La petrolera Repsol ha dejado en suspenso los proyectos de hidrógeno verde previstos en España, con una capacidad de electrólisis de 350 megavatios (MW), debido a un entorno normativo desfavorable, según  un portavoz de la compañía.

La empresa ya había advertido de que la incertidumbre regulatoria, incluida la posibilidad de que un impuesto extraordinario sobre las empresas energéticas y los bancos se rediseñe y se convierta en permanente, podría afectar a su inversión en la incipiente industria.

Un proyecto de 100 MW en Cartagena, con una inversión prevista de más de 200 millones de euros (217 millones de dólares), se encuentra entre los que han quedado en suspenso, junto con otros proyectos en Tarragona y el País Vasco, con capacidades de 150 MW y 100 MW respectivamente.

En octubre del año pasado, Repsol ya puso en marcha su primer electrolizador en el centro industrial de Petronor (Euskadi), con 2,5 MW y una capacidad para generar 350 toneladas anuales de hidrógeno renovable, tras una inversión de 11 millones de euros.

El próximo electrolizador de Repsol se construirá en Portugal. La compañía ha elegido su Complejo Industrial de Sines para invertir 15 millones de euros en un nuevo proyecto de hidrógeno renovable, en la apuesta por la descarbonización de la compañía. Se trata de un proyecto de un electrolizador de cuatro megavatios (MW) con una capacidad para generar unas 600 toneladas anuales de hidrógeno.

Fuentes de la compañía indicaron su decisión de apostar por invertir en Portugal, un país donde la ampliación del Complejo Industrial de Sines cuenta con todo el respaldo al ser considerado por el Ejecutivo luso como una iniciativa de Potencial Interés Nacional (PIN), una calificación reservada para las inversiones que suponen una contribución significativa a la economía del país.

A la vez, estas fuentes reiteraron que en España se "mantiene en stand-by" el proceso inversor en algunos de sus proyectos industriales ante la inestabilidad regulatoria y fiscal. La pasada semana, el Gobierno anunció que incluía entre los compromisos remitidos a Bruselas el mantenimiento de "manera permanente" de los gravámenes extraordinarios sobre las energéticas y la banca.

Petroleras como Repsol y Cepsa han sido algunas de las empresas que más han criticado el impuesto extraordinario español, que también ha suscitado críticas de empresas como Endesa. El año pasado, laAsociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) aseguró que una prórroga del impuesto podría poner en peligro 16.500 millones de euros en inversiones vinculadas a la transición energética.

Críticas de CCOO

De otro lado, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha calificado de "obsceno" que empresas, como Repsol, que han tenido "beneficios y sobrebeneficios" en estos últimos años, amenacen con llevarse fuera de España sus inversiones por la permanencia de los impuestos extraordinarios a energéticas y sector financiero que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió que había que mantener "de forma permanente".

Al se preguntado en un desayuno informativo por las amenazas de Repsol de llevarse inversiones a Portugal si continúa el impuesto a energéticas, Sordo ha pedido a las grandes empresas reflexionar para contribuir de forma "más equitativa a los cambios y transformaciones" del país y "bajar un poco el pistón" con medidas que, a su juicio, en términos fiscales "son razonables".

Así, ha pedido que aquellos sectores que hayan tenido unos beneficios "enormes" en los últimos años contribuyan más al bienestar general.