Gobierno, patronal y sindicatos negocian en la Mesa del Diálogo Social la creación de un fondo de pensiones de titularidad pública, pero de gestión privada, que mejore la cobertura de los llamados "planes de empleo", que son los sistemas de ahorro y previsión que trabajadores y empresas pactan en los convenios colectivos, con el fin de ampliar su uso y de abrirlos a colectivos que en la práctica no tienen acceso a ellos, como los empleados de pymes y los autónomos.

El documento, parte de cuyo embrionario contenido fue adelantado este martes por la Cadena Ser, supone que comienza a tomar forma uno de los aspectos clave de la reforma de las pensiones, consistente en estimular el ahorro de los trabajadores ante los cambios a la baja que todo indica que va a sufrir el sistema de prestaciones.

"La Seguridad Social no va a poder asumir mucho tiempo anticipaciones de la jubilación como las que se dan en algunos sectores", señala Octavio Granado, exsecretario de Estado de Seguridad Social y uno de los principales expertos del país en la materia, que considera que "los planes de pensiones tienen una regulación obsoleta, de hace casi sesenta años, y lo que se propone ahora puede resultar interesante si el Estado le da un tratamiento fiscal atractivo".

"Me parece correcto todo lo que sea extender formatos de acuerdo entre trabajadores y empresas, pero no acabo de entender lo que pretenden. Por un lado reducen las desgravaciones en los planes de pensiones individuales y por otro se abre una vía que puede ser más restrictiva, porque no todas las empresas cuentan con esos planes", indica Ángel de la Fuente, director de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada).

¿En qué consiste el proyecto?

En poner en marcha un fondo de pensiones de carácter público cuyo titular será el Estado y que funcionará como cualquier instrumento de ese tipo; es decir, recogiendo las aportaciones de los partícipes a sus respectivos planes para realizar con ellas inversiones cuyo objetivo es garantizar el pago de las posteriores prestaciones.

En este caso, la participación quedaría restringida a los llamados planes de pensiones de empleo, que son los que pactan empleadores y empleados en la negociación colectiva de cada empresa, pero con la posibilidad de que puedan acceder los asalariados de pymes, en las que este tipo de acuerdos sociales son infrecuentes, y también los autónomos, además de las plantillas de los ayuntamientos y las entidades locales.

El plan de pensiones colectivo se nutre de las aportaciones que trabajadores y empresa acuerdan realizar de manera periódica, los primeros mediante una detracción del salario y los la segunda con una aportación. Adscribirse a un plan de este tipo tiene, cuando existe, carácter voluntario para el trabajador.

¿Cómo afecta este proyecto a los planes de pensiones privados?

No tiene ningún efecto. Los más de 7,3 millones de trabajadores que tienen contratado un plan de pensiones con una entidad financiera o con una aseguradora podrán seguir realizando aportaciones y rescatarlas una vez hayan pasado diez años, tal y como determinó el Gobierno de Mariano Rajoy al reformarlos hace ya casi cuatro años.

También podrán, si su situación económica se lo permite y su empresa lo contempla, participar en el fondo público de manera simultánea. Lo que no será posible es trasladar el dinero depositado en un plan privado a otro colectivo, ya que se trata de dos productos distintos.

La principal diferencia de los planes individuales o privados con los de empleo o empresa, que tienen poco más de dos millones de usuarios, y con los asociados, que son los que gestionan algunos sindicatos y entidades sociales y que suman menos de 60.000 afiliados, consiste en que estos últimos siguen vinculados a la jubilación y solo se pueden comenzar a recibir prestaciones con el retiro.

El proyecto sí contempla que los planes de pensiones colectivos en funcionamiento puedan ser trasladados de los bancos y las aseguradoras que ahora los gestionan al nuevo fondo público, y también que un autónomo o una pyme que tengan vinculación con una empresa con plan de pensiones puedan participar en él siempre que cuente con el visto bueno de esta.

¿Cuál es el objetivo?

El principal consiste en "fomentar los planes colectivos de pensiones como sistema de protección social", explican fuentes del Ministerio de Inclusión, que llaman la atención sobre la reducida utilización de este instrumento de ahorro en España.

Según el último informe anual de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Asuntos Económicos, el patrimonio de los planes individuales que se contratan con bancos y aseguradoras duplicaba con creces al cierre de 2020 el de los colectivos (80.568 millones por 35.776) mientras que la relación en cuanto a las aportaciones anuales es de tres a uno. Y la OCDE sitúa a España como uno de los países de la UE en los que menor aplicación tiene este tipo de instrumentos.

"España es el país que menos uso hace del segundo y el tercer pilar del sistema de pensiones", que son los referentes a los planes colectivos y los individuales, destaca Granado, mientras De la Fuente apunta como una de las causas para que se diera esa situación el hecho de que "el sistema de pensiones español ha sido muy generoso, y mucha gente pensaba que no debía aportar más".

