Si el Estado español sigue renunciando a poner en marcha una empresa eléctrica pública, o una por cada cuenca hidrográfica como proponen los pioneros, no será por falta de activos. Será por otro tipo de motivaciones o de condicionantes, puesto que está comenzando una cascada de vencimientos de concesiones que en las próximas dos décadas le otorgará la propiedad de casi la cuarta parte de las centrales hidroeléctricas del país, algo que ocurrirá en las dos siguientes con la práctica totalidad del resto.

La energía hidráulica supone, según los datos de Red Eléctrica, la compañía semipública que gestiona la red de transporte de esa energía, entre la sexta y la quinta parte de la potencia instalada en el país (17.093 megawatios estándar y 3.331 en bombeos) y viene cubriendo entre la octava y la quinta parte de la demanda.

Ese paquete de energía constituye un activo estratégico, además de por su potencial productivo, por sus bajos costes de producción y por las posibilidades que eso ofrece para influir en los precios del mercado eléctrico, en el que el megawatio lleva semanas superando con frecuencia cotizaciones de 200 euros que disparan algunas tarifas de familias y empresas.

La gestión pública de los saltos hidroeléctricos que revierten al Estado por la caducidad de las concesiones a favor de las compañías eléctricas por periodos de hasta 75 años no sería, en cualquier caso, algo novedoso, ya que cuatro confederaciones hidrográficas llevan casi una década desarrollando esa labor con 27 centrales, 22 en el Ebro, tres en el Guadalquivir, una en el Duero y otra en el Segura, desde que la primera de ellas se hizo con la de El Pueyo de Jaca en el Pirineo oscense.

"Hay un horizonte de meses, no de años"

Los datos sobre las fechas de caducidad de las concesiones de las más de mil centrales hidroeléctricas (1.063) que funcionan en las demarcaciones hidrográficas que gestiona el Estado han salido a la luz pública gracias a una pregunta parlamentaria de Carles Mulet, senador de Compromís, partidario de que las centrales pasen a ser gestionadas por el Estado conforme vayan venciendo las concesiones y revirtiendo.

"Seguro que se puede encontrar una solución. Hay un horizonte, no de años sino de meses, en el que el Gobierno debe plantearse qué va a hacer, y más con la que está cayendo con el alza de precios", explica el senador, que añade que "tienen ahí delante, en breve, un enorme potencial sobre cuyo aprovechamiento no se pueden buscar excusas".

Se refiere al inminente inicio de la cascada de reversiones, que incluye un total de 31 en todas las demarcaciones de aquí a 2025, con seis de ellas en los próximos quince meses y en un listado que incluye algunas destacables como la de Trespaderne (15 Mw. Burgos) o las de Zorita y Almoguera en el Tajo.

Los datos ofrecidos por el Miteco (Ministerio de Transición Ecológica) a Mulet indican cómo en lo que queda de década vencerán las concesiones de 90 de las 1.063 centrales operativas en las cuencas estatales mientras que en la siguiente lo hacen otras 157.

Entre ambos paquetes, que incluyen concesiones como la de Sobrón o el primero de los dos grupos de Aldeadávila, que aporta dos tercios de la mayor instalación del país, sumarán el 23% de las instalaciones y la sexta parte de la potencia hidroeléctrica del país. La mayoría de ellas (77) son explotadas por las grandes compañías eléctricas como Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol.

Un camino que el Estado no transita

El grueso de las concesiones, algo más de 700, irán revirtiendo al Estado en las dos décadas siguientes, entre 2041 y 2061, para, a partir de esa fecha, quedar un grupo de 83 instalaciones que incluye algunas como el segundo grupo de Saucelle en el Duero o La Muela de Cortes en el Júcar, que se encuentran entre las de mayor potencia y rendimiento del país.

La fórmula de las confederaciones hidrográficas que se han ido haciendo cargo de las centrales revertidas es relativamente sencilla: contratan el mantenimiento y ponen las turbinas a funcionar, algo que, según los pocos datos que se conocen, referentes a esa primera central, permite generar kilowatios a un céntimo, más de veinte veces por debajo delos niveles que marcaban tanto las subastas mayoristas como las tarifas minoristas estos días.

Una parte de la producción la destinan a alimentar sus instalaciones, a cubrir demandas como regadíos sociales o necesidades de sistemas de riego y a abastecer como restitución territorial a zonas afectadas por esas instalaciones, para vender los sobrantes en el mercado eléctrico como una compañía más.

Sin embargo, mientras los tribunales han ido allanando a base de sentencias la nacionalización de las centrales hidroeléctricas conforme van venciendo las concesiones, unos brazos de la Administración han ido ensayando su explotación y otros como las comunidades autónomas han mostrado su interés  por hacerse con su gestión, el Estado sigue sin dar un paso firme en ese sentido aunque tampoco en el contrario, lo que provoca un limbo jurídico cuya resolución gana urgencia conforme las concesiones de los saltos van caducando.

¿Es posible volver a conceder una concesión hidroeléctrica?

¿Sería posible licitar de nuevo su explotación? En derecho todo es defendible, aunque fuentes jurídicas apuntan la complejidad de esa posibilidad ya que el sistema de concesiones se articula a partir del compromiso de la compañía eléctrica de construir los pantanos o las centrales para entregárselos al Estado tras recuperar su inversión (con creces) durante el periodo de explotación, por lo que se trataría de un negocio consumado y, por lo tanto, de difícil reanudación ya fuera por la misma empresa mediante una prórroga o por otra tras una licitación.

Mientras tanto, en lo que va de año caducaban las concesiones de las centrales de Cauxa en el río Lena; de La Requijada, en el Piedra; de Lodosa, en el Canal Imperial, y de La Retorna, en el Najerilla, a la espera de que a finales de este mes lo haga la de Villar del Rey, en el Zapatón, sin que se sepa cuál va a ser su futuro.

Los datos de la respuesta al senador Mulet no incluyen las centrales ubicadas en las cuencas intracomunitarias cuya gestión depende de la Xunta de Galicia, la Junta de Andalucía, el Gobierno vasco, la Generalitat de Catalunya y los ejecutivos insulares.

El dato resulta relevante desde el momento en el que dos de esas comunidades, Galicia con 7,91 millones de megawatios al año y Catalunya con 5,13, son, según otro documento facilitado por el Miteco con datos de 2020, los principales territorios en producción de hidroelectricidad por detrás de Castilla y León (8,02), todos ellos a mucha distancia de Aragón (3,46) y de Asturias (1,49).