"¡Hoy Europa avanza! Esta madrugada se ha cerrado el acuerdo para una directiva de salarios mínimos que proteja a las mayorías sociales europeas. Un gran paso en el que nuestro país ha jugado un papel clave. El trabajo con derechos debe estar en el centro del proyecto europeo", reaccionaba la vicepresidenta española Yolanda Díaz al acuerdo alcanzado entre el Consejo y el Parlamento para poner en marcha una legislación europea de un salario mínimo "adecuado".

Frente a lo que pueda parecer, el pacto no sienta las bases para establecer un salario mínimo homogéneo en la Unión Europea. No exige a los Estados miembros que introduzcan salarios mínimos legales ni que fijen ninguna cuantía mínima común en toda la UE. Sería algo casi inimaginable, ya que las diferencias entre Estados miembros son abismales. Según las últimas cifras de la Oficina para Estadística de la UE (Eurostat), el salario mínimo de los Estados miembros va desde los 332 euros brutos mensuales en 12 pagas que tiene Bulgaria a los 2.257 de Luxemburgo.

Con la última subida aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, en España se sitúa en 1.166 euros, siendo el séptimo país de la UE con el umbral más alto. "Hoy se ha impuesto la Europa que sube los salarios, mejora la vida de los trabajadores y fortalece la negociación colectiva. Este marco social europeo avanza a paso firme y llegará a consolidarse. En España fuimos pioneros", ha celebrado María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de Unidas Podemos.

Pero ni siquiera hay un estándar armonizado a nivel legislativo. En la actualidad, seis países carecen de un salario mínimo por ley (Austria, Italia, Dinamarca, Chipre, Finlandia y Suecia) y este se fija a través de una negociación colectiva. De hecho, Estocolmo y Copenhague se han opuesto siempre a esta medida por considerarla una intromisión en sus competencias nacionales, pero saldrá adelante porque solo necesita ser rubricada por mayoría cualificada en el Consejo Europeo, es decir 15 de los 27, y no por unanimidad.

El texto final tiene su base en la propuesta que la Comisión Europea presentó en octubre de 2020. Esta era una de las grandes promesas de la presidenta Ursula von der Leyen para que los socialdemócratas votasen a favor de su investidura. La formación que en el Parlamento Europeo lidera la española Iratxe García Pérez había exigido mejoras en el pilar social europeo para dar su 'sí' a la alemana.

Tras un análisis cuantitativo, los expertos europeos llegaron a la conclusión de que un salario mínimo de hasta el 60% de la mediana salarial bruta tendría un impacto en la mitad de los Estados miembros. Bruselas calcula que entre diez y veinte millones de trabajadores se beneficiarían de esta medida destinada a dignificar las condiciones laborales y la vida de los más vulnerables. Pero este incremento es solo una recomendación. Los Estados miembros no están obligados a implantarlo.

¿Qué dice entonces la nueva legislación? Básicamente fija unos criterios básicos para adecuar un salario mínimo determinando las condiciones socioeconómicas de cada país. Por ello, el término que más enfatiza la nueva Directiva es el de un salario mínimo "adecuado". Lo que sí es imperativo una vez entre en vigor es que los Gobiernos nacionales se comprometan a establecer estos criterios y los revisen con regularidad para adecuarlos al contexto de cada momento, dando más protagonismo al papel de la negociación colectiva y de los interlocutores sociales. De hecho, organizaciones como Comisiones Obreras han aplaudido el acuerdo alcanzado.

En la capital comunitaria estiman que este paso, modesto pero muy simbólico, llega en un momento crucial en el que la desigualdad se percibe como una de los grandes retos de las multicrisis europeas que golpean con fuerza desde hace años. Además lo hace tras varios años en los que el salario mínimo no ha evolucionado en paralelo a otros sueldos en la mayoría de Estados miembros exacerbando la pobreza laboral, la capacidad de estos trabajadores para hacer frente al "estrés económico" y para suplir sus necesidades básicas.

La pandemia llegó en un momento en el que los hogares más humildes continuaban acusando el achaque de la anterior crisis financiera. Y la guerra en Ucrania, que ha disparado la inflación y los precios de los alimentos, de la energía o de los hidrocarburos, están provocando que muchas familias sean incapaces de llegar a finales de mes. De hecho, de 2007 a 2018, la pobreza laboral en la UE ya aumentó del 8,3% al 9,4% en toda la UE.

¿Cuál es el calendario? Se prevé que los Estados miembros den su visto bueno en las próximas semanas. Después, previsiblemente en el Pleno de septiembre, los eurodiputados tendrán que hacer lo propio. Pero no se esperan sorpresas en ninguna de las instituciones. Una vez terminado el trámite en Bruselas, cada país europeo contará con un periodo de gracia de dos años para transponer esta Directiva europea a su legislación nacional.

España ya cumple el umbral

En la propuesta que Bruselas dibujó en 2020, la Comisión Europea hizo un análisis del impacto que la medida de situar los SMI en el 60% de la mediana de salarios brutos tendría en cada país. En España, tras la última subida salarial en este aspecto, el país cumple este umbral. Bruselas cuantificaba en su informe que sería necesario 1,142 euros y en este momento se encuentra en 1.166 (en doce pagas, como se cuantifica el grueso en la UE).

Dando este salto, la Comisión estimaba en 2020 que el país sería el más beneficiado del bloque en términos absolutos en reducir la desigualdad salarial y sería capaz junto a Grecia, Rumanía y Eslovaquia en disminuir la brecha salarial de género en un 10%.

Parte de ello se explica en la arquitectura del mercado laboral de nuestro país, con mucha dependencia del sector servicios, la importancia de las PYMES y la existencia de un gran número de trabajadores temporales, los más afectados por el salario mínimo. De hecho, España es uno de los países europeos donde los trabajadores con salario mínimo reconocen tener más dificultades para llegar a finales de mes. Más incluso que en Polonia, Lituania o Chequia. Un 23% así lo afirman frente al 2% de los daneses.