Casi la mitad de los trabajadores con contratos para la formación y el aprendizaje ocuparon puestos de camareros, dependientes de pequeño comercio, peones y limpiadores en 2017, según un informe basado en datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) difundido este viernes por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO)

El sindicato recuerda que los de formación, que articulan la llamada formación dual del sistema laboral, se dirigen "en teoría" a cualificar a jóvenes con bajo nivel educativo.

No obstante, denuncia que en la práctica se utilizan como un contrato "barato" principalmente en pymes y micropymes de hostelería y comercio. De hecho, las empresas clasificadas en la actividad de comercio al por menor y los servicios de comidas y bebidas realizan el 35% de las contrataciones.

CCOO advierte en su informe de que el contrato para la formación ha ido sufriendo en los últimos años una "progresiva precarización". "El Real Decreto 1529/2012 por el que se desarrollan los contratos para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases para la formación dual, eliminó casi cualquier barrera objetiva o subjetiva para suscribirlos: se elevó a 30 años la edad máxima a la que se podía ser contratado, se eliminó la exigencia de que el contratado tuviera un nivel académico bajo y se permitió el encadenamiento de contratos siempre que no fueran para la misma ocupación", alega el sindicato.

Al respecto, la secretaria de Empleo y Cualificación Profesional de CCOO, Lola Santillana, ha denunciado que hoy en día un licenciado puede ser contratado durante una año para 'aprender' a ser camarero y luego ser contratado en la misma empresa para 'aprender' a ser dependiente y más tarde para 'aprender' a ser empleado de limpieza. "El aprendizaje no es más que una coartada para subvencionar contratos precarios y que las academias privadas ganen dinero", alerta.

En este sentido, CCOO subraya que, por cada contrato, el Estado abona mensualmente 214 euros a las academias privadas que imparten los cursos online y entre 60 y 80 euros más a las empresas en concepto de tutoría. En los últimos cinco años, las bonificaciones a estos contratos, con tasas de inserción que rondan el 3%, han supuesto un gasto de 1.893 millones de euros. "Esto es un claro ejemplo de la financiación pública de la precariedad laboral", expone Santillana.

Según el sindicato, los contratos en prácticas y para la formación obedecen a distintos patrones. Los primeros, dirigidos a jóvenes con titulación superior, se realizan en grandes empresas para ocupaciones relacionadas con las matemáticas, las ciencias, tecnologías e ingenierías y cuentan con una presencia femenina algo inferior a la masculina. Y los segundos se celebran sobre todo en pymes o micropymes del comercio y la hostelería.

CCOO argumenta que la evolución de estos contratos entre los años 2007 y 2017 puede dividirse en tres etapas: de 2007 al 2012, hubo aproximadamente 70.000 contratos anuales, que se concentraban en el sector de la construcción y las personas contratadas eran jóvenes de menos de 19 años sin titulación académica.

En la segunda etapa, de 2013 a 2015, los contratos aumentaron hasta alcanzar un máximo de 174.000 en 2015. En su mayoría se realizaron en los sectores de comercio y hostelería y se elevó tanto la edad (los menores de 19 pasan a ser sólo el 14%) como el nivel académico de los contratados.

Por último, en 2016 y 2017, estos contratos descienden por debajo de los 50.000 porque, según destaca CCOO, el Gobierno suprimió la financiación de la formación a distancia tradicional y la no acreditable.

"Tras las quejas de CCOO y las denuncias ante la Inspección de Trabajo sobre el carácter fraudulento de este tipo de contrataciones, el Gobierno endureció ligeramente los requisitos, pero sigue sin proporcionar datos sobre los contenidos de los cursos, las academias privadas que gestionan tan abultados recursos económicos, el número de abandonos o las características de su inserción laboral, si es que se insertan", denuncia Santillana.

CCOO considera que para abordar "seriamente" la formación dual, sea del sistema laboral o del educativo, la duración del contrato no puede ser inferior a la duración de los estudios, los cursos deben ser presenciales, y las empresas deben contar con tutores cualificados.

"No basta con llamar a algo formación dual para que lo sea, pero denominar formación dual del sistema laboral a los contratos para la formación, ha permitido al Gobierno inflar las estadísticas que presenta en foros internacionales", concluye la responsable de Empleo CCOO, que ve urgente modificar el marco normativo para garantizar que estos contratos cumplen su objetivo de formación. En caso de no ser así, el sindicato pide que se denuncien las situaciones de fraude.