MADRID.— España es uno de los 14 Estados de la Unión Europea (UE) que se ha negado a proporcionar información a los europarlamentarios que investigan los pactos fiscales a la carta —y secretos— entre las autoridades fiscales de países europeos y las multinacionales para que éstas paguen menos impuestos. Estos pactos, conocidos como tax rulings, son más o menos habituales en la UE, pero fue el escándalo Luxleaks en el que puso esta práctica bajo el foco de la sospecha.

Hace once meses, en noviembre de 2014, saltó a la luz el Luxleaks: se supo entonces que hasta 340 grandes empresas internacionales habían firmado acuerdos secretos con el Gobierno luxemburgués, presidido entonces por Jean-Claude Juncker, actual presidente de la Comisión Europea, para pagar menos impuestos y obtener importantes deducciones en ese pequeño país. El nivel de impunidad fiscal que ofrecía Luxemburgo no tenía, sin embargo, parangón en otros Estados. Por ello, la noticia causó mucho revuelo e indignación. 

Frustrada la comisión de investigación que pidieron algunos grupos del Parlamento Europeo, 45 eurodiputados empezaron a trabajar hace unos meses en el Comité Especial Taxe, un grupo de trabajo del Parlamento Europeo que pelea por revelar los entresijos de un caso que está pasando de puntillas por las instituciones europeas y que vuelve a poner en evidencia, una vez más, el secretismo, la falta de transparencia y la opacidad con la que actúa la UE.

Pero desde que la Comité Especial TAXE se puso en marcha todo han sido zancadillas y piedras en el camino para torpedear su trabajo. El último episodio es revelador en ese sentido: el grupo de Los Verdes / ALE en el Parlamento Europeo denuncia que no sólo 14 Estados de la UE ocultan información que se les ha pedido (además de España están Bélgica, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Rumania, Eslovenia, Suecia y el Reino Unido); es que la escasa información que sí han proporcionado otros 14 Estados sólo puede ser consultada en condiciones que recuerdan más al siglo XIX que al XXI.

La Comisión Europea estuvo dando largas durante meses y en un principio se negó a proporcionar cualquier información reclamada por el Comité Especial TAXE. Finalmente ha accedido a dar una información muy restringida, pero no ha obligado a los Estados miembros de la UE a hacerlo. El Comité Especial TAXE había pedido documentación entre los años 1998 y 2010, pero la Comisión Europea sólo permite consultar documentos del año 2010 en adelante. Sobre la petición respecto a años anteriores no ha respondido aún, señalan Los Verdes. 

Según Los Verdes, la Comisión Europea pondrá a disposición de los parlamentarios durante un breve período de dos semanas sólo una parte de la documentación fiscal reclamada por el Comité Especial TAXE. Además, sólo "se permitirá a algunos eurodiputados" visitar una sala secreta donde tendrán seis horas para leer los 25 documentos, con un total de 800 páginas, que Bruselas permite consultar. Los eurodiputados no podrán acceder a la sala con un móvil, cámara o grabadora; tampoco podrán copiar los documentos, ni tan siquiera tomar notas. Tampoco podrán recibir ninguna asistencia externa, y sólo podrán consultar la información disponible en horarios fijados de antemano —de 9.00 a 13.30 horas y de 14.00 a 17.30 horas todos los días laborables— y fiarlo todo a su capacidad de memoria. El plazo para visitar la sala es de una semana y termina el próximo lunes 26 de octubre.

"La Comisión Europea está socavando el derecho del Parlamento Europeo acceder a los documentos", denuncia el grupo de Los Verdes

Para el eurodiputado de ICV y miembro del comité especial TAXE, Ernest Urtasun, las condiciones en las que se han podido escrutar los documentos solicitados ha sido "una auténtica ofensa y una falta de respeto al Parlamento como institución democrática". Los Verdes van más allá y en su nota de prensa denuncian que "la Comisión Europea está socavando el derecho del Parlamento Europeo acceder a los documentos, por lo que no tenemos más opción que aceptarlo. Pero queremos dejar claro que esa postura es ridícula".  

Los Verdes aseguran que se está ocultando mucha información esencial para avanzar en su investigación y que así "será imposible que el Parlamento Europeo pueda cumplir su mandato de determinar si alguna legislación europea se ha incumplido en el pasado". 

"Es un escándalo que 14 estados no hayan aportado la información confidencial solicitada. Comenzado por el Estado Español y siguiendo por países que están en el centro de la investigación como Luxemburgo, Bélgica, Holanda y Reino Unido", lamentó este jueves Urtasun que considera que este incumplimiento" es una clara vulneración de los derechos del Parlamento Europeo, tal y como han demostrado los propios servicios jurídicos".

Los eurodiputados del Comité Especial TAXE apuntan directamente a Jean-Claude Juncker por la falta de transparencia. La nota de prensa de Los Verdes es clara en sus reivindicaciones: "Tenemos derecho a saber. Se debería apoyar el Parlamento Europeo en sus investigaciones y proporcionar las actas y otros documentos que estamos solicitando. Como Verdes, hacemos un llamamiento a Juncker para que tome esta decisión crucial y que realmente quiere luchar contra la evasión del impuesto de sociedades.

Pero de momento, al igual que ocurre con el TTIP, la Comisión Europea prefiere la opacidad y la ocultación a la transparencia.