Tras dos años de prórroga, ya que la anterior había finalizado en 2020, el Govern, sindicatos y patronales han sellado el Pacto Nacional para la Industria en Catalunya (PNI) para el periodo 2022-2025, que prevé una inversión que puede llegar a ser de 3.270 millones de euros si se obtienen los 453 condicionados en los fondos europeos Next Generation. Aunque el acuerdo se compromete a incrementar la financiación por este ámbito, los sindicatos y los economistas instan a que este documento marco, que dibuja las líneas maestras de la política industrial catalana para los próximos tres años, vaya más allá de esta declaración de intenciones en forma de cifras. Para hacerlo posible, priorizan que el PNI anteponga y desacople las inversiones estructurales de los períodos legislativos y apueste de una forma decidida por el despliegue de las energías renovables. 

Aunque el pacto ya nace en un contexto muy diferente al del período de negociaciones -mientras tanto ha estallado un conflicto bélico en Ucrania, se ha agravado la falta de suministros y se ha disparado la inflación-, el PNI detalla 150 acciones, entre las que destacan la voluntad de incrementar las exportaciones industriales hasta los 90.000 millones o alcanzar la cifra de 510.000 afiliados a la Seguridad Social en el sector -en 2019 había menos de 490.000-. Sostenibilidad, digitalización, ocupación de calidad, suelo industrial y financiación son algunos de los ejes sobre los que pivota.

En un reciente encuentro con alcaldes y alcaldesas de la demarcación de Barcelona, la directora general de Industria, Natàlia Mas, destacó el papel que debe tener esta herramienta para "mejorar la base de la economía catalana, aumentando la competitividad del sector y contribuyendo a la vertebración del territorio". En este sentido, Mas añadió que el PNI prevé la transformación de la actividad productiva en términos de sostenibilidad, digitalización, innovación e internacionalización, abordando también la formación con el incremento de la FP dual, el aumento de la participación de las mujeres en el sector y el apoyo al emprendimiento, entre otros objetivos.

Soberanía industrial y transición justa

En una primera valoración del acuerdo, el sindicato CCOO Catalunya enfatiza que éste se haya alcanzado en el marco de un contexto de transformación de la industria, con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente como vectores principales. Su secretaria de Acción Sindical, Cristina Torre, recuerda que uno de los retos es que el sector industrial en Catalunya suponga el 30% del PIB en ocho años, cuando ahora se sitúa ligeramente por encima del 20%. "Detrás del pacto existe la necesidad de generar un empleo más estable y de calidad, ya que la pandemia ha hecho ver que se debe relocalizar la producción y abandonar el modelo de dependencia de fabricación en países terceros a un bajo coste".

Al igual que en el ámbito energético se está empezando a hablar de autosuficiencia, Torre aboga por una soberanía industrial, en la que "las transformaciones tecnológicas que requieren nuestras empresas se hagan con una transición justa, inversiones en formación y en seguridad laboral para que los trabajadores no se queden atrás y con una mejora de sus condiciones laborales". Además de la importancia de volver a producir los bienes esenciales cerca de casa, la responsable sindical cree vital que se intensifique el despliegue de las renovables, especialmente para las empresas. "Debemos garantizarlas para las industrias, sobre todo en las naves de los polígonos, porque no podemos permitirnos este retraso en el desarrollo de instalaciones en Catalunya".

Como deberes para la Generalitat, Cristina Torre pide que se vuelva a generar conocimiento a través de la formación continuada y el reciclaje y la recalificación profesional en puestos de trabajo que forman parte de "proyectos industriales sustitutorios en zonas de fabricación que han perdido empleo a consecuencia de la transformación del sector". El déficit, según precisa, está en ámbitos como la fabricación de semiconductores o en la producción de hidrógeno verde.

Un pacto flexible

"La Generalitat debe tomarse el pacto como un acuerdo de país. De momento, la letra es interesante, pero debe sonar bien la música". Es el análisis que hace el secretario técnico del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC), Àngel Hermosilla. Para Hermosilla, resulta positivo que el nuevo PNI haya surgido del consenso entre los agentes sociales y empresariales, además de la voluntad de la Administración de profundizar en la sostenibilidad, la digitalización, la innovación y el capital humano, pero también reivindica que "se incorpore con una dotación suficiente en los Presupuestos de la Generalitat". Aunque el acuerdo llegue en un momento complicado desde el punto de vista de la política global, desde el Col·legi d'Economistes interpretan positivamente sus objetivos. Al igual que los sindicatos, pide que se cumplan los compromisos, aprobándolo en el Parlament para que se blinden sus propósitos.

La intención es que no se vuelva a repetir la secuencia del pacto anterior, caducado desde diciembre de 2020. Se trata de introducir, tal y como aseguran economistas y sindicatos, mecanismos que permitan la gobernanza y seguimiento trimestrales de los compromisos alcanzados. Además, la aspiración es que éste sea lo suficientemente flexible como para que incorpore en sus cálculos, a pesar de su carácter estratégico, los cambios en el contexto global, como el encarecimiento de las materias primas, los alimentos o la subida de la inflación.