El vicepresidente del Govern de Balears, Juan Pedro Yllanes (Sevilla, 1960) forma parte de un ejecutivo de coalición en las islas junto al PSIB-PSOE y Més Mallorca, en representación de Unidas Podemos. Juez en excedencia, durante su carrera judicial se hizo cargo desde la Audiencia de Palma del Caso Nóos, causa en la que se juzgaba, entre otros, a la infanta Cristina y a Iñaki Urdangarín. De ahí, pasó a formar parte de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, una etapa en la que compartió grupo parlamentario con la vicepresidenta segunda de Trabajo, Yolanda Díaz, de la que confiesa ser "admirador absoluto".

En su vicepresidencia se recogen las competencias de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, tres materias clave y fundamentales en el contexto actual (dos de ellas por su importancia para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el reparto de los fondos europeos de reconstrucción, y la tercera por su significado y peso en la agenda de los partidos progresistas).

Miembro de un gobierno en el que los socialistas apuestan abiertamente por la regulación del mercado del alquiler, Yllanes pide "valentía" a Raquel Sánchez, la nueva ministra de Transportes, y asegura que Baleares no se conformará con "la simple regulación del mercado", sino que pide una intervención "a fondo" en la ley de Vivienda estatal que está pendiente de aprobación en el seno del Gobierno de coalición.

De vivienda, fondos europeos, del futuro del turismo y del modelo productivo balear, y de la reunificación del espacio a la izquierda del PSOE, habla en esta entrevista con Público.

Desde el Gobierno balear, ustedes reclaman una ley de vivienda a nivel estatal que regule los precios del alquiler ¿Esta regulación tiene que pasar por la intervención del mercado del alquiler? ¿Se conformaría Baleares con la congelación de precios y los incentivos fiscales que propone hoy por hoy el Ministerio de Transportes?

Creo que hay que ser ambiciosos en el tema de la vivienda. No podemos seguir concibiéndola como un bien de mercado, sino como un bien esencial, porque lo dice claramente el artículo 47 de la Constitución. Por lo tanto, todo lo que sea avanzar en políticas reales que permitan el acceso de ciudadanos y ciudadanas tanto en Baleares como en el resto del Estado a la vivienda nos parece oportuno. No nos conformamos simplemente con la regulación del mercado, sino que creemos que hay que intervenir a fondo para garantizar lo que dice el artículo 47 de la Constitución: una vivienda digna para todos los españoles.

¿Está el PSOE de Baleares en la defensa de una ley estatal de vivienda que permita bajar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas mediante los denominados índices de referencia?

Absolutamente, y hay enorme sintonía. Hay enorme sintonía en el momento en el que, además, y creo que este es un dato que marca perfectamente cuál es la apuesta del Gobierno de Baleares, el conseller que se encarga de Vivienda era el alcalde de Sant Josep de Sa Talaia, en Ibiza; si hay un lugar donde el problema de la vivienda es absolutamente crítico es en Ibiza, de ahí que cualquier posibilidad de intervenir, de poder regular el precio de los alquileres y de poder facilitar el acceso de los ibicencos y las ibicencas a la vivienda sea una prioridad para este conseller, y ahí estamos en absoluta sintonía. Y a partir de aquí a reclamar a la nueva ministra, no le vamos a dar ni los 100 días de cortesía, que empiece con esta política para convertir en una realidad el derecho de las personas a una vivienda digna como un derecho esencial de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país.

Si el PSOE de Baleares defiende sin matices esta cuestión, ¿por qué cree que el Ministerio de Transportes y el PSOE a nivel estatal han sido tan reticentes a intervenir el mercado del alquiler y bajar los precios?

Aquí hay un montón de intereses encontrados, entonces, cuando uno afronta la necesidad de intervenir el mercado del alquiler y de garantizar el acceso a la vivienda, los intereses son muy importantes. Estamos hablando de que aquí en Baleares una de las grandes apuestas es la de intervenir temporalmente, para poder ponerlos en alquiler social, los pisos de los grandes tenedores ¿Quiénes son los grandes tenedores? Esencialmente los bancos y los fondos de inversión. Cuando alguien se enfrenta a los bancos y a los fondos de inversión, evidentemente la cuestión se complica. De ahí que pidamos valentía a la ministra, quizá, a lo mejor, la que le ha podido faltar al ministro Ábalos. Esperamos que la nueva ministra sea un punto más valiente a la hora de acometer la reforma del mercado de la vivienda que reclama una enorme mayoría de los ciudadanos de este país.

Usted habla de las fórmulas de las que dispone Baleares para adquirir vivienda de grandes tenedores y destinarla al alquiler social ¿Han encontrado muchas resistencias por parte de los fondos de inversión y de los bancos a la hora de poner en marcha o aprobar estas fórmulas?

