¿La reforma del Código Penal aprobada este jueves asegura el libre ejercicio de este derecho a partir de ahora?

Con esta reforma se asegura un delito específico, que se llama obstaculización del derecho al aborto y que se incorpora al Código Penal, que lo que hará es penalizar a las personas que intenten obstaculizar el ejercicio de su derecho al aborto en las inmediaciones de las clínicas. Se garantiza un delito específico para intentar proteger a las mujeres de este tipo de acoso.

Es una muy buena noticia porque lo que hacemos es incorporar al Código Penal, una de las leyes más importantes de nuestro ordenamiento jurídico, una cuestión que afecta específicamente a las mujeres y a sus derechos. Esta ley viene a dar respuesta a una situación inadmisible, como son estas escenas que estamos acostumbrados a ver, por desgracia, en las inmediaciones de las clínicas abortivas y que son un atentado directo contra los derechos de las mujeres y del personal que trabaja en las clínicas.

Además, es un intento de vulnerar el derecho a la salud de las mujeres porque el aborto es una prestación sanitaria, lo que está pasando es que acosan a las mujeres cuando van al médico. Es la primera vez que se legisla en este aspecto, equiparándonos a Francia, y que va a crear un marco de protección mucho mayor de lo que existe actualmente.

¿La presencia de Vox en las instituciones ha aumentado el acoso hacia las mujeres y al personal sanitario en las puertas de las clínicas?

El acoso en torno al aborto lleva produciéndose desde hace muchos años. Es una situación sistemática, pero es verdad que los grupos organizados están muy vinculados a Vox y también al PP. Por lo tanto, tener un altavoz político hace que se retroalimenten estos mensajes. La situación es común desde hace muchos años, pero es verdad que el altavoz político de Vox siempre hace que se retroalimenten estos mensajes y se activen campañas que tienen mucha más difusión.

Usted también ha sufrido ese hostigamiento en el Congreso por parte de los diputados de Vox al defender este asunto. ¿Cómo de grave es que un juez le llamara bruja en sede parlamentaria por defender este derecho?

Es inadmisible que un juez insulte a una mujer, ya sea en el Congreso o en cualquier sitio. Lo que me preocupa es que si capaz de llamarme bruja delante de todo el mundo, en una institución como el Congreso, qué no es capaz un señor así de hacer cuando tiene delante a mujeres indefensas y tiene en su haber emitir un juicio sobre la indefensión que pueden estar sufriendo las mujeres que recurren a las Justicia para ser protegidas.

Me preocupa mucho que señores como este estén en el poder judicial en activo y que tengan este tipo de pensamiento y emitan este tipo de insultos porque al final, en el Congreso está todo grabado, es público y podemos defendernos, pero las mujeres que se sientan delante de este juez en un juzgado están en una mayor situación de indefensión.

Aun así, me preocupa que en el Congreso, la violencia política hacia las mujeres sea muy común. Ser de izquierdas y feminista es un valor añadido para los que nos insultan con esta violencia política y es una situación que compartimos muchas compañeras de diferentes grupos políticos. Estamos hartas y consideramos injusto el tratamiento machista y misógino de señores, sobre todo de la ultraderecha, hacia nosotras y hacia nuestras intervenciones.

¿Cree que estas medidas serán suficientes para poner coto a estas acciones a pesar de los discursos de la ultraderecha en las instituciones?

Es un paso fundamental. Era una realidad que existía, pero que no tenía respuesta jurídica. Ahora hemos modificado el Código Penal y es un faso fundamental. ¿Se puede ampliar la propuesta? Pues hay que analizar las propuestas para hacerla más garantista, pero creo que este primer paso es valiente, transformador y que, además, lanza un mensaje claro: existen delitos específicos contra las mujeres que tienen que tipificarse. Ya lo hicimos con la violencia de género, que incorporó en el Código Penal un tipo específico de violencia contra las mujeres. Ahora volvemos a incorporar la especificad de un tipo de delito al Código Penal.

Aunque se penalice el acoso frente a clínicas abortivas, este hostigamiento se puede hacer desde otros espacios, como el caso reciente de la campaña antiabortista en las marquesinas. ¿Cuáles son los retos para que estas acciones no queden impunes?

En Francia, por ejemplo, dentro de la obstaculización de este derecho, se penaliza a las páginas web que hacen campaña con información falsa sobre el aborto o intentan desincentivar de alguna manera que las mujeres accedan a este derecho. Es una acción interesante y a valorar de cara a seguir avanzando en este asunto. Con este hostigamiento tenemos que acabar y es verdad que aunque hemos dado un gran paso adelante, tenemos seguir dando más pasos para intentar ponerle el máximo coto posible a esta situación. 

