La aprobación de la Ley de Memoria Histórica en el año 2007 significó el primer paso dado por un Gobierno para satisfacer los derechos de las víctimas de la dictadura y el propio derecho a la memoria. Trece años después queda como una evidencia que la Ley se quedó demasiado corta e insuficiente para su propósito. Sin embargo, sí que consiguió que varios procesos comenzaran a andar, como la retirada de simbología franquista o del callejero franquista o, incluso, para servir de impulso a las exhumaciones a través de subvenciones.

El abogado Eduardo Ranz, con la citada Ley en la mano, exigió su cumplimiento en tribunales y juzgados para retirar símbolos de la dictadura o calles que exaltaban al régimen. Paralelamente, también inició la pelea por sacar del Valle de los Caídos a republicanos que habían sido trasladados allí sin permiso de sus familiares, como fue el caso de los hermanos Lapeña o del padre de Mercedes Abril.

Ahora, 13 años después de la aprobación de aquella Ley, Ranz hace balance de estas luchas, de las derrotas y de las victorias en la obra publicada por Catarata No matarás. Memoria civil, un concepto que nace, en palabras del autor, de la unión de Memoria Histórica y Guerra Civil. "Surge a raíz del proceso judicial de los hermanos Lapeña. Había dos opciones: el proceso penal, que es un reproche contra alguien; o el proceso civil, que es el reconocimiento de un derecho. Entendí que este tipo de asuntos tenían que canalizarse a través del segundo", señala.

El expresidente Zapatero dice de usted en el prólogo del libro que es "un pionero en la defensa jurídica de la Ley de Memoria"

Creo que la Ley de Memoria que impulsó el expresidente Zapatero brindó la  posibilidad de acceder a archivos, de impulsar exhumaciones y también abrió la posibilidad a que más gente conociera lo ocurrido y eso fue muy importante. Recuerdo la vista que tuvimos en el juzgado de San Lorenzo por la exhumación de los hermanos Lapeña. Le preguntaron a Purificación que por qué había tardado tanto tiempo en judicializar la petición de sacar a su familiar del Valle de los Caídos. Ella respondió que hasta la entrada en vigor de la Ley, 60 años después de lo ocurrido, no supo realmente lo que había ocurrido ni donde estaban sus familiares. Estuvo 60 años llevando flores a una fosa que resultó estaba vacía. Fue una ley que marca un antes y un después.

Con esa Ley en la mano usted inició múltiples batallas en los tribunales para acabar, entre otras cosas, con el callejero franquista de cientos de localidades en todo el país. 

Inicié más de 500 acciones para la retirada de simbología franquista y calles dedicadas a personas del régimen en más de 100 ayuntamientos. Pero no era mi intención fastidiar la fiesta a nadie. Inicié estos procesos porque entendí que era necesario un ejercicio de dignidad española. Sobre todo en contra de quienes nos traicionaron como españoles.

Otra de las batallas fue por conseguir la exhumación de republicanos del Valle de los Caídos. Consiguió una sentencia judicial que reconocía ese derecho. Sin embargo, todavía no se ha ejecutado pese al compromiso del Gobierno. 

Tengo sensaciones enfrentadas. Por un lado, siento el honor de ser un abogado de toga roja que ha ganado la única sentencia que cuestionó la versión del franquismo y, por otro lado, cinco años después veo que todavía no se ha cumplido la sentencia. Han pasado dos años del PP, dos años del PSOE y todavía no se puede decir que los hermanos Lapeña hayan regresado a su lugar natural, que es Aragón.

Usted trabajaba como asesor de Justicia cuando se produjo la exhumación del dictador del Valle de los Caídos. ¿Cómo recuerda aquel hecho histórico?

Lo importante es que conseguimos un decreto que fue ratificado por los tres poderes del Estado y que se produjo una exhumación con enorme valor simbólico con poca oposición: unos nietos que hoy son abuelos y un Tejero visiblemente envejecido. Personalmente, lo celebré con una botella de cava que compartí con Sánchez Albornoz (preso político en el Valle de los Caídos) y el periodista José María Calleja. Brindamos por la democracia, por la libertad y por resolver esta anomalía democrática. Pero no está todo el trabajo hecho. Todavía falta la exhumación de las víctimas republicanas que siguen secuestradas en el Valle pese al deseo contrario de sus familias.

¿Cómo valora el papel del Ejecutivo en este objetivo de sacar a los familiares que lo han solicitado de la gran fosa común que es el Valle de los Caídos? 

El Gobierno todavía no ha cumplido la sentencia que ordena exhumar a los hermanos Lapeña y yo me niego a creer que una cuestión administrativa o política sea más fuerte que el cumplimiento de los derechos humanos. No se puede ser neutral ante una cuestión de derechos humanos. Hay que posicionarse. No podemos decirle a las víctimas del franquismo, que han sufrido la represión, que después han sufrido el olvido y después las trabas administrativas, que una vez superadas todas estos obstáculos y con una sentencia judicial tampoco se pueden llevar a cabo sus peticiones. Las víctimas no pueden volver a ser víctimas y España debe continuar en su compromiso con los derechos humanos y no retroceder ni un paso. 

