valència
Hablamos con Rosa Garrote, presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J), horas después de conocerse el acuerdo entre Fiscalía, acusados y víctimas de la catástrofe por el que se evita el juicio por los hechos ocurridos en València hace casi catorce años. El acuerdo supone que cuatro de los ocho exdirigentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) aceptan penas de 22 meses de prisión (no ingresarán), mientras que otros cuatro quedan exonerados.
Decir que se ha hecho justicia, ¿es decir demasiado después de todo este camino?
Es verdad que se quedan cosas fuera, pero precisamente porque han pasado catorce años, se ha conseguido un final muy digno. Ha sido un camino muy largo, con un periodo de instrucción condicionado por la actitud de la jueza, Nieves Molina, que ha reducido en todo momento la investigación a la velocidad como causa del accidente. Nosotros siempre hemos intentado establecer la responsabilidad de la empresa por la falta de medidas de seguridad y por la ausencia de cultura de prevención. Llegábamos al juicio con una investigación muy limitada sin posibilidad de ampliarla porque que la vía está reparada y el convoy se destruyó con el consentimiento de la jueza. Averiguar las causas reales del accidente, aunque se hubiera celebrado el juicio, habría sido imposible. Quizás lo único que hubiéramos conseguido es ampliar la condena pero plantear otro final comportaba el riesgo de no obtener nada.
Con este desenlace, ya se puede decir que hay responsables.
Se ha acabado reconociendo que el accidente era evitable, como lo llevamos denunciando desde el primer día; estamos satisfechos. En nuestra opinión, esta condena recoge los pilares básicos de nuestras reivindicaciones. Es cierto que cuatro exdirectivos se quedan fuera de la condena penal pero es evidente que, desde el momento en que se reconoce la mala gestión de la empresa, se hace extensivo a todos los miembros de la cúpula directiva de FGV, aquellos máximos responsables que tenían la capacidad de evitar el accidente y no lo hicieron. También Marisa Gracia, la exgerente.
Ha sido una lucha para toda la sociedad, siempre lo han defendido.
Nuestra lucha iba más allá del accidente; la convertimos en una demanda social. En ese metro podría haber viajado cualquier persona y se podría haber encontrado en nuestra situación. Con el tiempo, hemos visto muchas semejanzas con casos como el del Alvia en Galicia, el Spanair, el Yak-42, el Madrid Arena o el caso de José Couso, que recientemente ha conseguido una sentencia que reconoce que el gobierno lo dejó desatendido. En nuestro caso, además de incidir en las causas del accidente, durante los años posteriores hemos ido reconvirtiendo las reivindicaciones porque nos hemos ido topando con actuaciones lamentables por parte tanto de FGV como de los gestores políticos. Valga como ejemplo que la caja negra se voló la misma noche del siniestro. Por lo tanto, es un triunfo de todos los ciudadanos ya que se ha señalado la responsabilidad de los máximos dirigentes; la responsabilidad ya no se queda en el escalón más inferior. Este final puede generar un precedente en este sentido y debería repercutir en que los máximos cargos de responsabilidad de las empresas prioricen la prevención y actúen correctamente.
¿Les han dicho algo las víctimas del Alvia?
"En ambos casos, los gestores públicos han negado cualquier responsabilidad"
Se han alegrado porque nos ven contentos; pensamos que este reconocimiento de culpa, asumida por los propios directivos, los puede beneficiar. Desde que sucedió el accidente del Alvia, las víctimas se pusieron en contacto con nosotros y, de hecho, hay muchas semejanzas en esta gestión posterior. En ambos casos, ya había habido denuncias de los sindicatos que decían que las curvas tanto de Angrois como de Jesús eran peligrosas y, en ambos casos, no se hizo caso. En ambos casos, se responsabiliza al conductor. En ambos casos, los gestores públicos han negado cualquier responsabilidad.
¿Les consta que FGV ha trabajado durante este tiempo para mejorar la seguridad?
Tenemos constancia de que, en cuanto pasó el accidente, se instalaron balizas, aunque Marisa Gracia en todo momento negó que esto respondiera a una falta de seguridad. Ellos lo justificaban por la alarma social que se había generado, decían que era para tranquilizar a los ciudadanos. El problema con el que nos encontramos en la línea 1 es que la baliza que existía en la época del accidente sólo estaba programada para controlar la entrada y la salida del andén en la estación de Jesús pero no tenía en cuenta la curva anterior. En cambio, en el resto de líneas ya había un sistema de balizas instalado que controlaba toda la vía. A estas alturas, aparte de estas actuaciones, ya tenemos creada una Ley de Seguridad Ferroviaria que vino con el cambio de gobierno a partir de 2015.
