"Se puede estar dando la convivencia de los procesos de regularización del empleo público con otros de contratación de refuerzos para algunos servicios, pero estas últimas contrataciones ya no pueden hacerse de manera irregular sino que deben cumplir las nuevas condiciones", explican fuentes de la FeSP (Federación de Empleadas y Empleados de Servicios Públicos) de UGT.

Esas condiciones, implementadas a partir de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE ) (TJUE) que condenaron a España a acabar con la situación de inestabilidad de los 800.000 trabajadores que ocupaban plazas de las administraciones como interinos, a menudo encadenando contratos durante años y en ocasiones más de una década, contemplan la estabilización de los puestos ya existentes y limitan la existencia de empleos de refuerzo a un máximo de dos años, plazo a partir del cual esos puestos pasan a considerarse estructurales y deben ser cubiertos mediante un concurso. 

Sin embargo, esos procesos de estabilización, iniciados en diciembre del año pasado, no van a estar cerrados hasta finales de 2024. Y eso ha permitido a las administraciones batir sus propias marcas de precariedad y de temporalidad en el empleo público, en un fenómeno que se está dando con mayor intensidad, si cabe, en las comunidades autónomas, que gestionan el grueso de las plantillas institucionales por las competencias en sanidad y en educación.

Según indican los datos de la media anual de la EPA (Encuesta de Población Activa) que elabora el INE (Instituto Nacional de Estadística), más de tres cuartas partes de los empleos públicos creados el año pasado en España, 30.400 de 39.500 (77%), fueron cubiertos con contratos temporales, una proporción que superaba el 90% en el ejercicio anterior y que alcanzó el 46% en 2020, lo que sitúa la media en el 76,8% desde el inicio de la pandemia y eleva la tasa de temporalidad por encima del 31%.

"Solo en sanidad se tienen que estabilizar más de 80.000 plazas en esos procesos que finalizan en 2024", explica Jesús Jordán, responsable de Empleo de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO, que considera desmesurada la presencia de "personal eventual e interino en puestos estructurales".

El recuento realizado por el sindicato arroja, a falta de los datos de Castilla y León, un balance de 79.875 puestos, 48.835 por concurso de méritos (con ventaja para los interinos) y 31.040 por oposición, con los principales bloques en los 14.316 de Andalucía, los 12.000 de Canarias, los 9.577 de Madrid, los 9.252 de la Comunitat Valenciana y los 7.648 de Catalunya, que suman dos tercios del total.

"Seguramente estamos hablando de que hay que consolidar más de 100.000 plazas de empleo público", señala Jordán, que recuerda cómo el anterior proceso de estabilización, el de 2017-2018, afectó a 96.812 puestos.

"Ahora estamos ante una foto fija. Los procesos están en marcha y va a pasar un tiempo antes de que se perciba esta estabilización, pero las contrataciones ya nacen con los requisitos de la nueva regulación y esa normativa va a evitar que vuelvan a darse esas irregularidades", anotan fuentes de UGT, que remarcan que "el objetivo es eliminar las bolsas de temporalidad y evitar que se creen otras nuevas. Las medidas darán su fruto, pero eso no va a ser algo inmediato sino que se verá con los procesos de regularización que ahora empiezan".

No obstante, la imagen que el sector público proyectaba al cierre del ejercicio de 2022 es la de un refugio para la precariedad en el que la evolución de la temporalidad contrasta con la que se está dando en el sector privado tras la entrada en vigor de la reforma laboral a finales de 2021, en un proceso que ha resultado clave para el mantenimiento del consumo y, con él, de la actividad económica.

La tasa de temporalidad avanzó casi un punto para situarse en el 31,41%, con lo que el sector público cierra un aumento de más de diez puntos, que equivalen a un incremento relativo del 50% en solo ocho años desde el 20,18% de 2014, cuando tocaba fondo la 'gran recesión' derivaba del estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera y de deuda.

En ese mismo periodo, la tasa de temporalidad del sector privado pasaba del 24% de 2012 al 18,5% de 2022, con una reducción de casi seis puntos que tuvo su mayor escalón en los cinco recortados el año pasado en relación con el anterior, cuando el indicador cerró en el 23,5%.

En esa década, la evolución del empleo público, en el que el peso de las comunidades autónomas supera claramente con un 59,21% a la suma de la Administración estatal (18,87%) y las locales (21,92%) según los datos del Ministerio de Hacienda, tuvo una fase inicial de tres años de recorte de plantilla en la que el grueso de las mermas pasó de concentrarse en los puestos temporales a hacerlo en los fijos antes de pasar a otra, que se mantiene, en la que la creación neta de ocupaciones ha sido simultánea a la sustitución de las estables por las eventuales, con mayor número de estas últimas que aumentos globales en cinco de los ocho últimos ejercicios.

En esos procesos han resultado claves las limitaciones a la contratación derivadas del recorte de la tasa de reposición, algo que ha redundado en un envejecimiento de las plantillas que entraña riesgos para la correcta prestación del servicio en algunas instituciones.

"Exigimos al Estado que elimine la tasa de reposición de manera que deje de estar acotada y se pueda reponer el personal en todos los servicios", señala Jordán, quien también reclama que el objetivo de reducir la temporalidad al 8% no se aplique de manera general en la Administración sino en cada uno de sus departamentos. "No puede ser que haya un 8% en la Administración General del Estado y un 20% en sanidad", anota.