España ha marcado, en plena recuperación de las variables macroeconómicas, un registro histórico de desigualdad: ha vuelto a superar la barrera del millón de mayores de 65 años que sobreviven bajo el umbral de la pobreza, es decir, que sus ingresos se sitúan por debajo de los niveles mínimos de subsistencia.

El dato figura en una respuesta parlamentaria al diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia, que se había interesado por conocer “el número de personas mayores de 65 años en riesgo de pobreza” desde 2014. La contestación refleja cómo entre 2014 y 2016 esa cifra pasó de 928.530 a 1.090.774, un aumento de 162.244 que revela una escalofriante cadencia de 1.560 casos semanales.

El umbral de pobreza se sitúa oficialmente en 8.208 euros netos anuales por cabeza y en 17.237 para familias de dos adultos con dos menores de edad.
El primer dato supone una media de 684 euros mensuales que deja un margen de casi 600 euros con la pensión media de jubilación (1.080 euros mensuales, 1.260 con las extras prorrateadas) y de 400 con la de incapacidad permanente (940 y 1.096).

Sin embargo, resulta muy cercana al retiro medio de los autónomos (721 y 841) y a la prestación promedio de viudedad (653 y 761), según los datos del Ministerio de Empleo, y es netamente superior a los 360 y 400 que garantizan las ayudas no contributivas de vejez y de invalidez.

Menos pobres con la crisis, oficialmente

El número de mayores pobres había caído oficialmente hace cuatro años por debajo del millón, nivel que había superado por última vez en 2013. Para entonces, el porcentaje de personas de más de 65 años cuyos ingresos no llegaban al nivel de subsistencia era del 12,7%, inferior al 13% del último año con datos (los próximos se conocerán a finales del mes que viene), lo que revela que la pobreza se extiende entre los mayores tanto en términos absolutos como porcentuales, y pese a las maniobras para maquillar esa avería social.

La reducción oficial de la pobreza entre los mayores de 65 durante la crisis, en la que el número de afectados pasó de 1,82 millones a 928.530 entre 2009 y 2014, no se debió, obviamente, a una mejora de la economía, ni tampoco a una dinamización de las políticas redistributivas: los umbrales fueron recortados consecutivamente esos cinco años, cuando cayeron de 8.878 euros anuales por cabeza y 18.641 para un hogar de dos adultos y dos niños a 7.961 y 16.718.

Los niveles de referencia acumularon una caída del 10,4%, superior a la contracción que registraron en esos años el Producto Interior Bruto y la renta media (inferiores al 10%), que tiraron a la baja del resultado oficial: la tasa cayó del 23,8% al 11,4%.

Las posteriores revisiones al alza, hasta 8.208 y 17.237 euros al año (un 0,6% y un 0,2% anual, menores que los avances de la inflación, el PIB y la renta media, no han logrado evitar que la realidad se imponga y la estadística acabe por revelar esta avería del sistema redistributivo español.

"Nuestros mayores son hoy mucho más pobres"

“Nuestros mayores son hoy mucho más pobres que hace seis años”, explica Miguel Ángel Heredia, que recuerda cómo a las subidas registradas por tributos como el IVA y el IBI y suministros como los de la luz y el gas, “por primera vez la historia han tenido que pagar por sus medicamentos”.

“Ha subido todo menos las pensiones, que han perdido poder adquisitivo, y un simple resfriado supone ahora para los jubilados un gasto de 50 euros”, sostiene, mientras se pregunta “¿cómo se puede vivir con 600 euros al mes, teniendo que pagar agua, luz o teléfono?”.

El diputado, que critica la opacidad del Gobierno (“han sido necesarias varias iniciativas hasta que ha reconocido la realidad”, anota), pone sobre la mesa dos ‘facturas’ directamente relacionadas con el bolsillo de los mayores: “la revalorización de las pensiones un 0,25% ha supuesto para el Estado un coste de 200 millones, pero sólo el copago farmacéutico y el ‘medicamentazo’ ha supuesto para el bolsillo de los pensionistas 5.500 millones”.

En este sentido, reclama derogar la reforma de las pensiones y que estas se revaloricen según la previsión de inflación, así como “acabar con las reducciones, tarifas planas y exenciones que repercutan en los fondos de la Seguridad Social y abonar estas políticas activas de empleo con cargo a la fiscalidad general”.

Sin geriátricos ni personas sin hogar

Los datos del Gobierno, que contabilizan como ingresos de los hogares los de origen laboral o profesional, las prestaciones sociales, las rentas financieras e inmobiliarias y las eventuales devoluciones de impuestos, no incluyen a una parte de las personas de más de 65 años que sobreviven con rentas bajas, ya que la estadística solo afecta a los que residen en hogares.

“Quedan excluidos de la investigación dos colectivos importantes desde el punto de vista de la pobreza, como son los ‘sin techo’, y las personas que residen en hogares colectivos” como geriátricos, señala en la respuesta.

Los últimos trabajos del INE (Instituto Nacional de Estadística) sobre sinhogarismo apuntan a una bolsa de casi 16.500 personas sin hogar, sin diferenciar por edad, mientras la red de geriátricos del país suma algo más de 360.000 plazas.