Coincidiendo con la presentación de la nueva ley de autónomos, y quizá con la pretensión de que así la noticia pase más desapercibida, el Consejo de Ministros ha aprobado este jueves un crédito extraordinario de 10.192 millones de euros que el Estado transferirá a la Seguridad Social para poder hacer frente a las dos pagas extra de las pensiones de este año.

La noticia era esperada tras el continuo hachazo a la hucha de las pensiones desde 2012, pero el Gobierno ha tratado de pasar por encima en la rueda de prensa posterior al Consejo, en el que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha explicado que para pagar la extra de verano se tomarán 5.986 millones del préstamo del Estado y otros 3.514 millones del fondo de reserva —la denominada "hucha de las pensiones". Con este nuevo hachazo, este fondo de reserva se reduce a 11.602,16 millones, equivalentes al 1,04 % del PIB, con un valor de mercado estimado de 11.677 millones de euros.

El préstamo del Estado venía contemplado en la disposición adicional novena de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y se concede sin devengar intereses y con un plazo máximo de cancelación de 10 años a partir de 2018. 

La Tesorería General de la Seguridad Social afronta en estas fechas un gran desembolso: la nómina de las pensiones, la paga extra de verano y el IRPF de las pensiones sujetas a este impuesto, obligaciones que, según Empleo, en esta ocasión alcanzan los 17.218 millones de euros.

Para satisfacerlas, la Seguridad Social dispondrá de 9.500 millones de recursos adicionales, de los que 5.986 millones proceden del préstamo del Estado y 3.514 millones del vencimiento de activos y de cupones del Fondo de Reserva.

Báñez ha recordado que la concesión de créditos a la Seguridad Social para garantizar el equilibrio presupuestario no es una novedad, ya que las leyes presupuestarias entre 1994-1999 ya incluían cláusulas similares.

"Se ha optado por combinar dos instrumentos financiadores para garantizar el pago puntual y completo de las pagas", ha dicho Báñez, que ha añadido que el Gobierno tiene que buscar los mecanismos para sufragar las necesidades del sistema, mientras el empleo por sí solo no sea suficiente para cubrirlas.