Aquí se cierra el capítulo para Manuel Fernández de Sousa y su fama de buen gestor. La Audiencia Nacional lo ha condenado a ocho años de cárcel por encabezar las prácticas irregulares de Pescanova: manipular las cuentas de la compañía para seguir disfrutando de financiación bancaria cuando la empresa daba pérdidas. Hasta ocho delitos le imputó Fiscalía Anticorrupción y con él arrastró a una veintena de acusados, su familia, su equipo de confianza y antiguos socios, condenados ahora algunos de ellos con penas que van desde los seis meses a tres años y medio de prisión.

Caen los que habían sido los máximos representantes de los departamentos de la firma gallega: Alfredo Pérez Uros, de administración, Antonio Táboas de finanzas y empleados estrechos para Fernández de Sousa como José Manuel Gil y Ángel González Domínguez. Hace tan solo unos días, la Sala de lo Penal absolvió a su mujer, Rosario Andrade, y a dos de sus hijos, Pablo Javier e Ignacio José Fernández Andrade. La primera estaba acusada por un delito de alzamiento de bienes o blanqueo de capitales y los hermanos fueron imputados por delitos de falseamiento de cuentas, falseamiento de información económica y financiera y delito de estafa. En total, los magistrados absuelven a siete de los 19 acusados y penan a los 12 restantes, y además la Audiencia Nacional condena a Pescanova SA y a BDO auditores a multas que rebasan los 51 millones de euros.

Las condenas son inferiores a las que pedía la Fiscalía Anticorrupción, que solicitaba hasta una treintena de años de prisión para el ejecutivo por un total de ocho delitos y 21 millones de euros en multas. Según recogen los hechos probados de la sentencia, la cúpula de la que fue la mayor empresa pesquera de Europa traicionó a bancos y acreedores ocultando una deuda millonaria para poder conseguir financiación, y todo ello dirigido por Manuel Fernández de Sousa, que gozaba de una notoria reputación en el mundo de los negocios y el respaldo del Gobierno autonómico de Galicia.

El caso reventó hace siete años cuando Pescanova no pudo presentar el balance general ante la Comisión Nacional de Valores (CNMV) y de debajo de la alfombra salieron a la luz las operaciones falseadas durante cinco años. La sentencia explica que la compañía pesquera dependía de los créditos externos debido al esfuerzo de inversiones en los años anteriores que coincidieron con la crisis financiera de 2008. De ahí que se considere la mayor quiebra empresarial no inmobiliaria de toda España. Fernández de Sousa y socios mintieron a los inversores, accionistas, acreedores y organismos reguladores. En 2012 se ocultaron hasta 1939 millones de euros de deuda bancaria. La cúpula se encargaba de obtener financiación de los bancos para tapar agujeros de pérdidas millonarias que no se reflejaban después en los libros anuales de la entidad.

Entre 2007 y 2013 Pescanova llevó a cabo una fuerte inversión por un importe de 830 millones de euros, con el objetivo de pasarse al negocio de acuicultura - la pasión del magnate- langostino, salmón y rodaballo. A partir de 2010, aumentaron los préstamos bancarios, la deuda fue creciendo y no se generaron flujos de caja positivos, y tenían que ser de nuevo financiados. No parecía haber final hasta que los artificios no se pudieron estirar más en el tiempo. Fernández de Sousa se calificó como el "mayor perjudicado" y señaló a la empresa auditora BDO y a la CNMV por no repasar las cuentas y clarificar si existían o no irregularidades en los balances. Con todo, explicó en su momento que los bancos se habían beneficiado gracias a Pescanova. "A nadie se le escapa que lo que hacíamos no era regular, y estoy seguro que muchas empresas en España usaron el mismo sistema", alegó.

Fernández de Sousa forma parte de la lista de amistades peligrosas y vínculos comprometidos del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que finalmente terminan en la cárcel, como el narcotraficante Marcial Dorado o el expresidente de Pemex, Emilio Lozoya. Con Fernández de Sousa también hay foto, cuando el barón gallego del PP le otorgó el premio Grelo de Ouro en 2009 y homenajeó su figura y resaltó su importancia para la economía gallega. En palabras de Feijóo, el expresidente de Pescanova supo transformar "los deseos en realidades y las ideas en hechos".

Por ello, el vínculo entre Fernández de Sousa y el Gobierno gallego era directo y estrecho, y el empresario levantaba el teléfono si las cosas no funcionaban a su gusto o a favor de su grupo. Una de esas veces ocurrió cuando el expresidente de Pescanova consiguió en el último momento que la Xunta cancelase el emplazamiento de una depuradora a cientos de metros de una de sus piscifactorías, porque según él, empañaba la imagen de su producto. Una llamada lo cambió todo y el vecindario de Morás (Lugo), vio desde lejos cómo el barco daba media vuelta. La intención de la instalación de la Consellería do Mar era llevar allí el marisco contaminado para su posterior recuperación, y vender el molusco limpio y fresco en esas zonas, pero no pudo ser.

A su vez, la autoridad de Fernández de Sousa con los medios de comunicación quedó patente es más de una ocasión. Fue el patrono de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, que lleva el nombre del propietario del grupo La Voz de Galicia. Inyectaba grandes cifras a los periódicos gallegos con publicidad de su empresa, y reprobaba las noticias en función de sus intereses. Cuando secuestraron a un palangrero de Pescamar, una filial de Pescanova, los medios no lo publicaron aún a pesar de ir a bordo dos marineros gallegos. La noticia no salió a la luz y exigió que se ocultase el logotipo de su marca en el caso de que saliesen fotografías para no salir perjudicado.

Hasta ahora, Manuel Fernández de Sousa se encontraba fuera de España dedicado al oficio de la acuicultura. Es el jefe de operaciones de la empresa saudí Naqua (National Aquaculture Group) y gestiona ambiciosos proyectos de piscifactorías. El juicio comenzó el pasado dos de diciembre, pero se había interrumpido por la pandemia. Siete años después del derrumbe de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa y colaboradores ingresan en la cárcel, el último golpe de timón para los artífices de uno de los mayores fraudes de la historia gallega.