Un trabajo en la Administración ya no es para toda la vida. Ni mucho menos. Es otro de los efectos secundarios de la crisis y de las recetas austericidas que el Gobierno de Mariano Rajoy impuso a las comunidades autónomas y los ayuntamientos para combatirla: la temporalidad en el sector público está a punto de alcanzar a la que se da en la empresa privada, con una cota del 26,6% en el primero que no anda lejos del 28,3% del segundo, según los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa), del INE (Instituto Nacional de Estadística), referente al cierre de 2018.

Eso supone que más de uno de cada cuatro empleos públicos son eventuales, en un proceso que se ha intensificado en los últimos años.

Así, desde finales de 2012, cuando las administraciones de todo el país comenzaron a aplicar las restricciones al empleo público ordenadas por el Gobierno central, la cifra de empleados públicos aumentó en menos de 200.000 (de 3,02 a 3,21 millones), con un avance de más de 250.000 entre los temporales, que pasaron de 591.000 a 843.300, mientras se perdían más de 70.000 fijos (de 2,43 a 2,36 millones).

La tendencia ha sido intensa desde el verano de 2015, cuando, con el cambio de legislatura autonómica, parte de los nuevos gobiernos autonómicos comenzaron a revertir los recortes y a recuperar los servicios públicos, especialmente en los apartados de la Enseñanza y la Sanidad. Cuatro de cada cinco empleos de los casi 255.000 que las administraciones públicas recuperaron en ese periodo, en el que pasaron de 2,95 a 3,21 millones, fueron eventuales: más de 200.000 (de 637.500 a 843.300) por menos de 50.000 fijos, que subieron de 2,31 a 2,36 millones con las primeras convocatorias de oposiciones y concursos tras la crisis.

Más de 225.000 contratos de un año o más

"La temporalidad de hoy en la Administración está relacionada sobre todo con la limitación de las tasas de reposición desde 2012. A partir de entonces no se podían sacar a concurso las plazas estructurales para reponerlas cuando quedaban vacantes", normalmente por jubilación, explica Gracia Álvarez, secretaria de Salud, Sociosanitario y Dependencia de UGT, que añade que, pese a esas trabas, "las comunidades autónomas tenían que seguir prestando los servicios, como la enseñanza y la sanidad, y lo hacían contratando interinos y eventuales y encadenando contratos. Pero está claro que si una plaza se cubre con contratos encadenados es porque resulta necesaria, porque en realidad es estructural, y en ese caso tiene que estar en la relación oficial de puestos de trabajo y salir a concurso".

Esa temporalidad no siempre es prolongada. Según los datos de la propia EPA, por las administraciones públicas pasaron en los tres últimos meses del año pasado 23.200 trabajadores eventuales con contratos de menos de un mes, al menos otros 199.400 de menos de un año (hay 359.000 que trabajaron más de un mes pero no aciertan a explicar cuánto) y 123.100 de entre uno y dos, mientras solo 103.400 superan ese periodo. En cualquier caso, las tareas asignadas a los puestos de estos dos últimos grupos, que suman 226.500, no parecen ocasionales.
La temporalidad alcanza medias de entre el 35% y el 40% en los servicios de salud de las comunidades autónomas, donde dos de cada cinco trabajadores son eventuales, con el 60% de Canarias como la administración con mayor desequilibrio.

Francisco Iglesias, vicepresidente de CSIF, destaca que "las administraciones públicas están batiendo su récord de precariedad, ya que uno de cada cuatro empleos en ellas son temporales". "Se están retrasando dos años las ofertas públicas, y hasta cinco en el caso del Servicio Andaluz de Salud, y eso hace que se precarice el empleo mediante la contratación de temporales”, anota.

Las comunidades concentran el 57% del empleo público

Iglesias tiene pocas dudas sobre las causas de esos retrasos en las ofertas de empleo público. "Se deben a la falta de voluntad política, y también a la ausencia de coordinación entre administraciones", señala, mientras recuerda que los principales sindicatos acordaron con el anterior Gobierno sacar a concurso 250.000 plazas en todo el país entre 2017 y 2020.

Esa medida "tiene como objetivo estabilizar el empleo y cubrir esos puestos de manera definitiva", apunta Álvarez, que anota que más de 100.000 de esos puestos corresponden al sistema sanitario, en el que el objetivo es reducir la temporalidad al 8%; es decir, que menos de uno de cada diez empleados sea temporal. Su gestión, en cualquier caso, está en manos de las comunidades autónomas, todas las cuales tienen transferida esa competencia, como la de Educación.

Más de la mitad del empleo público se concentra en las comunidades autónomas, con 1,83 millones de asalariados de un total de 3,21 que cubren los servicios transferidos por el Estado, entre los que destacan la enseñanza y la sanidad junto a otros como la justicia o el desarrollo rural.

Acumulan también el grueso de la contratación en los últimos cuatro años, con 238.700 funcionarios, interinos y laborales de un total de 283.500 (84%), y es, de hecho, la única que crece junto con la administración local, que añadió 55.200 miembros a los 603.100 que tenían sus plantillas al cierre de 2014. La central perdió 7.700 (incluyendo la Seguridad Social) y las empresas públicas recortaban 7.800.

"Nos estamos jugando el futuro de los servicios públicos"

Iglesias reclama agilizar las ofertas públicas de empleo, para lo que su sindicato va a iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios del Congreso. "Es prioritario, nos estamos jugando el futuro de los servicios públicos", indica.

Álvarez se pronuncia en la misma línea, aunque llama la atención sobre el hecho de que la partida de Personal en el proyecto de Presupuestos del Estado prevea una reducción de los recursos. "Se han perdido muchas plazas que va a ser difícil recuperar", señala, al tiempo que destaca cómo en campos como la atención a la dependencia, intensamente feminizados y muy privatizados, a la temporalidad se le suma la parcialidad.

"La gente no elige los contratos parciales porque le interese, pero los acepta por no tener otra cosa", explica. En este caso, además, los horarios incompletos suelen combinarse con jornadas partidas, con tramos de dos horas matinales y otras dos vespertinas normalmente, lo que reduce notablemente la posibilidad de complementar esos ingresos con otro minijob. "Ha aumentado la cantidad del empleo, también en la Administración, pero ¿y su calidad?", se pregunta, retóricamente, Álvarez.