Isa Serra (Madrid, 1989) dice estar tranquila, aunque la Fiscalía se ha mantenido firme en su petición de 23 meses de prisión para ella por su participación en la paralización de un desahucio en 2014 en el barrio de Lavapiés de Madrid. Fue uno de esos desahucios en los que hubo cargas policiales y los concentrados lanzaron objetos a los agentes antidisturbios de la Policía Municipal.

Se le acusa de los delitos de desórdenes públicos, atentado y lesiones, aunque ella lo niega. Ahora con más convicción, ya que ninguno de los vídeos de los hechos la muestra agrediendo ni insultando a los agentes, como afirma la Fiscalía. "Era mi barrio. Yo llegué horas después de que empezara el desahucio y siempre me mantuve alejada de los altercados cuando empezaron las cargas de la Policía", sostiene. Sigue considerando que su acusación responde a intereses políticos y a la intención de criminalizar la protesta social, en concreto, al movimiento por el derecho a la vivienda. 

¿Qué sensaciones tiene después del juicio?

Estoy bastante contenta, con buenas sensaciones porque la defensa también ha sido buena. Se han clarificado muchas de las cuestiones, por no decir que todas. Una fundamental, el inicio del procedimiento policial, mi identificación como participante en los altercados, que creo que es algo irregular, por decirlo suavemente. También se ha reducido el número de agentes que dicen reconocerme, ya solo son seis. Unos afirman que les insulté, otros que lancé objetos, pero ninguno es claro en qué momento lo hago. Los testigos coinciden con mi relato, también los fotoperiodistas que estaban allí ese día. Es muy importante su versión, porque aportan fotos y vídeos y afirman que el material que han entregado es todo lo que tienen. En ningún sitio aparezco haciendo nada similar a lo que dicen los policías.

Cuando dice que su identificación fue, cuando menos, irregular, ¿a qué se refiere?

No es una denuncia de los agentes municipales el mismo día o al día siguiente del desahucio en el que sufren las agresiones. A mí no se me identifica en el lugar, sino que se inicia 20 días después de los hechos. Es una identificación que ni siquiera inicia la Policía Municipal, sino la Brigada Provincial de Información  (BPI) de la Policía Nacional. No ha quedado claro si quiera si la Policía Municipal, a partir de la información de la BPI, identifica a los denunciados, entre ellos, yo. Por momentos parece que mi identificación viene de vídeos de fotoperiodistas, otros agentes dicen que por cámaras del Ayuntamiento de Madrid. Lo raro de esa identificación es que no se aporten precisamente esos vídeos, esas pruebas por las que dicen que han identificado claramente a los que han producido los altercados en el desahucio.

Es decir, que no ha habido más pruebas que los testimonios de los agentes de Policía.

Mi defensa ha aportado 115 vídeos. La Policía y la Fiscalía, ninguno. El juez nos ha aceptado 54, todos se proyectaron en la vista y concuerdan con mi relato. Yo solo salgo en tres y salgo cuidándome de la tensión y la violencia que se generan cuando carga la policía. Hay que recalcar que una declaración de cualquier persona, también de la Policía, no vale por sí misma como carga de prueba. Tiene que haber hechos probados que sustenten ese testimonio y, en este caso, no los hay, solo declaraciones de varios policías diciendo que les insulté y les lance objetos. Y eso se contradice con todos los vídeos del caso.

Siempre ha denunciado que las acusaciones en su contra tienen un "sentido político", de hecho, lo ha repetido ante el juez.

Se identifica a personas que éramos activistas sociales en ese momento. La BPI prácticamente lo reconoce, que propone a los agentes municipales imágenes de personas que tienen fichadas. En esa identificación y posterior denuncia hay un intento de criminalizar a las personas que participamos en diferentes movimientos sociales y políticos.

Además, este proceso está estimulado porque soy  una persona pública de Podemos. Estimulado en el buen sentido, ya que se pone más el foco mediático y puedo tener más garantías que otros activistas anónimos activistas. Pero también en el mal sentido. Por parte de grupos como el PP, Ciudadanos PP y Vox en la Asamblea de Madrid hay un claro interés en que yo salga culpable de este proceso. Hay intereses políticos. En el alegato final dije que sólo se entienden las acusaciones de la Policía si hay determinados intereses políticos, aunque confío en que el TSJM no acepte esas mediaciones políticas. El juez lo reiteró y yo confío en su palabra.

Su trayectoria e implicación en movimientos sociales, protestas y manifestaciones viene de mucho tiempo atrás, ¿diría que es usted una cara conocida para la Policía?

