La etapa de Emilio Saracho en la presidencia de Banco Popular ha sido algo muy fugaz: apenas tres meses, entre su llegada a finales de febrero y su intervención y endose al Santander a principios de junio, por los que se embolsará algo más de 300.000 euros (la cuarta parte del sueldo anual de 1,2 millones) mientras quedan en el aire una prima de cuatro millones por llegar, otra de la misma cuantía prevista para la finalización de sus cuatro años de contrato y cuatro de algo más de uno por ejercicio.

Sin embargo, nada apunta a que el fiasco de Popular vaya a afectar, al menos a corto plazo, al eje de su vida laboral, ya que sigue figurando en cargos directivos de empresas cuyo valor de capitalización bursátil se acerca al medio millón de euros, y que le garantizan más de 400.000 euros anuales de remuneración.

Este jueves está previsto que sea reelegido como consejero de IAG (International Consolidated Airlines Group), la firma resultante de la fusión de Iberia y British Airlines, en cuyo órgano de administración entró hace un año y cuya valoración bursátil supera los 17.000 millones de euros.

Además, se mantiene desde septiembre de 2010 como consejero de Inditex, el grupo propietario de la marca de ropa Zara propiedad de Amancio Ortega, el primer grupo empresarial español con una capitalización de más de 111.000 millones.

Y sigue figurando en el Registro Mercantil como presidente de la sucursal hispana de JP Morgan Bank International, el peso de cuya división española supera los 310.000 millones y a cuya dirección accedió en noviembre de 2009.

IAG tiene previsto aprobar este jueves una remuneración anual de 120.000 euros para cada uno de sus consejeros no ejecutivos, que añadirán otros 20.000 en caso de presidir alguna comisión, mientras en Inditex Saracho recibió 300.000 euros en 2016, lo que suma entre 420.000 y 440.000 por ejercicio. El salario de un miembro del consejo supera los 200.000 euros en bancos de inversión como JP Morgan.

Un profesional de la banca

Durante algo más de tres meses, Saracho ostentó formalmente la presidencia de dos entidades bancarias como Popular, del que no llegó a comprar acciones, y la sucursal española de JP Morgan, sin relación entre ellas más allá de que la segunda, según consta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), comercialice valores de instituciones de inversión colectiva (IIC) del fondo Black Rock y de Marshall Wace, grupos que invertían, y también desinvertían, en el primero.

Saracho, que antes de fichar por JP Morgan trabajó durante una década (entre octubre de 1998 y febrero de 2009) para Santander Investments y que hasta agosto de hace dos años siguió apareciendo en el Registro Mercantil como apoderado de Banco Santander, entidad que compró por un euro el Popular junto con 5.200 millones en deducciones fiscales, también se sentó la pasada década en los consejos del banco Chase Manhattan y de la constructora Ferrovial.

Ángel Ron sigue figurando al frente de una fundación vinculada a Banco Popular y al Opus Dei. REUTERS

El ejecutivo, que mantiene intereses en el sector de la salud, ya que es consejero de varias clínicas y consultas dentales, y posee un cortijo en Montoro (Córdoba), no figura en la querella por falsedad contable y estafa que casi 10.000 accionistas de Popular coordinados por la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) han presentado contra varios exejecutivos de la entidad financiera tras quedar reducido a cero el valor de las acciones en las que habían invertido. Consideran que fueron engañados en la ampliación de capital de 2016  ), en la que adquirieron esas participaciones.

La querella de los accionistas

La denuncia, que ha caído por turno de reparto en el juzgado de la Audiencia Nacional que lleva el juez Fernando Andreu, instructor del caso Bankia y que todavía no se ha pronunciado sobre la admisión a trámite, se dirige contra el expresidente Ángel Ron, relevado por Saracho a finales de febrero; contra el exconsejero delegado Pedro Larena y el exvicepresidente Roberto Higuera, que formaron parte de los equipos de ambos, así como contra la firma de auditoría PwC y su socio Francisco Barrios, por el visado de las cuentas oficiales de la entidad.