La reforma coincide con el octavo aniversario de la llegada del 'tren de la libertad' a Madrid, que paralizó la reforma del aborto que quería impulsar Alberto Ruiz-Gallardón y que le costó el Ministerio de Justicia. No obstante, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, el 85,68% de las interrupciones voluntarias del embarazo se practican en centros privados ¿cuáles son los obstáculos que lastran el acceso a este derecho?

En España, el aborto está reconocido legalmente de una manera muy amplia y con bastantes garantías. Es cierto que hay un camino de mejora y tenemos que hacer lo más accesible este derecho reconocido por ley. Actualmente, existen ciertos obstáculos. Si bien los abortos que se hacen en las cínicas concertadas se hacen a través de una prestación pública, es cierto que la sanidad pública todavía tiene muchas dificultades para poner en marcha el aborto por cuestiones como la objeción de conciencia. Pero sí es verdad que la prestación pública se está dando a través de clínicas concertadas.

Quiero romper una lanza a favor de estas clínicas porque tienen un personal muy comprometido con los derechos de las mujeres, clínicas que hacen incidencia política para reivindicar que las mujeres tengan las máximas garantías para abortar en las mejores condiciones sanitarias y ahí hay una labor que hay que reconocer. En la sanidad pública hay un camino por recorrer, pero los abortos que se practican en las clínicas concertadas están en manos, en la mayoría de los casos, de profesionales muy especializados y comprometidos con la interrupción voluntaria del embarazo.

¿De qué manera se va a combatir esta cifra desde la reforma prevista por el Ministerio de Igualdad?

No conozco la especificidad de la reforma, ya que no se ha presentado en el Consejo de Ministros. Pero para esa reforma es fundamental recuperar la literalidad de la ley de 2010. El PP, con la reforma de 2015, le retiró a las mujeres de 16 y 17 años el derecho a poder ejercer libremente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, la primera reforma imprescindible es recuperar la literalidad de la ley promulgada en 2010. El resto de reformas no las conozco, pero todo lo que sea mejorar el acceso de las mujeres al aborto, por parte de mi grupo será bienvenido y estaremos apoyando.

Teniendo en cuenta los plazos de la legislatura y del ciclo electoral que comienza ahora, que puede retrasar la agenda parlamentaria, ¿se podrá abordar este tema antes de que acabe la legislatura?

Como es uno de los temas que tanto el Gobierno como el propio Ministerio de Igualdad están trabajando con mucha celeridad, creo que sí lo veremos. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres tienen que estar en la primera página de la agenda política y en la del Gobierno está. Con ese compromiso, espero que esté lo antes posible. Sobre todo, en lo concerniente a esa reforma del PP que hay que revertir.

Si no se hace, ¿sería un fracaso para el Gobierno?

Creo que no. Este Gobierno tiene una gestión en su haber, a estas alturas de la legislatura, suficientemente importante en materia de Igualdad y en cuestiones de reivindicación feminista que no podíamos llamar fracaso a esto. No obstante, el Gobierno está predispuesto a trabajar en la reforma de la ley del aborto, presentarla lo antes posible y seguro que así será.

También se han comprometido a abolir la prostitución. ¿Hasta qué punto este reclamo podría llevarse a cabo en el marco de otra norma que no trate expresamente sobre eso, como es la ley de trata?

En la ley de garantía integral de la libertad sexual, que actualmente está en tramitación parlamentaria, estamos trabajando cuestiones vinculadas a la violencia sexual. Desde el grupo socialista creemos que la prostitución es una forma más de violencia sexual y por lo tanto es una oportunidad que, una vez se abre el Código Penal para hablar de la tercería locativa o de proxenetismo, solo se puede legislar para proteger los derechos de las mujeres con una visión abolicionista de la prostitución.

Por eso, en esta ley hemos incorporado enmiendas en la línea de perseguir todas las formas de proxenetismo. No hay que dejar pasar ni un día más la oportunidad de hacer justicia con los derechos de las mujeres y, sobre todo, de afrontar una de las formas de violencia más habitual contra las mujeres como es la explotación sexual. Entendemos que una de las manifestaciones de la explotación sexual es la prostitución, que es el escaparate de la trata de mujeres y niñas.

Dicho esto, el marco tiene que ser más amplio y es necesario una ley de trata que recoja importantísimas medidas para darle alternativas a las mujeres prostituidas que son muy vulnerables, importantes medias de educación afectivo-sexual para prevenir también la explotación sexual, y también, dirigirnos a los responsables, que son los puteros. Es necesario que se haga corresponsable a quien lo es.