejemplo. Entendemos que ahora uno de los derechos principales que hay que conseguir es el de autodeterminación, y ahí no hay mayoría posible que lo pueda garantizar (en el Congreso). Eso no implica que nosotros no hagamos política institucional en esos aspectos en los que consideramos que se pueden conseguir avances para las clases populares de nuestro país, como es el caso de la ley de eutanasia. Es un derecho que hace tiempo que debería estar garantizado y nuestra obligación es facilitarlo.

Si el denominado Gobierno de progreso decidiera tumbar la reforma laboral en su totalidad o nacionalizar Repsol, nosotras seríamos las primeras en votar a favor. La institución es un terreno de juego donde las clases populares siempre pierden porque la normativa, las dinámicas e incluso la legislación vigente normalmente siempre juegan en contra. Se puede hacer política institucional si en la calle hay un contrapoder organizado y si tenemos institucionalidad propia. Con la legislación actual es muy difícil que un alcalde o alcaldesa pueda garantizar el acceso a la vivienda. La forma de garantizar vivienda es que el ayuntamiento asegure que el movimiento popular puede hacer todo lo que esté en su mano para garantizar vivienda, porque desde la institución no se puede. La institución nunca puede estar separada de lo que pase en la calle.

¿Ven la mesa de diálogo entre el Govern y el Gobierno como un paso positivo para la resolución del conflicto? Antes de esta propuesta estaban todos los puentes rotos entre ambas partes...

Que haya diálogo siempre es positivo, pero la mesa existe porque la gente en Catalunya, organizada y en las calles, ha exigido que exista. Sobre el recorrido, la mesa solo lo tendrá si garantiza el derecho de autodeterminación y la amnistía, que es lo que pide la gente. Hasta que el Gobierno español no resuelva de manera democrática el conflicto, es decir, con el derecho de autodeterminación y la amnistía, el problema no lo tiene Catalunya, donde la gente está dispuesta a movilizarse las veces que haga falta, el problema lo tiene el Gobierno, porque tendrá tanto recorrido como conflicto genere en Catalunya. Ninguna unidad territorial de un Estado puede pasar por encima de los derechos colectivos de un pueblo. La gente lo que quiere es votar y que paren de perseguirla políticamente por exigir el derecho de autodeterminación.

Tras la primera reunión de la mesa de diálogo, el presidente de la Generalitat aseguró que se había producido un diálogo "honesto y franco" ¿Cree que Torra ve posibilidades de alcanzar un acuerdo con el Gobierno a través de esta mesa?

Yo no sé qué piensa el señor Torra porque no estoy en su cabeza. Lo que sí tengo claro es que el hecho de que haya un diálogo honesto y franco no soluciona nada. La solución está en los hechos y en los derechos, y los derechos se llaman autodeterminación y amnistía. La fragilidad del Gobierno autodenominado de progreso va a ser altísima hasta que no haya una solución democrática en Catalunya. La reivindicación de los derechos colectivos de las catalanas no es una cuestión egoísta, va al corazón del Estado español y está directamente relacionada con los derechos de todos los pueblos del Estado español. Que a las catalanas se las persiga por exigir el derecho de autodeterminación empieza en Catalunya, pero acaba, si quisieran, en aplicar el delito de sedición a la gente que está parando desahucios. Si la desobediencia civil se castiga con tanta dureza, lo que está pasando es que Catalunya es un laboratorio represivo.

El análisis de la CUP es que hay que continuar organizadas ¿Qué hay que hacer ante esta mesa de diálogo? Continuar en la calle porque nos jugamos muchísimo. Si es la gente la que ha conseguido que el Gobierno se siente, será la gente la que consiga que haya derecho de autodeterminación y amnistía. Nos jugamos muchísimo, todos los derechos que pasen por la desobediencia civil. En ese sentido, el movimiento feminista ha sido una escuela para nosotras. Si las feministas no hubiesen desobedecido con el aborto hace 40 años, yo no podría abortar. La desobediencia civil ha sido siempre un pilar de consecución de derechos. La izquierda del Estado español tiene que entender que la batalla que se está dando en Catalunya es la batalla por la democratización del Estado.

