Los magros beneficios que algunas de las grandes empresas privatizadas han obtenido en el primer año pandémico, junto con el hecho de tener o haber tenido en plantilla y con retribuciones elevadas como asesores, ejecutivos o consejeros a personas que mientras se desarrollaban esos procesos de privatización ocuparon destacados puestos en la política y en la Administración, provoca, tal y como puede comprobarse con un vistazo a las redes sociales, malestar en un país azotado por una crisis de magnitud descomunal que está llevando a una situación crítica al tejido empresarial y a las economías familiares.

Esas empresas se han ido convirtiendo en el plan B de una élite política cuyos perfiles profesionales y académicos en ocasiones no tenían mucho que ver con la actividad que desarrollan las compañías, en unos años en los que sus beneficios han alcanzado tal magnitud que tan solo los de las cinco principales, Telefónica, Endesa, Repsol, Enagás y Red Eléctrica, han superado en una década los ingresos que obtuvo el Estado en los 120 procesos de privatización que desarrolló a lo largo de tres décadas: 63.500 millones de euros (59.700 de ellos repartidos como dividendos) por 45.000.

Estos son los principales episodios de las llamadas "puertas giratorias" que se han dado entre esas cinco grandes empresas privatizadas y los gobiernos del país desde los años ochenta, por las que han transitado 17 ministros y 23 altos cargos, en algunos casos con más de un paso.

Telefónica: cuatro exministros y un director general

La mayor de esas compañías ha tenido en su plantilla a Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad y de Exteriores en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, y a Narcís Serra, responsable de Defensa y después vicepresidente con Felipe González; la primera como directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos desde 2016 y el segundo como consejero de la filial brasileña durante unos años. Javier de Paz, director general de Comercio Interior con Felipe y presidente de la empresa pública Mercasa, lleva desde 2008 como consejero y presidente de filiales de Telefónica.

El PP empata con el PSOE a ministros vinculados con la operadora, ya que Eduardo Zaplana, ministro de Trabajo con José María Aznar, ocupó el puesto de delegado de firma ante la UE entre 2008 y 2012 mientras que Rodrigo Rato, responsable de Economía y después vicepresidente económico, estuvo contratado como asesor internacional para Latinoamérica y la UE entre 2013 y 2016.

También han pasado por esa plantilla otras dos personas vinculadas a los conservadores pero que no formaron parte del Gobierno central: la expresidenta de Navarra Yolanda Barcina, consejera de la filial Distribuidora de Televisión Digital, e Iván Rosa, abogado del Estado asignado en su día a la secretaría de Estado de Hacienda y Presupuesto y desde 2012 jefe de la asesoría jurídica de la entidad, además de esposo de la exvicepresidenta Soraya Sáenz.

Endesa: un expresidente y tres (o cinco) ministros

La compañía eléctrica fichó en 2014 al expresidente del Gobierno José María Aznar como asesor con un salario de 200.000 euros, en una operación que desató una intensa polémica al producirse en plena crisis económica y estar protagonizada por el jefe de un ejecutivo cuya política amparó el encarecimiento del recibo de la luz y que había pilotado el grueso de la privatización.

Una empresa de uno de sus lugartenientes, Rodrigo Rato, llegó a facturar más de 61 millones de euros a la eléctrica, aunque sin que este tuviera ningún vínculo laboral. Sí lo tuvo el portavoz de su primer gobierno, Pío Cabanillas Alonso, que entre 2007 y 2009 fue el director de comunicación de la eléctrica.

Dos miembros de gobiernos del PSOE han pasado también por los consejos de Telefónica, que remunera esos puestos con 240.000 euros anuales. Se trata de Elena Salgado, responsable de Economía y de Sanidad con Rodríguez Zapatero, que a primeros de 2012, poco después de salir del ejecutivo fichaba como consejera de la filial chilena Chilectra, y Joan Majó, que ocupó la cartera de Industria en el primer ejecutivo de González y que en 2011 fue designado presidente del consejo asesor de la compañía.

