La batalla interna que se está desarrollando en el seno del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos a cuenta de la reforma laboral lleva larvándose casi desde el mismo momento en que firmaron su acuerdo de Gobierno en diciembre de 2019. En el texto de aquel documento se decía textualmente: "Derogaremos la reforma laboral y recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma de 2012".

Yolanda Díaz se lo ha tomado al pie de la letra y lleva meses negociando con los agentes sociales y hablando abiertamente de la "derogación" de la reforma laboral que capitaneó en 2012 el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy. El PSOE, representado por la vicepresidenta económica Nadia Calviño, siempre añade la coletilla de derogar "los aspectos más lesivos" de la norma. Atrás quedaron los tiempos en los que el propio Pedro Sánchez, antes de pisar La Moncloa, hablaba abiertamente de "derogar la reforma del PP". Sin coletillas.

El pulso en el seno del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos se produce, pues, por ver hasta dónde llega el alcance de lo que ahora Sánchez ha llamado "modernización" de la normativa laboral, pero que en su acuerdo de coalición estaba limitada a unos pocos puntos.

Entre 2010 y 2012 los trabajadores españoles vieron como dos reformas laborales sucesivas, una del PSOE y otra del PP, recortaban drásticamente sus derechos. Aún sufren las consecuencias en su día a día, aunque el Gobierno de coalición sólo contempla modificar parcialmente la norma del PP y deja intacta la impulsada en 2010 por el Ejecutivo socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.

Aquella reforma laboral de 2010, más tímida, pasó a la historia por abaratar y facilitar sensiblemente el despido: la indemnización pasó de 33 días por año trabajado a 20, mientras que la del despido improcedente se redujo de 45 días a 33. Además, el preaviso al trabajador se redujo a 15 días.

Además de un despido más barato, en 2010 se adoptaron otras medidas de flexibilidad interna en las empresas: desde la reducción de la jornada laboral por causas económicas, hasta medidas contra la temporalidad, pasando por la imposición de un arbitraje externo obligatorio cuando hubiera discrepancias en la organización del trabajo o en el descuelgue de las cláusulas salariales, es decir, cuando no se aplicase el régimen salarial previsto por el convenio colectivo.

La vuelta de tuerca de Rajoy

En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy dio una vuelta de tuerca e hizo todo lo que el anterior Ejecutivo de Zapatero no quiso o no se atrevió a hacer. Amparado en su mayoría absoluta y sin pasar por la Mesa del Diálogo Social, el Ejecutivo del PP dio luz verde a una reforma laboral que ocho años después aún apuntala el poder empresarial, precariza las condiciones de trabajo y vulnera los derechos de los trabajadores. 

En ese sentido, la reforma laboral del PP supuso el espaldarazo definitivo a los intereses de los empresarios al concederles todo el poder para modificar unilateralmente los salarios. Aquella fue una reforma que aún hoy desequilibra las relaciones laborales en favor de las empresas.

Para empezar, a los empresarios se les dio carta blanca para bajar el sueldo de sus trabajadores amparándose en razones económicas, técnicas, organizativas o de producción y facilitó el llamado descuelgue, es decir la no aplicación de un convenio colectivo. A día de hoy basta con que la empresa registre dos trimestres consecutivos de disminución de ingresos o ventas (ni siquiera de pérdidas) para que el empresario pida la inaplicación de las condiciones de trabajo fijadas por el convenio.

La ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, mantener la validez del antiguo aunque hubiera caducado hasta que se acordara otro nuevo entre empresa y trabajadores, el escalafón de esos acuerdos laborales, modificado en 2012 para que el de empresa pudiera contener cláusulas más precarias que los sectoriales, y el mecanismo para sus inaplicaciones, además de las normas que regulan la subcontratación son otras medidas incluidas en la reforma laboral de 2012 que han terminado por precarizar el mercado de trabajo estos años, según coinciden los expertos.

Sólo tres puntos

El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos reduce la urgencia de la derogación a tres puntos, uno de los cuales, la eliminación del despido mientras el trabajador está de baja médica ya se aprobó en febrero de 2020. Ahora quedan dos puntos por derogar de la reforma de 2012: eliminar la ultraactividad recuperando así la vigencia de los convenios colectivos más allá de su fecha de caducidad, como ocurría históricamente hasta 2012, y acabar con la primacía de los acuerdos de empresa sobre los sectoriales, algo que en un país donde millones de empresas carecen de representación deja a los trabajadores a expensas de la voluntad de los empresarios.

Ocho años después, la realidad laboral en España sigue marcada a fuego por una norma que, entre otros aspectos negativos, ha hecho crecer el número de contratos temporales. Incluso el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a la conclusión el año pasado que la reforma laboral del PP mejoró levemente el empleo a costa de aumentar número de trabajadores pobres. 

Como recordaba hace unos días en un interesante hilo en Twitter, Luis F. Pallarés, experto en derecho laboral, la derogación (queda por ver su alcance) "llega con años de retraso". "Llevamos una década en la que el mercado laboral se ha convertido en un estercolero de precariedad", concluía el experto en sus redes sociales.

"Esto no va de quién lidera, va de qué vamos a hacer en la principal reforma del mercado de trabajo de nuestro país", sentenciaba el pasado lunes Yolanda Díaz. Palabras que tienen todo el peso de una advertencia: Trabajo y los sindicatos quieren eliminar al menos todos los puntos incluidos en el acuerdo del Gobierno de coalición e incluso ir más allá, hasta la derogación total. La batalla sigue abierta.