La subasta de licencias de energía renovable celebrada este martes en el Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica) ha dejado en evidencia tanto el disparatado sistema de fijación de los precios de la electricidad que se utiliza en España como la actitud de una parte del llamado oligopolio eléctrico, que ha rechazado participar en este modelo con argumentaciones variadas cuando la causa real es que, simplemente, le sale más rentable seguir participando en el pool.

Los resultados de la subasta arrojaron para las plantas de generación de energía eólica y fotovoltaica que entraron en la puja unos precios medios garantizados para la venta de esa electricidad al por mayor de 30,50 euros por megawatio.hora (Mw), una cotización que se sitúa casi siete veces por debajo de los 207,92 de promedio que marca para este jueves el mercado mayorista español, según los datos de OMIE, el Operador del Mercado Ibérico de Electricidad.

La horquilla del mercado mayorista para el jueves va de los 180,59 euros a los 250 por Mw, un abanico que multiplica por entre cinco y siete el registrada en la subasta, en la que las cotizaciones de la eólica se situaron entre los 24,40 y los 34,90 euros por Mw y las de la fotovoltaica entre los 27,90 y los 36,68.

Las 26 empresas que resultaron adjudicatarias de permisos para desarrollar 92 parques de energía verde tienen garantizada la venta de la electricidad que generen en ellos en el mercado eléctrico con esos rangos de precio, superiores a los de anteriores convocatorias y más acordes con el actual escenario de precios mayoristas elevados, aunque notablemente inferiores a los que estos últimos llevan registrando desde el comienzo del verano.

"El precio dice mucho, ya que las empresas consideran que esas valoraciones les suponen un justo pago para operar", explica María Pardo, responsable de energías renovables de Greenpeace, para quien esas cotizaciones "dicen mucho también de la distorsión que tenemos con el precio mayorista de la luz". "Las renovables lanzan el mensaje de que a 30 euros por megawatio se ven pagadas. No tiene sentido pagar 200", añade.

Los precios de producción y los del ‘pool’

Los precios son propuestos por las empresas que concursan en la subasta de renovables, lo que indica que responden a sus cálculos de rentabilidad para esas instalaciones.

Por eso su diferencia con los del mercado mayorista, que arrastran al alza los que soportan los consumidores y las empresas en sus recibos, pone en evidencia lo disparatado del actual sistema de precios.

Eso también confirma a la energía verde como una fuente barata, o cuando menos más barata que otras como las fósiles, que tiran al alza del resto, o como la hidráulica y la nuclear, que hinchan las cuentas de resultados de las grandes compañías como consecuencia de los beneficios caídos del cielo, consistentes, básicamente, en vender la producción de sus amortizadas instalaciones con los mismos precios que alcanza la generada quemando gas, que es la de mayor coste hoy por hoy.

No obstante, esa inflamación de las valoraciones finales también se da para la electricidad producida con aire y luz solar que entra en las ofertas horarias del mercado mayorista o de pool, mientras que la garantizada en las subastas tiene el precio tasado.

¿Qué ha hecho el oligopolio en la subasta?

La participación, o no, de las principales empresas energéticas españolas en la subasta de renovables ha supuesto pocas sorpresas para los observadores del sector eléctrico.

Acciona, que solo ha pujado en una de las tres convocatorias anteriores, tampoco lo ha hecho ahora, una posición en la que le han acompañado Endesa e Iberdrola, cuya participación previa ya había sido más bien escasa. ¿Para qué van a ir a un sistema donde pueden garantizarse un precio de menos de 40 euros por Mw cuando la media de los últimos cinco años en el ‘pool’ es de 46 y cuando lleva semanas por encima de 150?

Fuentes de Endesa confirmaban a Europa Press que su "posición corta en producción respecto a la cartera de clientes" les "obliga a comprar en el pool", por lo que orientan "prioritariamente" su estrategia a promover su propia generación para suministrar a largo plazo a sus clientes. Es decir, que tienen más demanda que producción y tratan de abastecerla con megawatios propios, cuya cotización depende del mercado mayorista.