Usted afirma en la obra que el Valle de los Caídos es una especie de paraíso fiscal. 

Sin duda. Se paga dinero por entrar. Se anuncia en plataformas como Booking o Tripadvisor como hotel, puedes ir a comer, a hospedarte... y no sabemos nada ni de sus pliegos administrativos, ni del IVA, ni de la contabilidad, ni del pago de la luz o del agua. El Tribunal de Cuentas les ha llamado al orden y a día de hoy la única realidad es que tenemos un paraíso fiscal, que es el Valle de los Caídos, a 50 kilómetros de la capital de España. 

También dice que la Cruz del monumento es la más grande del mundo, pero también la más absurda. 

El Valle de los Caídos es la fosa más grande de España y su Cruz es la más grande del mundo. Pero en mi opinión también es la más absurda de todas. Representa la victoria de los vencedores sobre los vencidos, ambos de una misma nacionalidad. No hay un monumento igual en todo el mundo. Las víctimas que fueron fusiladas fueron secuestradas una vez muertas junto a su asesino. Por tanto, el monumento tiene ahora una forma de interpretar la realidad o la religión completamente absurda.

¿Qué le parece el nuevo Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática?

Creo que se nos agota el tiempo o se nos ha agotado ya. Eso es lo principal. Pero, en mi opinión, hay algunas cuestiones mejores que otras. La joya de la corona es que la Ley facilitará las exhumaciones y el Estado se hará cargo de ellas. Esperemos que lo logren porque no hay tiempo. También introduce plazos y sanciones para las instituciones que se nieguen a retirar la simbología franquista. No creo que sea el camino más recomendable, pero la retirada de la simbología es un ejercicio de dignidad que tampoco puede seguir esperando. 

Por partes. Como aspecto positivo destaca el impulso a las exhumaciones.

Sí. Creo que lo más importante es que el Estado asume la responsabilidad de las exhumaciones. No olvidemos que el Estado es responsable de lo que ocurrió y, por tanto, es el Estado el que tiene que mitigar ese dolor y reparar a las víctimas. Nadie va a recuperar su situación anterior, pero la democracia solo puede avanzar si se procede a la reparación de las víctimas y a sentar las bases de las garantías de no repetición. Así se demuestra que la Memoria es un ejercicio de futuro. Los estudiantes que ahora mismo están en la universidad tienen una inmensa responsabilidad: hay cosas que no pueden volver a ocurrir y que tienen que conocer.

¿Y qué le criticaría a este Anteproyecto?

En mi opinión hacen falta tres cosas. En primer lugar, creo necesario que el Ministerio de Defensa pida disculpas porque fue el Ejército el que lo ocasionó todo. En segundo lugar, creo que hace falta un gran acto del presidente del Gobierno en el Valle de los Caídos y es que todos los relatos del Valle han sido contados antes de que llegara la democracia. En tercer lugar, necesitamos un gran reconocimiento histórico a todas aquellas mujeres que fueron violadas, torturadas o represaliadas de diferentes modos como fue el robo de bebés. Estos son los tres actos más o menos simbólicos que creo que se necesitarían para dar cumplimiento a los derechos humanos.

¿Y el acceso a la justicia de las víctimas? Hay dudas de si con esta nueva Ley se pueda vivir en España un proceso judicial como el abierto en Argentina, que investiga los crímenes del franquismo. 

La mayor parte de los represores han fallecido de forma natural y sin ser condenados. La justicia debe cumplir con el deber de investigar. Después de haber investigado ya se podrá dilucidar si se puede abrir una causa o no para enjuiciar a un presunto culpable, pero antes hay que cumplir con el deber de investigar conforme a lo que establece el derecho internacional. Este capítulo no se está cumpliendo en los juzgados españoles. España es de los pocos países que no ha procedido a enjuiciar y, por tanto, no ha otorgado una verdad judicial a las víctimas. Esto no ocurre ni en Alemania ni en Argentina ni en Chile. 

¿Qué le parece que Argentina haya tomado declaración al exministro de la Transición Rodolfo Martín Villa? 

La declaración de Martín Villa fue prestada de manera voluntaria. Por tanto, no se puede considerar que el Gobierno de España o la Audiencia Nacional hayan apoyado a la única causa abierta en el mundo que investiga los crímenes del franquismo. No obstante, en mi opinión, el gran éxito de la querella argentina fue la exhumación de Timoteo Mendieta. Su hija Ascensión tuvo que viajar a Buenos Aires con 87 y llegó a Argentina con 88. 

¿Se debe continuar aquí el trabajo que inició Argentina?

La jueza Servini sigue con su instrucción abierta gracias al principio de jurisdicción universal, que lo tienen en su ordenamiento jurídico heredado de nosotros y nosotros lo eliminamos en 2014. Tenemos que fijarnos más en la lección de derechos humanos que nos han dado nuestros hermanos argentinos y olvidar unas instrucciones que solo han servido para dar amparo a los tortutadores.