Sinceramente, si tuviese que pensar en quién se ha opuesto claramente al desarrollo de la ley de Vivienda aquí en Baleares y a la compra de pisos en manos de grandes tenedores, a la cesión obligatoria de pisos en manos de bancos y fondos de inversión, o al impulso a la construcción de pisos de protección oficial, yo diría que el gran obstáculo ha sido el PP; el principal partido de la oposición en Baleares que sigue sin ser capaz de hacer un análisis objetivo y pegado a la realidad de cuáles son las circunstancias actuales por las que pasan las nuevas generaciones en Baleares. El acceso a la vivienda reclama un esfuerzo económico prácticamente imposible para cualquiera que se incorpore al mercado de trabajo. Cuando un partido político viene de la cultura del pelotazo urbanístico resulta enormemente complicado intentar convencerle de que tiene que subirse a las políticas sociales en materia de vivienda. De ahí que quizá más que oposición por parte de esos grandes tenedores, nos estamos encontrando una oposición absolutamente desleal por parte del PP.

Se ha aprobado recientemente en el Congreso una ley de cambio climático, pero Baleares ya tenía una legislación avanzada en este tema, ¿se está invirtiendo lo suficiente, a todos los niveles administrativos, en este asunto o no es suficiente? Y más allá de las cifras, ¿considera que la gestión y las políticas que se están desarrollando son las adecuadas?

Siempre hay posibilidad de mejorar. Nosotros tenemos muy claro que lo que tenemos que hacer aquí en Baleares es desarrollar esa ley que efectivamente fue pionera a nivel estatal y que lo tenemos que hacer en consonancia o sintonía con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética estatal que, además, es una ley que todavía ha tenido un corto recorrido pero que contiene importantes novedades específicamente para Baleares. Creemos que las políticas que estamos implementando en Baleares nos permiten, por ejemplo, de venir como veníamos de una prácticamente nula implantación de energías renovables, un 2,5% por ciento, a que nos encontremos ya con picos de producción de energía limpia del 20%, y que el propósito de la consellería sea llegar al final de la legislatura en 2023 con prácticamente un 25% de la producción eléctrica en Baleares procedente de energías renovables.

El anunció que se hizo en la sesión que presidió Pedro Sánchez acerca de la apuesta clarísima por la movilidad eléctrica; la política nacional sobre hidrógeno, que además tiene también una parte importante en Baleares con el proyecto de la planta de Lloseta… Creo que ahora mismo sí se pueden valorar como positivas las políticas que se está empezando a implementar por parte del Gobierno central en sintonía con las comunidades autónomas para dar el impulso definitivo al tema de las energías renovables. En España, por lo menos en Baleares, somos enormemente conscientes de que el cambio climático ha venido para quedarse, que hay que mitigarlo y hay que adaptarse al mismo y, digamos que una de las líneas o de los ejes de actuación es el desarrollo de las energías renovables.

Los fondos europeos de reconstrucción se venden como una oportunidad para reconvertir o revolucionar el sistema productivo español y hacerlo más competitivo, ¿qué sería necesario y cómo habría que invertir este dinero en los territorios que, como Baleares, tienen una excesiva dependencia del turismo, territorios que fueron muy golpeados durante la pandemia?

Lo que hay que hacer es creerse de verdad lo que desde el minuto uno podemos estar diciendo dentro del Gobierno de Baleares, concretamente la necesidad de diversificar nuestro modelo económico. Y esa diversificación del modelo económico pasa precisamente por lo que estábamos hablando, por el impulso de las energías renovables, que son productoras de empleo de calidad, de empleo que dura todo el año, no como el turismo, que produce empleo estacional. También hay que impulsar una serie de nichos industriales de sectores productivos que pueden ayudar precisamente a esa tarea de la diversificación económica; estoy pensando en la innovación, en todas las industrias audiovisuales, enormemente importantes para esto; estoy pensando también en actividades habituales pero que están relacionadas con lo que hablábamos al principio, con el impulso de la vivienda pública, como la construcción. Estamos en condiciones de empezar a plantearnos seriamente que tenemos que diversificar el modelo económico de Baleares, y, sin duda, los fondos europeos de recuperación y resiliencia van a servir para que efectivamente le demos un pulso a ese propósito clarísimo, que desde el minuto uno llevamos manteniendo desde el Gobierno de Baleares, de la diversificación del modelo económico.

Su vicepresidencia también incluye las competencias en memoria democrática. No sé si conoce el contenido del anteproyecto de ley que el Gobierno quiere llevar próximamente al Consejo de Ministros ¿Le parece insuficiente? ¿Qué le faltaría a esta ley para ser mejor?

