La ampliación del listado de estados que la UE considera paraísos fiscales por su falta de cooperación y opacidad en materia de transparencia tributaria ha provocado un salpicón en España: diez de las 35 compañías del Ibex, entre ellas varias de las más potentes, acumulan hasta 28 filiales de papel que no se dedican a su actividad principal en Panamá y en las Islas Caimán, dos de los cuatro países que pasan a engrosar la lista negra  junto con Palaos y las islas Seychelles.

Ninguno de esos cuatro Estados, ni los ocho que ya estaban en la lista (Fiyi, Guam, las Islas Vírgenes de EEUU, Omán, Samoa, Samoa Americana, Trinidad y Tobago y Vanuatu) cumple los requisitos mínimos de intercambio de información sobre la actividad real de las empresas radicadas en ellos.

En este sentido, la resolución del Ecofín, el consejo de ministros de Economía que esta semana se celebra en Bruselas, incorpora a la lista negra a Panamá porque "no ha resuelto el problema" que le impide alcanzar la homologación del Foro Global por sobre Transparencia, mientras que añade a las Caimán por mantener un nivel de opacidad inasumible sobre las sociedades de inversión colectiva (las sicav) que operan en su territorio.

Diez de los principales grupos empresariales españoles operan con hasta 28 filiales radicadas en esos dos estados, según explicaron fuentes de Intermón-Oxfam, una oenegé que lleva años chequeando la transparencia de las compañías del Íbex35: lidera el ranking Naturgy con cinco (tres en Panamá y dos en las Caimán), a la que siguen con cuatro ACS (dos y dos), BBVA (todas en las islas) y Mapfre (todas en Panamá) y, con tres, Santander (una y dos) y Meliá (dos y una).

Repsol cuenta con una en las islas, mientras que Acciona (una), Técnicas Reunidas (una) y Arcelor Mittal (dos) operan solo en el país centroamericano.

Ninguna de esas empresas, entre las que se encuentran algunas de las de mayor valor bursátil del selectivo, caso de los dos bancos y las dos energéticas, ni tampoco las otras 25 del Íbex, cuentan con filiales en ninguno de los ocho estados que ya estaban en la lista negra ni en los otros dos que se han incorporado este martes, explicaron fuentes de la oenegé, que no computa como paraíso a Omán y a Trinidad y Tobago.

Una tarea pendiente del Gobierno español

La decisión del Ecofín pone sobre la mesa una de las incongruencias que genera la ausencia de políticas económicas y tributarias comunes en la UE. Cada estado miembro tiene su propia lista de paraísos y la Unión, una propia. Sin embargo, ni están coordinadas ni operar en esos territorios tiene las mismas consecuencias.
"La lista de la UE es una referencia. Lo que tiene consecuencias es operar en los países que aparecen en la española", explica Carlos Cruzado, presidente de Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda, para quien "la española está desactualizada, y revisarla es una de las tareas que el Gobierno tiene pendiente desde hace tiempo".

Operar mediante filiales radicadas en alguno de los 33 países que quedan en ella activa la normativa antielusión, con lo que la compañía afectada pierde, por ejemplo, el derecho a algunas de las reducciones y bonificaciones en el Impuesto de Sociedades. Eso, además del desgaste reputacional y el mayor celo que un dato de ese tipo despierta en la Inspección.

La propia Agencia Tributaria puso hace unos meses sobre la mesa en su Informe País por País, elaborado con datos de 2016, cómo las 134 multinacionales españolas que facturan más de 750 millones de euros anuales pagan menos de 11.600 euros en impuestos tras declarar solo 91.849 de beneficios con un volumen de negocio de 934.408.

La mitad de esas ganancias, 45.049 millones derivados de una facturación de 413.815, tributan en la práctica por debajo del 6%.

Operar con países de la lista comunitaria, por el contrario, solo tiene efectos reputacionales al no existir una directiva que establezca medidas concretas, aunque en este caso con una novedad obvia. "La UE dice que Panamá no cumple con los requisitos internacionales de transparencia, y eso crea un problema de incongruencia" que debería resolver el Gobierno español, explica Cruzado.

