BARCELONA .- Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de casación presentado por Acciona para defender que la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), por la que competía con Agbar, siga en sus manos.

De esta forma, el Supremo ha ratificado el criterio seguido en los últimos meses, en los que ha desestimado también los recursos presentados por la Generalitat y BTG Pactual, socio brasileño de Acciona en esta privatización, la mayor de la historia de la Generalitat.

El Govern, Acciona y BTG Pactual habían solicitado que, de forma cautelar, se suspendiera el acuerdo de enero de 2013 por el cual el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat de Cataluña (OARCC), un organismo dependiente del propio ejecutivo catalán, pidió excluir de la gestión de ATLL al consorcio ganador de la adjudicación, tal como reclamaba Agbar.

No obstante, Acciona, al igual que la Generalitat, defiende desde hace meses que aún debe resolverse el fondo del conflicto y que, por tanto, la adjudicación sigue vigente hasta que se pronuncie sobre ello el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Agbar, en cambio, reclama que se ejecute de inmediato la resolución del OARCC y que se le entregue la gestión de ATLL, empresa que presta el servicio de abastecimiento de agua "en alta" (desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales) a Barcelona y su área metropolitana.

Para defender la validez del concurso, Acciona argumenta ante el Supremo que el interés público de la continuidad del servicio debe prevalecer sobre el interés de las partes y que la ejecución de la resolución del OARCC le causaría "una situación irreversible o de difícil reversibilidad", teniendo en cuenta que el consorcio que encabeza ha desembolsado 298 millones en concepto de canon, con el consiguiente coste financiero.

La Generalitat privatizó ATLL, que presta el servicio de abastecimiento de agua a Barcelona y su área metropolitana, poco antes de las autonómicas de 2012

El 6 de noviembre de 2012, días antes de las últimas elecciones autonómicas, la Generalitat adjudicó la gestión de ATLL al consorcio liderado por Acciona, decisión que recurrió su competidora Agbar, que llevó el caso al OARCC, que tumbó la concesión.

Desde entonces, la privatización de la gestión de la empresa pública ATLL, la más importante operación de venta llevada a cabo por la Generalitat, se encuentra inmersa en un cruce de recursos de casación y peticiones de medidas cautelares por parte de todos los actores implicados en el proceso, a expensas de que el TSJC se pronunc ie sobre el fondo del conflicto.

Cuando el gobierno catalán conoció el fallo del Supremo que desestimaba también su recurso, la conselleria de Territorio y Sostenibilidad anunció la creación de una Mesa de Contratación que debía decidir si se anula todo el proceso de adjudicación o bien si le entrega directamente la gestión a Agbar.

El presidente catalán, Artur Mas, ha señalado que la resolución definitiva de todo este conflicto judicial está en manos del TSJC.
Mas advirtió, en este sentido, que si el gobierno catalán, que ha creado esa Mesa de Contratación para cumplir la sentencia del Supremo, "se anticipara" en tomar una decisión definitiva sobre ATLL y luego recibiera "una sentencia contraria", ello resultaría "una chapuza".