El Gobierno de Noruega ha decidido retirar 419.600 millones de coronas noruegas (38.000 millones de euros) del Fondo Global de Pensiones, que invierte en el exterior los ingresos procedentes del gas y el petróleo del país, una cifra que representa un incremento del 71% respecto de los recursos del fondo soberano utilizados en el presupuesto del país escandinavo el pasado ejercicio, con el fin de cubrir el déficit presupuestario provocado en gran parte por los gastos relacionados con la pandemia de Covid-19.

De este modo, según la propuesta presentada por el Ministerio de Finanzas de Noruega, Oslo hará uso del 4,2% de los recursos del fondo soberano, valorados en 10,36 billones de coronas (936.771 millones de euros), sobrepasando así el límite anual legalmente establecido del 3%, aunque está permitido rebasar este umbral en periodos de crisis, como sucedió durante la Gran Recesión, cuando el Gobierno empleó el 4,1% de los recursos disponibles en la hucha petrolera noruega.

En su propuesta de enmienda presupuestaria, el Ministerio de Finanzas subraya que "Noruega ha sufrido su peor revés en tiempos de paz" a raíz de la pandemia de Covid-19, por lo se ha incrementado el gasto para establecer las condiciones para la recuperación económica a través de medidas para mejorar la formación y las capacidades de los ciudadanos, asía como para impulsar una "reestructuración verde" de cara al futuro.

"El aumento del gasto ha sido una necesidad en la situación actual, tanto para evitar una desaceleración aún más aguda como para ayudar a las empresas saludables a superar la crisis para que puedan crear empleos y crecimiento cuando vuelvan las circunstancias normales", dijo el ministro de Finanzas.

Asimismo, el Ministerio de Finanzas de Noruega ha anunciado la intención del Gobierno de crear un nuevo impuesto en el Presupuesto de 2021 sobre las piscifactorías, la segunda mayor industria del país tras el petróleo, con un gravamen de 0,40 coronas por cada kilo producido de salmón, trucha o trucha arcoiris.

Los ingresos del impuesto, estimados en 500 millones de coronas (45 millones de euros) se dividirán entre los gobiernos regionales y locales a partir de 2022.