Quince bajas en la lista española

"Las empresas del Íbex35 son cautas y evitan los paraísos de la lista" de la UE, explica Miguel Alba, uno de los investigadores de la oenegé que ha participado en la elaboración de los distintos informes de transparencia de los últimos años.
Sin embargo, en ocasiones se llevan sorpresas. Panamá, que salió de la lista española de paraísos en 2011, dos años después de que una UTE liderada por Sacyr resultara adjudicataria de las obras de modernización del canal, apenas había permanecido un mes en la inicial que la UE elaboró en 2017, poco después de estallar, precisamente, el escándalo de los papeles de Panamá. Los estados de la UE dieron por buenos sus compromisos de transparencia, los mismos que ha acabado incumpliendo.

Entre 2003 y 2014 salieron de la lista española Andorra, las Antillas Holandesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Chipre, los Emiratos Árabes Unidos, Hong-Kong, Jamaica, Luxemburgo, Malta, Panamá, San Marino, Singapur y Trinidad y Tobago, según la Agencia Tributaria. 

El trabajo de la oenegé, por su parte, solo incluye las sociedades filiales ‘de papel’, las que no se dedican a la actividad principal de la matriz y/o carecen de personal o instalaciones. "Suelen ser entidades instrumentales o financieras que se utilizan para mover dinero", explica Alba. "Somos muy escrupulosos al diferenciar la actividad operativa de la empresa de la que no tiene relación con ella", añade.

Una de las prácticas más habituales de elusión fiscal de las multinacionales consiste en triangular beneficios entre sociedades filiales para generar, en ocasiones aparentemente, gastos con los que las ganancias, y en consecuencia su tributación, se reducen.

¿Dónde está Delaware?

El listado de la UE, que incluye dos territorios de dependencia de dependencia estadounidense como Samoa y las Islas Vïrgenes, no hace referencia, por el contrario, al paraíso de moda entre las grandes empresas españolas: Delaware, un pequeño Estado de menor tamaño que Euskadi y situado entre Mariland y New Jersey en el que tienen su sede 352 filiales, señala el último informe de Intermón-Oxfam sobre la transparencia de las compañías del Íbex35.

Este, "junto con Holanda (119 filiales), Irlanda (75) y Luxemburgo (56) acumulan el 75% del total de filiales de empresas del Íbex35 en paraísos fiscales", señala el estudio, que ve en esa distribución geográfica "una clara apuesta" de las multinacionales españolas "por los territorios más nocivos en competencia fiscal, aquellos que atraen la mayor parte de la inversión fantasma y los preferidos por empresas de todo el mundo para desviar beneficios".

El Ecofín sometía este martes a examen la evolución de 26 estados en materia de transparencia tributaria y cooperación internacional en el que junto con los suspensos de Panamá, las Islas Caimán, las Seychelles y Palaos, otros 16 obtuvieron un aprobado que, en todos los casos tras varias prórrogas, les permite salir de la ‘lista gris’.

Se trata de Antigua y Barbuda, Armenia, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Cabo Verde, Curazao, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Vírgenes Británicas, Montenegro, Nauru, Niue, San Cristóbal y Nieves y Vietnam.

Paralelamente, el consejo de ministros de Economía daba un margen de diez meses y medio a Turquía, hasta final de año, para que mejore de manera "efectiva" su sistema de intercambio automático de información tributaria con los estados miembros de la UE, y daba un plazo que vence el 31 de agosto para firmar el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua de la OCDE a Bosnia-Herzegovina, Botswana, Jordania, las Maldivas, Mongolia, Namibia y Tailandia.

"Los gobiernos de la UE han liberado a las Bahamas, las Bermudas y las Islas Vírgenes Británicas, algunos de los paraísos fiscales más dañinos del mundo", señaló Chiara Putaturo, asesora de políticas de la UE de Oxfam sobre impuestos y desigualdad, que sostiene que "estos países tienen una competencia fiscal injusta y lideran la carrera hacia el fondo en impuestos corporativos al ofrecer tasas de impuestos cero o tasas de impuestos muy bajas, para que las empresas eviten pagar su parte justa".

Por otro lado, añadió, "la credibilidad del proceso de inclusión en listas negras sigue siendo socavada por [la ausencia de] los paraísos fiscales de la UE".