Los contratos de telefonía se han convertido en papel mojado. Ni siquiera el compromiso de permanencia garantiza el mantenimiento de las condiciones iniciales. Las operadoras imponen unilateralmente subidas de precios cuando les parece oportuno, so pretexto de prestar un servicio mejor. Asociaciones de consumidores como Facua las han llevado a los tribunales por considerar que se trata de una práctica “abusiva” e “ilícita”.

Elegir entre las distintas opciones de telefonía existentes en el mercado es, ya de por sí, bastante complejo. La falta de homogeneidad hace muy difícil la comparación y no ayuda a discernir qué tarifa resulta realmente más ventajosa para los usuarios. Por si fuera poco, una vez tomada la decisión, no hay seguridad ninguna de que los precios se vayan a mantener durante el tiempo previsto en contrato.

Uno de los casos más clamorosos (aunque no el único) es el de Movistar, que además suele marcar tendencia al ser líder del sector. Desde mayo de 2015 ha subido cuatro veces el precio de su oferta convergente (telefonía fija, móvil, internet y televisión). Como consecuencia de ello, el paquete estrella de Movistar, Fusión, cuesta hoy 18 euros más al mes que entonces.

Es verdad que, al menos en teoría, ahora presta un servicio mejor: más gigas disponibles, fibra óptica, mayores posibilidades de disfrute de la televisión… Pero son lentejas; es decir, el cliente de Movistar no tiene posibilidad ninguna de conservar las condiciones anteriores, ni siquiera en el supuesto de que éstas se adaptaran más que las nuevas a sus necesidades reales.

Telefónica sostiene que el cambio permite disfrutar de los avances que se van produciendo en materia tecnológica y vincula la subida de precios con la financiación de las inversiones realizadas “en redes e infraestructuras” para mantener la calidad del servicio. Facua, por el contrario, cree que se trata de un acto desleal, sobre todo con quienes tienen el compromiso de permanencia en vigor.

Más llamativo, si cabe, es el caso de Orange, que en noviembre de 2016 modificó toda su oferta convergente. Apenas dos meses después, subió entre dos y cinco euros mensuales las distintas modalidades de la nueva tarifa Love. Seguía así los pasos de Movistar, que a primeros de este año había anunciado el último, por el momento, encarecimiento de su paquete Fusión en cinco euros.

La más tardía de las tres grandes operadoras en subirse a la ola ha sido Vodafone, cuyo consejero delegado, Antonio Coimbra, insinuó una elevación de sus tarifas en el marco del Mobile World Congress celebrado a finales de febrero en Barcelona. Vodafone se veía empujado a ello, dijo, por la necesidad de mantener “una oferta competitiva” ante los movimientos registrados en el mercado.

Poco después, la compañía daba a conocer su propósito de aumentar entre tres y cinco euros el paquete One a partir del 28 de abril para los clientes nuevos y actuales, sin dar margen alguno a estos últimos de quedarse como están, siguiendo una costumbre cada vez más arraigada en el sector.

Precisamente dicha circunstancia es uno de los pilares de las sucesivas demandas que Facua ha presentado contra las operadoras. La vista previa de la más antigua, correspondiente a la subida impuesta por Movistar en mayo de 2015, está convocada para el 21 de marzo en el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid. Al menos otras tres se encuentran en lista de espera.

Dos comunidades autónomas ya han multado a Telefónica por subir unilateralmente las tarifas: Andalucía, con 6,23 millones, y Madrid, con 30.000 euros. Según Facua, esta última multa es “ridícula” en comparación con los beneficios obtenidos por la empresa.