Otros dos casos no cumplen por completo, aunque sí en parte, el esquema de la puerta giratoria vinculada a las privatizaciones. Uno es el de Rodolfo Martín Villa, diputado del PP entre 1989 y 1997 y presidente de la eléctrica entre 1997 y 2002, aunque su paso por el consejo de ministros se había producido con la UCD, antes de comenzar los procesos de privatización. El otro es el de Pedro Solbes, responsable de Economía con Zapatero y que en abril de 2011 entró en el consejo de Enel, la empresa italiana con participación estatal que controla Endesa.

En la eléctrica se han dado al menos dos casos destacados de saltos en el sentido contrario, caso de Luis de Guindos, que pasó de su consejo al Gobierno de Mariano Rajoy, o el de Manuel Pizarro, quien ocupó el segundo puesto en la lista del PP de Madrid en las generales de 2008, un año después de salir de la compañía.

Repsol: un ministro y once altos cargos

La lista de altos cargos de la Administración central en sus variados niveles que han pasado por los consejos de Repsol y de algunas de sus filiales la encabeza, por rango, Luis Carlos Croissier, ministro de Industria con Felipe González que entró en la compañía en 2007.

Por la parte socialista completan la lista tres directores generales, Carmen Mestre y Regina Revilla del área de Industria y de Energía y José Fernández de la Vega de la de Empleo; dos subsecretarios de Comercio, Ángel Serrano y Javier Landa, y un ejecutivo del Instituto Nacional de Hidrocarburos como Guzmán Solana.

Otros seis ex altos cargos conservadores han pasado por Repsol: los exsecretarios de Estado Miguel Ángel Rodríguez (Comunicación), Nemesio Fernández Cuesta (Energía) y Estanislao Rodríguez Ponga (Hacienda); un presidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) como Pedro Ferreras, un director general de Energía como Antonio Gomis y un secretario general de esa misma área como Ramón Pérez Simarro, que también pasaría por Enagás.

Enagás: Dos ministras, cuatro secretarios y uno que repite

Por el consejo de Enagás, un puesto que conlleva unos emolumentos de en torno a 180.000 euros anuales, han pasado, además de Pérez Simarro, dos exministras de Aznar, Ana Palacio (Exteriores) e Isabel Tocino (Medio Ambiente), y tres secretarios de Estado: José Manuel Fernández Norniella, que ocupó ese cargo en Comercio con el PP, y Alberto Lafuente y Enrique Martínez Robles, que lo hicieron en Hacienda y en Energía con González y con Rodríguez Zapatero, respectivamente. El presidente de la compañía es desde 2007 Antonio Llardén, secretario general del Ministerio de Obras Públicas en la época de González.

También han formado parte del consejo, cuyo consejero delegado es el exeurodiputado popular Marcelino Oreja, José Luis Olivas, sucesor de Zaplana como presidente de la Generalitat valenciana, y el expresidente del Gobierno Aragón Santiago Lanzuela, ya fallecido.

Red Eléctrica: cinco ministros y seis altos cargos

La presidencia de Red Eléctrica Española, en la que el Estado sigue manteniendo una participación del 20% y cuya remuneración supera el medio millón de euros, tiene una tradición de exministros del PSOE tras haber pasado por ella Luis Atienza, Beatriz Corredor y Jordi Sevilla. Otros dos extitulares de carteras de esa formación, Miguel Boyer y Ángeles Amador han formado parte de su consejo.

La nómina de consejeros del PP incluye a tres secretarios de Estado de Energía, José Folgado, José Manuel Serra (también lo fueron de Presupuestos) y Alberto Nadal y a uno de Industria, Luis Valero, además de al exdirector de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa y al jefe de gabinete del exministro Álvaro Nadal, Ignacio Grangel, que ocupó el puesto de vicesecretario general de la compañía y que luego pasaría por Enagás.

El caso de Gas Natural

El Estado se deshizo en 1996 de las pequeña participación, del 3,81%, que mantenía en Gas Natural, empresa en la que había acabado entrando como consecuencia de las fusiones que llevaron a la creación del grupo de origen barcelonés, hoy diluido en Naturgy y que nunca tuvo la consideración de público.

De su consejo formó parte el expresidente del Gobierno Felipe González, que entre 2010 y finales de 2015 recibió por ese cargo una remuneración de 126.000 euros anuales. También han pasado por él los exministros socialistas Narcís Serra, como presidente de Caixa Catalunya, y Cristina Garmendia.