¿De qué aportaciones hablamos?

Los datos del Ministerio de Economía sitúan las aportaciones medias del año pasado en el entorno de los 500 euros por partícipe para los planes particulares y privados y en el de los 600 euros para los colectivos.

Llama la atención cómo el patrimonio de los fondos de empresa sufrió el año pasado una ligera reducción, en línea con las estrecheces que sufrió el tejido empresarial y con la merma de ingresos para los trabajadores derivada de los ERTE, mientras el de los individuales aumentaba un 2,5% al socaire del espectacular crecimiento del ahorro en las capas mejor remuneradas del mercado laboral.

¿Se plantea algún tipo de incentivo?

Por la información que ha trascendido, las comisiones a aplicar a quienes tengan su plan de pensiones en el fondo estatal serán como máximo una tercera parte de las que aplica la banca comercial por gestionarlas (0,85% para renta fija, 1,3% para renta mixta y 1,5% para variable) y por mantener los depósitos (0,2%), que ya habían sido rebajadas por Rajoy en la reforma de febrero de 2018. Eso las situaría en los entornos del 0,4% y del 0,07%.

¿Va a haber beneficios fiscales?

Salvo que una regulación posterior lo modifique, quienes realicen aportaciones a planes de pensiones colectivos podrán deducirse en la declaración del IRPF los primeros 8.500 euros, según contempla el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que plantea elevar esa cifra en 500 euros desde los 8.000 actuales como medio para incentivar su uso.

Paralelamente, la deducción para los planes privados se reducirá a los primeros 1.500 tras una rebaja inicial de 8.000 a 2.000 aplicada este año, con lo que la posibilidad de deducción conjunta se mantiene en 10.000 euros anuales por contribuyente.

¿Y cómo tributará la prestación una vez jubilado?

Dependerá del nivel de rentas del perceptor. Las prestaciones de los planes de pensiones tributan en el IRPF como rendimientos del trabajo, lo mismo que ocurre con las pensiones, en función de su cuantía.

¿Quién va a gestionar el fondo público?

El borrador que se conoció este martes plantea varios escalones de control, con una Comisión Promotora y de Seguimiento integrada por cinco funcionarios y con una Comisión de Control formada por cuatro representantes de los sindicatos, otros tantos de las patronales y nueve de la Administración cuya remuneración dependerá de los resultados que vaya obteniendo el fondo.

En cuanto al manejo del dinero, el proyecto maneja varios escenarios en los que la gestión recaerá en entidades privadas siempre que cumplan una serie de condiciones como disponer de un patrimonio superior a los mil millones de euros para poder actuar como gestora y realizar inversiones con los recursos del fondo o superar los 10.000 específicamente en fondos de pensiones para hacerlo como depositaria y custodiar los fondos. La selección de esas entidades se realizaría mediante un concurso público.

¿Qué supone ese modelo para el sector privado?

A la espera de que la propuesta reciba, o no, el visto bueno de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), resulta evidente que la rebaja de las comisiones supone una ventaja comercial para el fondo público a la hora de captar fondos.

Sin embargo, y de manera simultánea, la posibilidad de hacerse con la gestión de los fondos sin tener que realizar el trabajo previo de captación comercial resultaría beneficiosa para bancos y aseguradoras.

¿Habrá limitaciones a la hora de invertir ese dinero?

Sí. A falta de cerrar el texto definitivo, las entidades financieras y las compañías aseguradoras que resulten adjudicatarias de la gestión tendrán un margen de maniobra amplio para manejar los fondos procedentes de partícipes jóvenes pero estarán obligadas a mantener estrategias conservadoras cuando la edad de estos se acerque a la de jubilación.

¿El dinero depositado tendrá el aval del Estado?

Es uno de los flecos que siguen abiertos. Los sindicatos reclaman que sea así, pero esa parte de la negociación no está cerrada. Sí parece que, en todo caso, tendrían la cobertura de hasta 100.000 euros por persona y entidad que se aplica al resto de los productos financieros de ahorro.

¿Se trata de una idea nueva?

No del todo, ya que llevan meses trabajando en ella cuatro ministerios: Inclusión, Trabajo, Economía y Hacienda.

Por otro lado, la recomendación número 15 del Pacto de Toledo ya abogaba hace dos años por incentivar los planes colectivos de pensiones, una idea que también fue incluida en el Plan de Recuperación y que se esbozaba en los Presupuestos Generales del Estado de este año.

Paralelamente, la Airef calificaba en un informe como "regresivo" el beneficio fiscal de 1.643 millones de euros anuales que recibían los planes privados.