Los CDA de Triodos Bank, el Certificado de Depósito de Acciones con el que el banco ético lleva financiando una parte de su actividad desde hace 40 años y que comenzó a comercializar en España en 2004, están comenzando a provocar la apertura de un nuevo frente judicial por presuntos abusos bancarios.

Eso, en un país como España, entraña un riesgo reputacional relativo para los miembros de un sistema financiero estándar a cuyas entidades denuncian ante el supervisor más de 20.000 clientes cada año. Mientras, el volumen de los que optaban por llevarlos al juzgado, en la inmensa mayoría de las ocasiones con éxito, llegó a rondar los 200.000 por ejercicio en la fase álgida de la anterior crisis.

La llamada banca ética, uno de los tres únicos tipos de operadores financieros formalmente sin ánimo de lucro junto con las cooperativas de crédito y las últimas cajas de ahorro no bancarizadas, había quedado hasta ahora al margen de esos conflictos por engaños a sus clientes, algo que en este caso entraña un riesgo reputacional mayor que para la llamada banca de siempre.

Los polémicos CDA de Tríodos, un producto financiero complejo que en ocasiones ha dado jugosos dividendos pero cuyo valor se ha desplomado, comienzan a ponerse bajo escrutinio judicial, en el primer asunto de este tipo que afecta a la banca ética.

El conflicto judicial se encuentra en su fase inicial, sin que los tribunales apenas hayan dictado algunas sentencias en primera instancia. Aún así, el asunto todavía no cuenta con pronunciamientos de alguna audiencia provincial ni mucho menos ha llegado al Supremo o al TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

"Inviertes porque crees en unos valores"

"Los CDA son como todos los productos financieros. Si explicas con claridad y transparencia en qué consisten, no tiene por qué haber ningún problema. Pero parece que no lo hicieron, que pudo haber un abuso de confianza como ocurrió con las preferentes" en el resto de la banca, apunta Patricia Suárez, presidenta de Asufín (Asociación de Usuarios Financieros), entidad que representa a varios de los afectados y que se inclina por tramitar demandas individuales.

"No sabemos de cuántas personas estamos hablando. No es algo masivo como las cláusulas suelo u otros abusos hipotecarios, pero hay bastante gente afectada", anota Suárez. Por su parte, fuentes de la entidad financiera señalan que "actualmente, en España hay algo más de 7.500 titulares de CDA".

El volumen de afectados tendría, en ese caso, una magnitud similar a la de las preferentes de Fagor, con las que alrededor de 10.000 familias perdieron con la quiebra de la empresa los 185 millones de euros de sus ahorros que las cajas vascas canalizaron hacía su capital vía preferentes.

Suárez, por su parte, destaca el perfil de estos: "En entidades como Triodos inviertes porque crees en unos valores. Son clientes comprometidos que confían en lo que se les dice, y con los CDA el banco les ofrece formar parte del proyecto".

¿Qué es un CDA y para qué sirve?

Triodos no es la única entidad financiera que ha emitido CDA, aunque sí es la primera a la que sus clientes comienzan a llevar a los tribunales en España por su gestión.

Los Certificados de Depósito de Acciones son una participación en el capital de una compañía, ya sea un banco o una empresa industrial o de otros ámbitos, en los que el propietario tiene los derechos económicos. Esto significa que tiene la propiedad de esos valores y el derecho a recibir sus rendimientos vía dividendo, pero no los de carácter político como intervenir en las juntas y votar en ellas ni a agruparlos con otros partícipes para crear un grupo.

Estos últimos los detenta la propia compañía gestora del banco. "Así se permite la participación de inversores interesados en el proyecto sin que ello ponga en peligro la independencia de Triodos Bank y sus fines fundacionales", explican fuentes de la entidad financiera. "El CDA se utiliza para financiar una entidad que al mismo tiempo evita que su titular intervenga en la gestión", señala Suárez.

Se trata de un producto financiero complejo que el propio banco ofrecía con una indicación de riesgo 6/6 cuando el mínimo es 1/6, lo que requiere superar un test de idoneidad antes de contratarlo, y con la advertencia de que "la venta o cancelación anticipada no es posible o puede implicar pérdidas relevantes".

Devaluación del 30% con la pandemia

El valor se calcula dividiendo por el número de acciones la diferencia entre el valor contable de los activos y el pasivo de la compañía, aunque al mismo tiempo cotizan en un mercado propio.

Y ahí se encuentra el origen de los conflictos y los pleitos: su valor se desplomó un 30%: de los 84 euros que costaban un CDA en la última emisión a los 59 en los que el banco lo estimó para diciembre de 2021. Esto se debía a la existencia de muchas más órdenes de venta que de compra con el inicio de la crisis asociada a la pandemia, lo que llevó al banco a cerrar el mercado y suspender su comercialización.

"Se ha creado como un pequeño corralito interno en el que hay más clientes reclamando dinero del que la entidad puede devolver", dice Patricia Suárez.

Un fondo de recompra y un nuevo mercado

La entidad optó hace dos semanas por habilitar un fondo de tres millones de euros para una operación de "compra restringida" de los CDA a los clientes con una "necesidad más urgente de liquidez para hacer frente a gastos vitales", a la espera de que las cotizaciones se reanuden en el primer semestre del año que viene en un Sistema Multilateral de Negociación (SMN), una especie de mercado secundario propio que gestionará ABN Amro y en el que las valoraciones estarán disociadas del valor neto de la entidad.

Esa recompra, cuyo objetivo consiste en "ofrecer cierta liquidez durante el periodo de suspensión de la comercialización de CDA y mientras se prepara la cotización en un SMN, se realizará con un valor de 59 euros por CDA", aunque ese precio "no es indicativo en absoluto del precio del CDA una vez la cotización en un SMN sea efectiva", explican fuentes de Triodos.

Los tres millones salen de un fondo de 14,4 que es "el equivalente del colchón de recompra (Market Making Buffer) que quedaba disponible de acuerdo a la normativa vigente".