Desde Iberdrola, por su parte, señalan que "la incertidumbre regulatoria" les ha hecho replantearse sus inversiones en renovables en España. Según los datos remitidos hace unos días a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), casi la quinta parte de la electricidad (8,9 millones de Mw de 45,5) que la compañía ha generado en lo que va de año en el país tenían origen eólico o solar.

Esos posicionamientos contrastan con los realizados por Repsol y por Naturgy: la primera marcó la oferta más baja de la eólica con 27,90 euros por Mw y la segunda hizo lo propio en la fotovoltaica con 29,75.

¿Cuáles han sido los resultados de la subasta?

Finalmente, apenas un mes después de la convocatoria, el Miteco ha adjudicado 3.124 Mw de energía renovable. 2.258 eólicos y 866 fotovoltaicos, tras recibir ofertas de 61 empresas que sumaban más de 5.100.

Su desarrollo movilizará inversiones por valor de 3.000 millones y "se traducirá en ahorros directos en la factura de la luz" para familias y empresas al haber sido adjudicados en su totalidad "a un precio por debajo de mercado", señaló el Miteco en un comunicado, en el que añade que "la incorporación de 3.124 MW al sistema, permitirá reducir el coste de producción de electricidad" al tirar a la baja de los precios mayoristas, y evitará la emisión a la atmósfera de gases equivalentes a tres millones de toneladas de CO2.

Sin embargo, la subasta también ha incluido dos pinchazos: solo se han adjudicado 21,95 de los 600 Mw de energía ‘acelerada’ que debía comenzar a entrar en la red en septiembre del año que viene, y únicamente se han asignado 5,7 de los 300 reservados para proyectos locales impulsados por cooperativas, ayuntamientos y comunidades energéticas de pymes, familias y agricultores.

"No se ha cubierto toda la potencia, y el apartado de la acelerada ha sido un fracaso", señala Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, que destaca que, con la excepción de esos pequeños paquetes, el, grueso de la energía adjudicada no empezará a llegar a la red antes de octubre de 2023.

Fuentes del propio ministerio admitieron que en este bloque se ha producido "una respuesta menor de la prevista", en parte por lo precipitado de la convocatoria para entidades con poca capacidad de maniobra. No obstante, el Miteco confirma la decisión de mantener una reserva para proyectos locales y comunidades energéticas en las próximas subastas.

¿Ha habido ganadores?

Formalmente, los adjudicatarios de los principales paquetes han sido Capital Energy, que se ha llevado 1.548 Mw, y Forestalia, que se ha hecho con otros 777,9: las dos empresas que han revolucionado el sector eléctrico español con su irrupción a partir de 2017 copan tres cuartas partes del total de la energía asignada.

Sin embargo, el hecho de que, pese a los amplios cartapacios que han ido colocando a fondos de inversión y a compañías energéticas, ninguna de ellas haya pujado por los paquetes que debían entrar en servicio el año que viene apunta a que "muchos de esos proyectos todavía no existen o no tienen suficiente madurez administrativa", anota Ferrando.

"No es bueno que unas pocas empresas se lleven el grueso de la subasta. Eso entraña el riesgo de cambiar un oligopolio por otro. Tiene que haber libre concurrencia, sin trabas como la exigencia de avales elevados, para que haya más competencia", anota Prado.

La responsable de energías renovables de Greenpeace llama la atención sobre cómo el actual modelo de subasta favorece las maniobras especulativas y de carácter burbujeante que convierten los permisos en productos financieros que se acaban vendiendo a fondos de inversión y empresas energéticas sin que los beneficios económicos lleguen al territorio, que por el contrario sí sufre el impacto de las instalaciones en un proceso que está encontrando una fuerte contestación en el ámbito local.

"Evitar eso sería tan sencillo como poner cláusulas de participación local, que es algo que se hace en otros países", explica Pardo, que sugiere algunas como la intervención en la planificación de los desarrollos, la promoción de las comunidades energéticas o la posibilidad de acceder a beneficios directos en el recibo de la luz y de aplicarlos a los sectores más vulnerables de la población.