La legislación aplicable nunca es suficiente y siempre, desde las políticas que se implementan en las comunidades autónomas, somos ambiciosos a la hora de regular una cuestión tan importante como la Memoria Democrática. Teniendo en cuenta, además, que los resultados que estamos obteniendo de la aplicación de la ley de Memoria Democrática en Baleares empiezan a ser enormemente satisfactorios; vamos a empezar el tercer plan de fosas de Baleares, tenemos también el desarrollo de esa ley de fosas, y, por lo tanto, teniendo en cuenta cuáles son nuestras experiencias, nos gustaría que se hiciesen importantes aportaciones a esa ley estatal.

Por ejemplo, nos resultaría enormemente importante que se pudiese ampliar el periodo de aplicación de la ley de Memoria Democrática y que pudiese abarcar toda la etapa de la Transición, porque en esa etapa se siguieron cometiendo crímenes que venían directamente vinculados con unas fuerzas de orden público que venían directamente del franquismo. Y, también, todo el derecho a la reparación económica, a la reclamación de la reparación económica, nos preocupa enormemente y, por lo tanto, también nos parece interesante que la ley pueda ser ambiciosa y atrevida en ese sentido. Vamos a ver al final cuál es el proyecto que va a votación al Congreso de los Diputados y esperemos que se puedan introducir estas mejoras que estimamos necesarias desde las Islas Baleares.

La pasada semana se cumplieron dos años de la firma que constituyó el Gobierno de coalición en Baleares ¿Cómo está la salud de la coalición? ¿Tienen pensado agotar la legislatura?

Es el objetivo primero y principal, agotar la legislatura, entre otras cuestiones, porque la primera mitad de la legislatura todos los esfuerzos del Gobierno de Baleares han estado dirigidos a salvar vidas. Ante una pandemia inesperada y que irrumpió en nuestras vidas al principio de la legislatura, ahora que ya tenemos unos porcentajes de vacunación elevados, que estamos en condiciones de ir recuperando económicamente la comunidad autónoma, es cuando empieza esa segunda mitad de legislatura en donde vamos a empezar a implementar esas políticas recogidas en los acuerdos de Bellver. Yo creo que los tres partidos que gobernamos en coalición en Baleares estamos dispuestos a eso y, por lo tanto, comienza la segunda parte de la legislatura que estoy convencido que nos va a permitir desarrollar las políticas contenidas en esos acuerdos y que se vieron paralizadas por la llegada de la pandemia, y a partir de ahí, acabar la legislatura, como no puede ser de otra manera.

¿Ve posible una reedición de la coalición y de los acuerdos de Bellver después de las próximas elecciones?

Se está demostrando claramente desde la pasada legislatura que los gobiernos progresistas mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Baleares. Por lo tanto, todo lo que sea continuar con gobiernos progresistas significaría seguir impulsando esa mejora de la calidad de vida. No descartamos absolutamente ninguna posibilidad; es más, el trabajo que estamos haciendo es para convencer a la sociedad de Baleares de que un gobierno progresista en el que estén representados los tres partidos que actualmente gobiernan es lo mejor para defender los intereses de la ciudadanía de esta comunidad autónoma. Frente al modelo de gestión de la crisis que impuso el PP, de seguir favoreciendo a los de siempre, el trabajo que se ha realizado en legislatura y media, en la primera sin estar Podemos dentro del Gobierno pero si apoyándolo desde el grupo parlamentario, y en esta legislatura con Podemos dentro del Gobierno, para demostrar que las políticas progresistas mejoran la vida de la ciudadanía de las Islas Baleares.

Tras la marcha de la política de Pablo Iglesias, Unidas Podemos ha entrado en un proceso de cambios en el que, entre otros objetivos, se aspira a reunificar el espacio a la izquierda del PSOE ¿Considera necesario sumar a más actores a este espacio confederal? ¿Lo ve posible? ¿Lo ve fácil?

Yo soy un admirador absoluto de la ministra de Trabajo, de Yolanda Díaz, y soy un admirador absoluto porque tuve el privilegio de compartir con ella dos legislaturas en el Congreso de los Diputados, y hago mías sus palabras: todo lo que sea sumar las energías de los partidos que están a la izquierda del PSOE a mí me parece absolutamente necesario para este país, porque eso permitirá precisamente profundizar en la agenda social. Las nuevas responsables de Unidas Podemos serán las personas idóneas para encauzar esta unificación de la izquierda más allá del PSOE. Insisto, creo que ahora mismo el proyecto está en las manos absolutamente idóneas para hacer este planteamiento, para ampliar el espacio de izquierdas, para que se puedan repetir gobiernos de progreso en donde Unidas Podemos ocupe un papel esencial y primordial, porque lo que se ha demostrado es que cuando Unidas Podemos está dentro de los gobiernos, la agenda social de los gobiernos crece exponencialmente. Sigamos implementando esa agenda social y hagámoslo a través de la aportación de todos aquellos que quieran unirse a un gran proyecto a la izquierda del PSOE que obligue al partido mayoritario en la izquierda a cada vez posicionarse más claramente en favor de esa agenda social que forma parte del ADN de Unidas Podemos.