También se ha conseguido un protocolo de atención a las víctimas...
Sí, ese fue el motivo de dejar las concentraciones en la plaza. Hemos celebrado 105 hasta el día que se cumplió el noveno aniversario del accidente, el 3 de julio de 2015. En aquellas fechas supimos que el nuevo gobierno valenciano crearía una nueva comisión parlamentaria y se daban los primeros pasos para trabajar en el protocolo de asistencia a las víctimas, también desde el punto de vista forense. De hecho, en nuestro caso hubieron muchas deficiencias en el tratamiento forense por imposición de la juez Nieves Molina, que no dejó a los forenses que bajaran a la vía a hacer el levantamiento de cadáveres. En aquella comisión parlamentaria, los forenses criticaron mucho esta actuación; eran ellos los que deberían haber estado realizando esta tarea, esto hubiera podido añadir algún dato o detalle más.
Hace referencia a la segunda comisión parlamentaria porque, si rebobinamos a la primera, la del 2006...
Aquello fue un insulto y una burla tremenda para las víctimas. También para los ciudadanos, porque que no se trataba de dar respuesta a un centenar de familias; se trataba de dar respuesta a una sociedad. Aquello fue un ejemplo de todo lo que no se debe hacer. La comisión parlamentaria duró cuarenta días técnicamente; se diluyó en cuatro días de comparecencias y un día para redactar un informe. Nos encontramos que el PP, valiéndose de su mayoría, rechazaba buena parte de documentos solicitados por la oposición. Sólo se aprobaron los documentos y los testigos solicitados por el PP. Esto provocó que la única conclusión a la que se llegara fuera la que ellos defendían: que el accidente era inevitable. Todo aquello fue vejatorio para las víctimas.
Una comisión de la que un tiempo después supimos muchas más cosas.
Ya en 2006, el síndic del PSPV, Andrés Perelló, preguntó a Marisa Gracia si se había reunido para preparar la comisión parlamentaria. En 2012, el diario El Mundo sacó a la luz aquel documento que probaba que se había aleccionado a los trabajadores de FGV para responder en esa comisión a favor de la versión del exceso de velocidad. ¿Qué investigación se quería llevar a cabo si ya les estaban diciendo el resultado de la investigación? Aparte, en ese documento también supimos el listado de preguntas que el PP realizaría en comisión con las respuestas convenientes. Isabel Bonig, que en 2012 era consellera de Infraestructuras y como tal presidenta de FGV, decía que esto lo preparaba la empresa pero que los directivos habían contestado libremente lo que ellos pensaban. Claro, pero cuando tú ves que las respuestas que se dieron coinciden con el documento —en algunos casos, incluso, textualmente— es obvio que todo esto genera dudas. Encargar este informe no fue ético ni correcto.
Pero el historial de despropósitos es infinito, también se rebautizó el nombre de la parada. Era una campaña clarísima con el objetivo de que el accidente cayera en el olvido.
"Se ha conseguido el máximo que podíamos conseguir, que es establecer que el accidente era evitable"
Por eso te decía al principio que el resultado sí lo consideramos un triunfo, porque todas estas irregularidades tampoco iban a dilucidarse en sede judicial. Al juicio sólo hubiéramos entrado en las responsabilidades que atañen a la parte anterior al accidente de 2006. Pero la verdad es que hay tantísimas cuestiones posteriores ... Por eso creo que se ha conseguido el máximo que podíamos conseguir, que es establecer que el accidente era evitable, en contra de las versiones de la comisión parlamentaria de 2006 y del gobierno del PP.
Aquella gente nunca les ha pedido perdón.
Al revés. Camps siempre ha dicho que nos llevaba en el corazón pero cuando se le preguntaba directamente decía que no sabía por qué tenía que pedir perdón. En cambio, cuando se inauguró la línea del AVE, sí pidió perdón por los retrasos que sufría esta línea. ¿No se pide perdón por la muerte de 43 personas en un servicio gestionado por la Generalitat y sí por los retrasos del AVE? Es incomprensible; no nos quiso recibir y posteriormente visitó a familiares de valencianos que perdieron la vida en siniestros posteriores diferentes. Esto dice mucho de cómo es como persona.
