La letra pequeña de la última entrega de la Encuesta de Población Activa (EPA) revela aspectos muy significativos de la calidad del empleo que se está creando en España. Un empleo que no sólo tiene un alto grado de precariedad, sino que en muchas ocasiones está muy por debajo de la cualificación de quienes lo desempeñan.

Según datos correspondientes al primer trimestre de 2018, nada menos que 1.864.000 ocupados poseen una formación superior a la que su trabajo exige. La mayor parte de ellos (1.140.400) son mujeres, el colectivo que en otros registros aparece también como el más penalizado por el fuerte deterioro del mercado laboral desde el estallido de la crisis económica.

En comparación con el número de ocupadas, las que están en situación de subempleo representan un 13,27% del total, mientras que en el caso de los hombres el porcentaje es del 7,03%; es decir, prácticamente la mitad.

Esta brecha se reproduce, cuando no se acentúa, en algunos niveles educativos. Hay, por el ejemplo, 394.000 mujeres con estudios universitarios que no trabajan en aquello para lo que se prepararon, frente a 205.100 hombres, siempre según la última EPA.

La mayor concentración de subempleo femenino se da en el sector de servicios, donde la EPA detectó en el primer trimestre de 2018 a 1.080.500 mujeres en esa situación. En la agricultura, la industria y la construcción no llegan a sumar 60.000.

Incluso entre las trabajadoras por cuenta propia las hay con una cualificación mayor de la que su trabajo requiere (49.200), en parte porque se han visto obligadas a darse de alta como autónomas para conseguirlo. En este caso, seguramente por el mismo motivo, el número de hombres es superior (71.500).

Aparte de la frustración personal que el subempleo proporciona, las condiciones laborales son insatisfactorias para decenas de miles de mujeres, de ahí que 611.800 busquen un trabajo con otro tipo de jornada (normalmente, completa) y que 515.700 consideren insuficiente el contrato que tienen (normalmente, temporal).