Javier Jiménez, desempleado de 56 años, lleva tiempo cuidando a su hermana Paula, de 59 años y un 70% de discapacidad. Hace 25 años le diagnosticaron trastorno bipolar, y la situación por la que atraviesan "no ayuda precisamente a su estado", comenta Javier.

El miércoles se enfrentaban a su tercer intento de desahucio , aunque a última hora, gracias al apoyo de activistas por el derecho a la vivienda, el juzgado ha concedido un aplazamiento de dos meses. Pero siguen sin ninguna alternativa, más allá de una habitación en un piso compartido que les ha ofrecido la ONG Provivienda. Algo "totalmente insuficiente y desaconsejable" para Paula, explica su hermano, ya que la mujer está sometida a un gran control médico y al seguimiento de especialistas, también a domicilio, que la mantienen estable mentalmente. "Ella tiene su entorno bien construido y no es aconsejable la inestabilidad", apostilla.

Pero la inestabilidad es una nube constante que lleva dando vueltas a su casa desde 2019. Fue cuando Fidere, una SOCIMI del fondo de inversión estadounidense Blackstone, considerado el mayor casero de España, le impuso una subida escandalosa del precio del alquiler: de 392 a 800 euros al mes si quería renovar su contrato.

De función social a especulación

La vivienda en la que ambos residen, en el distrito madrileño de Vallecas,  no siempre perteneció a este fondo buitre. Es uno de los más de 1.860 pisos sociales de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid que la exalcaldesa Ana Botella vendió en 2014 a precio de saldo al fondo estadounidense. A paula le tocó en un sorteo y le entregaron las llaves en 2009, aunque empezaron los problemas ya en 2014, especifica su hermano. Son cientos las personas que han seguido recordando con amargura y frustración a lo largo de esta década las palabras con las que Botella resumió aquella polémica operación: "Solo cambia el casero".

En 2019, cuando terminó el periodo de protección pública de esas viviendas, también cambió el propietario. Fidere tenía el control total de las casas, de sus precios y de las condiciones de sus contratos; y quisiera o no, también iba a marcar el rumbo de la vida de los inquilinos, la gran mayoría de bajos ingresos, que había dentro cuando fueron vendidas.

Las consecuencias de aquel pelotazo llevan años dejándose ver o pasando desapercibidas por la periferia de Madrid. Desahucios invisibles de personas que no asumen las subidas, desalojos más visibles, policía incluida, de personas que no quieren abandonar la casa que un día le tocó por sorteo, con alquiler asequible y gestión pública y social. Subidas abusivas de precios. Manifestaciones de afectados contra esta mala venta que, sin embargo, fue archivada en los tribunales. 26 millones de euros que perdieron —tal vez regalaron— las arcas madrileñas, según el Tribunal de Cuentas.

Ningún miembro del Gobierno de Botella ha tenido que pagar los platos rotos de este negocio redondo para Blackstone. A quien sí le pasaron la factura fue a Paula, y la cuenta supera todo lo que ingresa por su pensión de incapacidad absoluta, algo más de 700 euros.

Ella y su hermano se organizaron para resistir, junto a decenas de vecinos de los dos edificios contiguos. Se declararon en "bloque en lucha" junto al Sindicato de Inquilinas de Madrid, que ya agrupa a más de cien afectados en toda la región por Blackstone, y se negaron a firmar nuevos contratos con subidas abusivas. Todos permanecen en sus casas pese a la finalización de contratos intentando forzar una negociación. "Pero ha habido mucha gente que se ha ido yendo sin decir nada en cuanto empezaron a llegar las cartas con las nuevas condiciones de los contratos", lamenta Javier.

Ellos, como varios vecinos en la misma situación, ingresaban cada mes la cantidad que venían pagando antes de que Fidere aplicara las subidas. Los contratos estaban vencidos, así que ingresaban el dinero a través de giros postales. "Pero Fidere los devolvía todos. Nunca ha querido sentarse a negociar una solución con nosotros. Queremos llegar a acuerdos, pero ellos no tienen ninguna intención, ni siquiera para personas en una situación tan delicada como la de mi hermana y la mía", resume Javier.

El Sindicato de Inquilinas confía en que Fidere se siente a negociar unas condiciones aceptables para Paula y para otros vecinos en situación parecida antes de que se ejecute el desahucio. De lo contrario, adelantan que acudirán a la puerta, como tantas otras veces, a impedir que una persona vulnerable sea desahuciada por un fondo buitre. Recuerdan que este misma semana, el fondo de inversión Azora, el tercero con más viviendas de España, ha sido condenado por introducir cláusulas abusivas o fraudulentas en sus contratos de alquiler en Calatunya, muchas de ellas similares o idénticas a las que que Blackstone impone en sus alquileres.