Bruselas ha abierto la caja de pandora de las discusiones para revisar las normas de estabilidad presupuestaria que los Veintisiete tienen que cumplir. La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que abre un diálogo con las capitales que durará hasta el verano sobre cómo simplificar las reglas y si hay espacio para una mayor flexibilidad, sobre todo para permitir el gasto en inversiones verdes.

El actual sistema de control ha recibido múltiples críticas por su complejidad, algo que reconocen los propios técnicos de la Comisión. La demanda de simplificación ha sido también una de las banderas de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que se ha quejado en repetidas ocasiones de que las reglas incluyen variables no observables que “no reflejan la realidad económica de España”.

Se espera que las divisiones entre los países del norte y el sur se hagan patentes en las discusiones que se abren ahora. Es previsible que los países del sur, como España, Portugal e Italia demanden que las normas sean más flexibles, y que las inversiones verdes no cuenten para el cálculo del déficit. Algo que los países del norte, los llamados frugales, a priori rechazan. Es decir, sí, se hablará de flexibilidad, pero para conseguirla el Sur tendrá que convencer al Norte, y seguramente realizar concesiones. No hay nada garantizado.

A pesar de las curvas que se divisan en el horizonte, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni se ha mostrado confiado en que la discusión sea “constructiva” y “orientada hacia resultados”. A la vez, ha animado a las capitales a que “tengan ambición” para “reducir las diferencias” que hay entre las economías de los diferentes países. “No es un ejercicio técnico, se trata de empleos, bienestar y de protección de nuestras comunidades”, ha concluido.

Uno de los caballos de batalla que impulsarán los países con menos deuda será el de las sanciones más automáticas. La Comisión estudia rebajar las multas a las que se arriesgan los indisciplinados, que ahora pueden alcanzar el 0,2% del PIB de un país (unos 2.000 millones de euros en el caso de España).

Así, los técnicos de Bruselas pretenden que las multas sean más realistas, quizá simbólicas. “Son tan grandes que son políticamente difíciles de imponer”, reconocía una fuente comunitaria este martes. Tanto que la Comisión nunca las ha llegado a ejecutar contra ningún país, a pesar de las amenazas que, por ejemplo, recibió el Gobierno durante el mandato de Mariano Rajoy en 2016.

Además de abrir un diálogo con las capitales, Bruselas organizará talleres y seminarios para recabar las opiniones al respecto de eurodiputados, los parlamentos nacionales, instituciones fiscales independientes, y académicos.

10 años bajo la lupa de Bruselas

La Comisión ha realizado además un ejercicio de evaluación del funcionamiento de las normas de estabilidad que tienen que seguir los presupuestos nacionales. Los técnicos de Bruselas opinan que estas normas “han contribuido a conseguir la estabilidad” en países como España y otros países del sur, pero reconocen que “hay preocupaciones sobre los niveles de déficit y deuda en algunos estados”.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, establecido en 1997, poco antes de la adopción del euro, fija límites del 3% para el déficit anual de los países miembros, y un límite del 60% de deuda estructural respecto al PIB. Pero Bruselas introdujo cláusulas de flexibilidad durante la crisis financiera, ya que muchos de los países de la UE superaron esos umbrales. Fuentes comunitarias se muestran satisfechas del resultado que han producido estos cambios, pero reconocen que esas mismas cláusulas introducen complejidades en el sistema, que ahora los Veintisiete tratarán de corregir.

Gentiloni ha lamentado además que las reformas del Pacto no han sido capaces de animar a la inversión pública, que de hecho ha bajado en los últimos diez años, de manera que los países puedan contrarrestar períodos de dificultades transitorias con programas de gasto. Dicen además que algunos países no han conseguido “aprovecharse de los buenos tiempos para tomar espacio fiscal” -en referencia, aunque sin nombrarlos, a países como Grecia, Italia o Portugal, que tienen las tasas de deuda más altas-.

Las cuentas españolas han sido las que más tiempo han estado bajo la lupa de Bruselas. España pasó 10 años en el llamado el llamado brazo correctivo del proceso de déficit excesivo hasta que salió el año pasado, después de que en 2018 se registrara una cifra de déficit del 2,5%, y de que, según las previsiones de Eurostat, el déficit vaya a seguir en una senda descendente en los próximos años.  Aun así, los técnicos comunitarios siguen vigilando las cuentas de España para asegurarse de que cumple sus objetivos a medio plazo, como parte del brazo preventivo del instrumento de control.