¿Favorece la presencia de Unidas Podemos (y por extensión la de los comuns) en el Gobierno a la resolución del conflicto catalán?

Depende de lo que hagan. Si lo que hace Unidas Podemos es simplemente garantizar una estabilidad per se, pues no. En Catalunya los comuns están haciendo un papel que no favorece a la resolución del conflicto porque están apuntalando al PSOE. Están ridiculizando sistemáticamente todos los gestos del Gobierno catalán de desobedecer al español. Si Unidas Podemos está dispuesto a hacer valer su mirada en el Gobierno y esta apuesta por los derechos colectivos, favorecerán la resolución del conflicto. Es una decisión suya.

En las últimas semanas se habla del adelanto electoral en Catalunya y también de una alianza entre ERC y los comuns, con un apoyo (quizá externo) del PSC, para un Govern progresista ¿Cómo ve la CUP esta posibilidad en Catalunya? ¿Apostarían más por la unidad del independentismo, con ERC y JxCat?

Desde nuestra perspectiva, eso es una falacia ¿Qué ha pasado en estos últimos años en Catalunya con el procés? Que como la respuesta del Estado español ha sido constantemente la represión y la negativa, hasta los sectores más de derechas del independentismo catalán han emprendido una batalla contra el Estado. En nuestro país el eje ha girado muchísimo a la izquierda y, muchas veces, la derecha catalana está defendiendo tesis que están mucho más a la izquierda que tesis que defiende la izquierda española en relación al derecho de autodeterminación. Desde nuestra perspectiva, la consecución de los derechos sociales pasa por la consecución de los derechos nacionales. Nosotras queremos soberanía para hacer una ley de vivienda digna sin que el Tribunal Constitucional nos la tumbe; queremos soberanía para auditar la deuda sin que el Tribunal Constitucional nos lo impida.

La pregunta no es qué ve la CUP, la pregunta es qué harán los comunes ¿Están dispuestos a librar la batalla por la soberanía popular de nuestro pueblo contribuyendo a un Gobierno que plante cara al Estado? El Estado no es PSOE y Podemos, es una maquinaria que ahora mismo tritura derechos colectivos. La aprobación del techo de gasto en el Congreso, por ejemplo, es asumir los preceptos de la Unión Europea y el artículo 135 de la Constitución, es decir, antes pagar la deuda que pagar hospitales ¿Van a librar la batalla por la democracia colectiva los comunes, o van a continuar sosteniendo al PSOE porque lo que quieren es poder? Esta es la pregunta. La CUP va a trabajar por reconstruir la izquierda independentista y soberanista que hace una enmienda al sistema y va a contribuir a todo aquello que signifique conflicto con el Estado y conflicto con la Unión Europea. No porque nos guste el conflicto, sino porque hasta ahora hemos visto que el conflicto nos permite avanzar hacia la izquierda y hacia abajo, a la soberanía popular.

Votaron en contra de la investidura de Pedro Sánchez, ¿están dispuestos a negociar los Presupuestos Generales del Estado si incluyen políticas económicas dirigidas a acabar con recortes, mejorar servicios públicos…?

¿Está dispuesto el Estado a poner una partida para un referéndum? ¿Está dispuesto a nacionalizar los oligopolios? ¿Está dispuesto a que la Sareb deje de ser un pozo sin fondo de deuda? Estas son las preguntas. La CUP hace política desde la izquierda, siempre, desde una izquierda anticapitalista pero muy generosa. Estamos dispuestas a hablar de lo que sea y a hacer política con todos los márgenes que haga falta, pero lo que no va a hacer la CUP es aprobar unos Presupuestos que signifiquen más miseria para las clases populares y para nuestro pueblo.

Por mucha política progresista que pregones, si tú no estás dispuesto a decirle a la Unión Europea que tu gente quiere vivir dignamente, no hay margen. Por muchos impuestos y fiscalidad que modifiques, si priorizas la deuda a que los niños catalanes no estudien en barracones, no tiene sentido. Por muchos títulos que le pongas a tus Presupuestos, si no tumbas toda la reforma laboral, la CUP no va a jugar a contribuir a más miseria. Eso no es una posición intransigente, eso es hacer de espejo ¿Qué progresismo va a haber si no se toca la monarquía, si no se cuestiona la reforma laboral, si no se cuestiona que Endesa se enriquezca a costa de la miseria de nuestra gente? No hay progresismo posible, lo que hay son equilibrios, discursos, gestos; pero nosotros no hemos venido a la política para hacer amigos ni para hacer gestos.