Totalmente. Me conocían por participar en el movimiento estudiantil por la universidad pública, por el movimiento feminista... Aquel desahucio era el momento post 15-M. Creo que es legítimo participar en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y los STOP Desahucios, aunque yo no haya militado activamente en esos espacios que han sido fundamentales en los últimos años para denunciar el drama social de la vivienda. Al final, lo que se extrae de la versión de la Fiscalía es que yo soy culpable por mi vinculación a esos espacios de protesta social. Afirman que yo lideraba la protesta contra ese desahucio, lo cual es falso. Parece que hay que estar justificándose por participar en movimientos sociales.

Por otra parte, hay que destacar que aquel desahucio era el de una persona con discapacidad total y una enfermedad crónica. No sólo fue desahuciada, sino también detenida. La tensión y violencia que se generó ese día fue, entre otras cosas, por la brutalidad del hecho que se producía.

La Fiscalía de Madrid no ha variado su postura, salvo en eliminar indemnizaciones a policías, pese a que, según usted, no ha aportado pruebas que la incriminen. ¿Cómo califica el papel de la Fiscal?

Mi abogado insiste mucho en que hay dos versiones que se juzgan: la mía y la de la Fiscalía, que no está explicando por qué mi relato no tiene credibilidad. Nunca ha respondido a esto. A veces parece decir que mi versión no concuerda con los vídeos que hemos aportado nosotros. Poco más que eso tenia la Fiscalía.

Pero me llama mucho la atención la importancia que se ha dado a los insultos que los agentes dicen que proferí. Dos mujeres policía dicen que las atacaba por el hecho de ser mujer. Creo que intentan utilizar de forma perversa que yo me declare feminista. dicen que las llamé mala madre, zorra, que se follan a todos o que que su hijo tendría que pegarle un tiro a una de ellas. Este último es un un insulto nuevo que no conocía hasta el día del juicio. Y esto es lo que más se ha tenido en cuenta por la derecha mediática y los grupos políticos de PP y Ciudadanos. Me parece perverso, además de porque son mentira, porque son una barbaridad.

Denuncia además un interés por criminalizar , además de una cara política, sobre todo al activismo relacionado con la vivienda.

Justo cuando se iniciaba mi juicio estaban echando de su casa a una familia con tres niños en Moratalaz sin alternativa habitacional.

Desde luego, este es un juicio más, pero hay muchísimas personas desde hace muchos años que están siendo juzgadas por defender el derecho a la vivienda digna. Esto tiene que ver con las políticas y medidas que se defienden sobre todo cuando estalla la crisis, que repercute fundamentalmente en la vivienda. Es cuando comienzan a denunciarse los desahucios. Quienes sostienen y defienden esas políticas de especulación con la vivienda, de garantizar que los fondos buitre acumulen vivienda vacía que, a su vez, desemboca en la subida de precios del alquiler  y que no haya alternativa habitacional a los desahucios tienen que criminalizar a quienes denuncian esto. Este es el motivo por el que tantas personas han sido criminalizadas.

El desahucio por el que se la juzga era por el alquiler, uno de los principales problemas de Madrid. Podemos está ahora en el Gobierno, ¿está personalmente satisfecha con las medidas pactadas con el PSOE en materia de vivienda?

Sí. No es el que nos gustaría, pero hay que entender la correlación de fuerzas en este Gobierno de coalición. No es el programa de Unidas Podemos, creo que habría que dar muchísimos más pasos en movilizar vivienda vacía y paralizar desahucios. Pero hay una serie de compromisos que espero que se pongan en marcha muy pronto y que pueden reducir los desahucios.

Las medias prioritarias son regular el alquiler, y la mayoría de los desahucios en la actualidad tiene que ver con la imposibilidad de pagar el alquiler. Hay un acuerdo a nivel estatal para que lo puedan regular ayuntamientos y comunidades. Nosotros vivimos en Madird, donde Isabel Díaz Ayuso quiere abanderar la guerra contra el Gobierno estatal y no va a limitar los precios del alquiler. Demostrará que gobierna para los fondos buitre y los grandes especuladores. O echamos al PP de la Comunidad en los próximos años o será muy difícil que la situación de la vivienda mejore. Por eso es fundamental que los movimiento sociales sigan muy activos.

Si la sentencia fuera condenatoria, ¿qué ocurrirá política y personalmente con su situación?

De esta sentencia depende una visión de la justicia. Puede ser ejemplarizante, clarificadora e ilustrativa sobre si se sigue el camino de criminalizar la protesta o esta vez la justicia es justa. Confío en que se clarifique todo, que existan todas las garantías, que como dijo el juez, que no haya intervenciones políticas y que la sentencia sea absolutoria.