Ellos vivían en su burbuja particular y, además, el siniestro coincidió de lleno con la visita del papa.
No querían que hubiera nada que empañara la imagen del PP en 2006. La visita del papa era una victoria para esta gente, especialmente para Juan Cotino. Nunca pretendimos que se suspendiera la visita del papa pero no puede ser que esta visita se utilizara para tapar el accidente. Dos horas después del accidente, los dirigentes políticos ya estaban en la boca del túnel vertiendo el mensaje del exceso de velocidad. Aquello fue el inicio de la estrategia del silencio.
¿Cómo se quedan cuando en 2007 y en 2011 Camps revalida la presidencia con sendas mayorías absolutas?
Se admite que los ciudadanos puedan votar a quien consideren, pero lo que fue muy doloroso es que González Pons, en ese momento portavoz del PP, dijera que las urnas les daban la razón, como si les absolviera. Con aquellas mayorías absolutas, ellos no sentían ninguna necesidad de atender nuestro colectivo ciudadano.
¿Confían después de todo en la justicia?
Enric Chulio, el primer presidente de la asociación, acierta cuando dice que una cosa es la justicia y otra el sistema judicial. Lo cierto es que el primer archivo judicial fue un golpe muy doloroso. Nosotros confiábamos entonces, nunca habíamos tenido ninguna experiencia, pero comprobamos que la justicia no existe, que lo que existe es el sistema judicial. Aunque la sentencia es satisfactoria, hay otros casos judiciales en los que no se hace justicia. No nos atrevemos, por tanto, a ampliar esta satisfacción al resto de sentencias judiciales. Creemos que este sistema tiene mucho camino por recorrer para adaptarse a la realidad social.
¿Qué pasará ahora con la asociación?
"Habrá que poner una fecha para realizar una asamblea y el siguiente paso será disolver la asociación"
Nuestra asociación se creó con tres objetivos básicos claros, reflejados en los estatutos: promover una investigación objetiva que tuviera en cuenta todas las posibles circunstancias más allá de la velocidad, la asunción de responsabilidades y evitar que esto vuelva a pasar. Creemos que estas finalidades, por todo lo que hemos hablado, están cumplidas. Habrá que poner una fecha para realizar una asamblea y el siguiente paso será disolver la asociación.
Han sido muy tenaces.
Ha habido momentos muy difíciles en los que creíamos que no conseguiríamos nada pero aún era más duro quedarse en casa y no salir a reclamar responsabilidades. Siempre hemos intentado reconvertir el dolor en algo positivo y estamos satisfechos de haber contribuido a mejorar la seguridad ferroviaria. También es un ejemplo válido para los ciudadanos: si se lucha, al final se pueden conseguir las cosas. Nosotros lo teníamos todo en contra, al principio no teníamos el apoyo ciudadano y eso cambió. La espina que nos queda es el no haber conseguido responsabilidades políticas por las actuaciones posteriores de los dirigentes en aquellas fechas. Aunque su responsabilidad se señaló en la comisión de 2016, el ámbito parlamentario no tiene capacidad de influir en otras esferas.
Hay una cosa cierta: todos los políticos relacionados con la mala gestión del accidente ahora están siendo juzgados en numerosas causas: en marzo se inicia el juicio a Juan Cotino por la visita del papa, Camps también afronta varias imputaciones por tramas de Gürtel, Serafín Castellano (portavoz del PP en la comisión de 2006) también está imputado... Todo esto ha puesto en evidencia la mala actuación profesional. Socialmente están señalados. No es una cuestión de venganza, son sus acciones las que están pasando factura.
En este camino, se encontraron con lo peor pero también con apoyos imprescindibles.
Hemos tenido momentos muy gratificantes. Al principio en la plaza venían 40 o 50 o 60 personas que no tenían ningún vínculo con la asociación pero nos apoyaban, y eso era muy positivo. Y después hemos recibido el apoyo de muchos colectivos. Se han celebrado conciertos, obras teatrales, se han compuesto canciones, hemos tenido reconocimientos y galardones por parte de asociaciones de vecinos y casales de falla, de partidos políticos... Todo esto se intensificó a raíz del programa de Jordi Évole, que ayudó a traspasar la lucha más allá de la plaza de la Virgen. Es con lo que nos quedamos: con toda esta gente que nos ha dado su cariño y no nos ha pedido nada a cambio.
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