En el Parlament de Catalunya Vox, al menos de momento, no tiene representación, pero en el Congreso es la tercera fuerza política, con un discurso muy centralista, apostando incluso por suprimir las autonomías ¿Se alimenta la ultraderecha del conflicto catalán?

La ultraderecha se alimenta del conflicto catalán —y por eso la forma de frenarla es resolviendo el conflicto con el derecho de autodeterminación, poniendo un referéndum encima de la mesa— y se alimenta el PSOE de la ultraderecha. El PSOE juega a ser la nueva fuerza progresista porque delante tiene a la ultraderecha, y justifica cualquier cosa interlocutando con Vox. No hay diferencia entre las políticas de PP y PSOE en relación a los techos de gasto de la deuda, un 0,8% del margen que van a tener los ayuntamientos, este es el cambio en relación a la ley Montoro

¿Por qué en el discurso de la ministra de Hacienda en el debate del techo de gasto parecía que estuviera nacionalizando los oligopolios? Porque delante tiene a la ultraderecha. El PSOE no es el Partido Comunista Portugués, es el PSOE. Evidentemente no es un compartimento estanco ni es monolítico: hay gente que seguramente, comparada con otra, es mucho más de izquierdas. Pero es el PSOE que sigue teniendo a mucha gente en consejos de administración de empresas del IBEX, que bloquea que se puedan mirar los negocios de corrupción de la monarquía… Esto es el PSOE.

¿Cree que la crisis territorial y el discurso de las derechas pueden desembocar en el refuerzo de las políticas recentralizadoras? ¿Ve esta legislatura como una oportunidad para avanzar en la descentralización del Estado?

Nosotros no analizamos la extrema derecha como un fenómeno meteorológico. La analizamos como un elemento intrínseco en el aparato del Estado español que se saca y se permite actuar de forma impune cuando las cosas se van de madre. En Catalunya, los meses alrededor del referéndum suben las agresiones de extrema derecha de forma desorbitada. Esta gente ya estaba, pero ahora tienen impunidad porque el Estado necesita controlar. Parece una teoría de la conspiración pero detrás de Vox hay mucho dinero y muchos medios de comunicación privados y públicos que les han abierto la puerta.

Es evidente que el marco del Estado español de La Transición está en crisis y que hay que rehacer un pacto social, económico y democrático, y Vox tiene una función muy clara: anclarlo lo más a la derecha posible. A la extrema derecha se la para haciendo proyectos políticos de izquierda. Tampoco se puede blindar con puertas el Estado. Cuando alguien te ataca, que es lo que está haciendo la extrema derecha con los derechos colectivos, la mejor defensa es el ataque, y el ataque desde una perspectiva de izquierda son más derechos. No se puede pretender girar el arca a la izquierda haciendo políticas de derecha, que es lo que está haciendo el PSOE hasta ahora con el derecho a la autodeterminación.

En anteriores legislaturas el Congreso llegó a comenzar a tramitar iniciativas como la derogación de la ley mordaza, la ley LGTBI, la renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo… ¿Cuáles cree que son las prioridades de la legislatura en este sentido?

Los objetivos de la legislatura son: tener voz propia, basta de hablar de las catalanas y de la izquierda independentista sin la izquierda independentista; tejer alianzas en los pueblos del Estado español en relación al proyecto independentista catalán; explicar al Estado español que en los Països Catalans hay un proyecto político independentista de izquierdas, transformador, que no es nacionalista ni egoísta, y que habla de derechos colectivos y de soberanía popular; y contribuir en la medida en la que podamos a tirar adelante medidas que mejoren las vidas de las clases populares. Si nos ponen encima de la mesa la derogación de la reforma laboral, nosotros vamos a estar ahí.