La nueva ley concursal tiene poco más de cuatro meses y ya se está poniendo a prueba a medida que la economía se ralentiza, por lo que empresas y autoridades confían en que ayude a reducir los elevados índices de quiebra.

La reforma ha racionalizado y acelerado el proceso de reestructuración de la deuda. Se trata de una cuestión vital en España, donde las cifras de Eurostat muestran que las declaraciones de quiebra de empresas aumentaron un 66% en el tercer trimestre de 2022 con respecto al anterior, frente a un aumento medio del 16% en la Unión Europea.

En este contexto, destaca el caso de Celsa. El plan de reestructuración de la empresa, mayor grupo industrial no cotizado de España con una deuda de unos 2.800 millones de euros (3.040 millones de dólares), se encuentra en los tribunales.

Se trata de una prueba de fuego para la nueva ley, considerada por los expertos jurídicos como la joya de la corona de un paquete de reformas que entró en vigor en septiembre.

Las señales de que las reformas están funcionando podrían impulsar la inversión en la cuarta mayor economía de la zona euro y ayudar a amortiguar una recesión. El Banco de España ha recortado sus previsiones de crecimiento para 2024.

"El problema que tú tienes en España con la reestructuración de una empresa es que se tarda mucho hasta que se lleva a cabo porque los jueces están desbordados (...) y no puedes dejar a una empresa con problemas financieros dos años sin tomar decisiones", dijo José Carlos Díez, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares.

"Lo que va a intentar la ley es entrar en ese proceso, en preconcurso resolver el problema para no llegar a concurso", añadió Díez, exmiembro del panel de expertos del Banco Central Europeo sobre economía europea. Cuando el COVID activó los confinamientos en marzo de 2020, la obligación de declararse en quiebra se suspendió hasta junio de 2022 para evitar una avalancha de bancarrotas.

Muchas empresas solicitaron activamente financiación estatal durante la pandemia, pero algunos economistas temían que la moratoria ocultara empresas "zombis" que en circunstancias normales deberían haber sido liquidadas.

El año pasado cerraron sus puertas más de 26.200 empresas, lo que supuso un incremento de un 10,1% respecto 2021, y la cifra más alta desde que se empezaron a recopilar datos oficiales en 1995.

A prueba

En diciembre, un plan de reestructuración de la empresa española de distribución de alimentos congelados Xeldist Congelados aprobado por un tribunal le permitió recibir capital nuevo y salvar puestos de trabajo, en un primer éxito de la nueva ley.

Ahora la atención se centra en Celsa, mucho mayor, atrapada en una batalla entre acreedores y accionistas que han sido incapaces de llegar a un acuerdo para reestructurar la deuda, dijeron dos fuentes con conocimiento del asunto.

La nueva reforma permite implementar un plan aunque las partes no lo pacten.

Los acreedores de Celsa proponen recortar la deuda en unos 1.290 millones de euros y tomar el control de la firma, al tiempo que se crearía un nuevo contrato para la deuda restante, añadieron las fuentes.

Un experto de la consultora Lexaudit designado por el tribunal evaluará en breve si el plan es sostenible antes de una resolución judicial este trimestre o el próximo, según las fuentes.

"El caso de Celsa demuestra que los acreedores pueden presionar para lograr un plan de reestructuración y solicitar el nombramiento de un experto para ayudar en las negociaciones", dijo Juan Verdugo, socio del bufete de abogados Garrigues. "Si tiene éxito, demostrará que el nuevo plan cambia drásticamente la dinámica, ya que muchas de las palancas que tenía el deudor en el pasado pierden fuerza".

"Se pretende que las empresas o unidades de negocio viables no se vayan al traste, sino que se encaminen a un plan de reestructuración capaz de potenciar las posibilidades de prosperar, en lugar de limitarse a la liquidación", dijo Javier Zuloaga, socio responsable de procesal y concursal España de la consultora KPMG.

Marcar la pauta

Un resultado satisfactorio para Celsa podría marcar la pauta para otros.

En el cuarto trimestre de 2022 el número de deudores concursados subió un 86,4% respecto al mismo período del año anterior, y un 78,4% respecto al trimestre anterior, según datos del Colegio de Registradores de España.

Según Verdugo, las cifras confirman que 2022 terminó con más de 7.000 concursos de acreedores, algo que no se veía desde 2013, el peor momento de la crisis inmobiliaria.

La nueva ley permite que "España esté mejor preparada para gestionar esta oleada de insolvencias sobre empresarios y acreedores, para que se den cuenta de que no deben esconder la cabeza bajo el ala", añadió.

España se está poniendo al día después de que en 2019 la UE pidiera a los Estados miembros que mejoraran sus instrumentos de reestructuración. Mientras algunos, como Alemania, actuaron con rapidez, España e Italia solicitaron una prórroga de un año.

Pero más vale tarde que nunca. "Los próximos seis a doce meses serán muy importantes para desarrollar la ley y demostrar que hay coherencia y certidumbre", dijo Josu Echeverría Larrañaga, socio de la consultora PwC. "Esto ayudará a atraer a nuevos inversores, sobre todo fondos para los que será más fácil hacerse con el capital de una empresa en reestructuración".

La reforma es un buen augurio para la inversión a largo plazo, impulsada por el Fondo de Recuperación de la UE, creado para contribuir a la reactivación tras la crisis.

"Estamos observando un dinamismo en los mercados españoles y una fuerte inversión en los dos últimos años", afirmó Micaela Forelli, directora general para Europa de M&G Investments. "Esto es en parte un reflejo de las reformas que se han llevado a cabo; una mano de obra más joven también está ayudando".