"Consideramos imprescindible esclarecer responsabilidades y examinar a conciencia toda la documentación, así como las comunicaciones con las autoridades supervisoras” durante este proceso, sostiene la OCU, que acusa al consejo del banco de haber “tomado decisiones menospreciando a los accionistas minoritarios”, al tiempo que pone en duda algunas informaciones oficiales como la valoración patrimonial de la entidad en 10.777 millones remitida a la CNMV semanas antes de la liquidación.

Higuera accedió a la vicepresidencia de Popular en 2008 y se mantuvo en ella hasta la “resolución” del 7 de junio. Larena, por su parte, solo permaneció siete meses en el cargo, desde septiembre de 2016 hasta su salida en abril por discrepancias con el nuevo presidente, aunque ese fugaz paso por el Popular le generó unos ingresos de cinco millones de euros.

Ron cobrará más de un millón al año

Ron, relevado a finales de febrero después de 32 años en la entidad financiera y que cobró 1,47 millones por su trabajo en el Popular en 2016, tiene, salvo sorpresas, la vida resuelta en términos económicos: recibirá una pensión de 23 millones que ira recibiendo a un ritmo de 1,1 anuales con la condición de no trabajar para otro banco en los próximos once, cuando habrá cumplido los 73.

La intensidad de la actividad empresarial de Ron es mucho menor que la de Saracho. Tras cesar en Banco Popular y en los consejos de varias de sus filiales, aunque sigue como apoderado de la gestora de tarjetas Wiznik Bank y de Inversiones Inmobiliarias Alprosa, continúa al frente de la fundación Fondo para Atenciones Sociales, vinculada también a la entidad financiera.

Roberto Higuera y Pedro Larena flanquean al secretario del consejo de administración de Banco Popular en la última junta de accionistas antes de la llegada de Emilio Saracho. EFE

Esta fundación, que preside desde 2011, mantiene participaciones en Ediciones Rialp, una editorial cercana al Opus Dei, y en Unión Europea de Inversiones, dueña de casi un 3% del capital de Popular antes de su liquidación y propietaria, a su vez, de Viviendas y Oficinas, la inmobiliaria que figura como propietaria de la sede de Popular.

Duras críticas de los inspectores

Por otro lado, la Asociación de Inspectores del Banco de España ha emitido un duro comunicado en el que critica la “futilidad” de los test de estrés de la banca europea y denuncia las lagunas del sistema de inspección y supervisión del Banco Central Europeo (BCE), que obliga a cerrar las supervisiones en determinadas fechas, impide realizarlas en el idioma natural de la entidad mientras y mantiene un marco en el que las normas estatales siguen sin ser armonizadas. “Creemos muy poco afortunado el modelo actual”, en el que “se confunde, creemos que de manera intencionada, la complejidad con el rigor”, señalan.

Los inspectores, que aseguran haber comunicado sus inquietudes “en algunos casos repetidamente”, a los grupos parlamentarios, “al actual gobernador, al anterior subgobernador y al actual, e incluso a la propia Danièle Nouy, presidente del Consejo de Supervisión del BCE (quien después de más de un año aún no ha respondido)”, consideran “difícil de aceptar” que una entidad pueda, “si se adoptan las medidas adecuadas”, llegar a “verse abocada a la quiebra por un problema estrictamente de liquidez”. “Si así llega a ocurrir, sería un indicio sólido de que los garantes de la estabilidad financiera no han procedido de la manera más adecuada”, añaden.

La asociación, que considera un error centrar el control en el pasivo de las entidades en lugar de en sus activos, llama la atención acerca de los procesos de concentración que se están dando en la banca, tanto a nivel comunitario como en España en particular, ya que son susceptibles de “limitar la efectiva y libre competencia entre proveedores de servicios financieros y generar procesos de exclusión financiera que ya hoy en día están teniendo lugar”.