Coincidiendo con la celebración del día internacional del cooperante, el personal laboral expatriado de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) se ha puesto en huelga en todos los países en los que trabajan por la calidad de la cooperación española y la dignificación de sus condiciones laborales.

Este colectivo, formado por 183 profesionales que trabajan en las Oficinas Técnicas de Cooperación en 29 países en desarrollo, sufre desde 2009 la práctica congelación de sus salarios, a diferencia del resto de personal funcionario en el exterior, quienes cuentan con indemnizaciones que corrigen anualmente la pérdida de poder adquisitivo y calidad de vida. “Nuestros salarios, debido a los procesos inflacionarios en los países en que vivimos y a la fluctuación del tipo de cambio del euro, valen hoy en algunos casos hasta un 60% menos de lo que valían en 2008”, aseguran.

Con esta huelga no reivindican un aumento de sueldo, sino la aplicación de las mismas medidas compensatorias que ya están tipificadas y sirven para otros colectivos de la Administración General del Estado en el exterior.

Además, en 2012 el Gobierno decretó la anulación del pago de billetes de avión anuales a España para todo el personal en el exterior, sin distinciones. Esta medida ha impactado más crudamente en este personal, por la misma precariedad económica. “Como consecuencia, para muchos de nosotros y nosotras se ha producido un destierro de hecho y la ruptura de nuestros lazos con España. En las actuales circunstancias, muy pocos podemos permitirnos viajar con nuestras familias una vez al año a ver a familiares y amigos”.

A diferencia de otros colectivos de trabajadores españoles en el extranjero, al personal laboral de AECID no se le aplica ninguna de las exenciones fiscales previstas en la ley del IRPF a los residentes en el exterior. “Pagamos impuestos y no disfrutamos de ninguno de los beneficios de las y los contribuyentes españoles”.

“También estamos sometidos a un sistema de movilidad entre países que no cuenta con regulación transparente ni incentivos, lo que implica que cada traslado nos genera un grave perjuicio económico. Los tribunales han calificado la última rotación obligatoria de responsables de Programas realizada en 2013 por AECID como abusiva y contraria a la buena fe contractual. Queremos un sistema de traslados previsible y no arbitrario. Al respecto y hasta la fecha, el diálogo con la Administración se ha mantenido en los juzgados”, explica el colectivo.

Un 40% del personal ha dejado el trabajo

En estas circunstancias, en los últimos años un 40% de la plantilla ha dejado la institución o busca hacerlo próximamente por precariedad laboral y falta de incentivos profesionales.

“Desde 2007, año de creación de nuestras plazas como contratados laborales por la Administración, la AECID sigue sin contar con una política de recursos humanos que consolide nuestro cuerpo técnico especializado en cooperación, establezca nuestra carrera, incluyendo un sistema de promoción profesional y reconozca nuestras necesidades laborales. La ausencia de esta política ha dado lugar a que, durante estos diez años, nuestra única vía de resolución de conflictos haya sido la judicial, a pesar de los reiterados llamados al diálogo y al entendimiento realizados por el colectivo”, aseguran.

En definitiva, este personal denuncia el trato injusto al que es sometido por la ineficaz gestión de recursos humanos de esta institución, que es solo un reflejo de la escasa calidad de la política de cooperación para el desarrollo de España, que tras 26 años de pertenencia al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, sigue sin encontrar un rumbo coherente con los principios internacionales de eficacia, eficiencia y transparencia.