Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León,
continúa dando la espalda a los más vulnerables en su constante
enfrentamiento con el Gobierno central. De esta manera, las ayudas
al alquiler –que facilitan el acceso a viviendas en este régimen a la
población con recursos económicos limitados– vuelven a sufrir serios
retrasos por segundo año consecutivo, a pesar de financiarse con
fondos estatales casi en su totalidad.

La pasada semana, la Junta de Castilla y León cerró una nueva
convocatoria, a través de la que se han recibido 28.220 solicitudes
(un 14,15% más que en la anterior. Dicha convocatoria deberá
resolverse en un límite de seis meses (mediados de julio), el plazo máximo de resolución de un procedimiento administrativo.

Sin embargo, en los dos últimos años, la Junta de Castilla y León, gobernada por PP y Vox, incumplió sus propios plazos: en 2022 y 2023 la concesión de las ayudas acumuló hasta 13 meses de retraso.

José Luis Vázquez, portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León en materia de vivienda asegura que el principal problema de esta forma de actuar de la Junta es que "no cree en la vivienda de promoción pública y prefiere favorecer las iniciativas privadas".  Vázquez denuncia, además, "una falta total de empatía ante las familias que necesitan estas ayudas".

En la última convocatoria, se recibieron 24.721 solicitudes, de las que
se desecharon 9.317 por ser desfavorables o por falta de alguna
documentación, por lo que se beneficiaron solo finalmente poco más
de 14.000 familias. Vázquez recuerda en declaraciones a Público
que el Gobierno de Mañueco tiene las competencias de vivienda en
exclusiva desde 1983, aunque los fondos proceden en su gran parte de fondos europeos transferidos por el Gobierno central [ocho de cada 12 euros]: "El consejero Quiñones aseguró en su día que las convocatorias serían universales para todos los que cumplieran los requisitos, pero la complejidad de la tramitación de las solicitudes deja sin ellas a muchas familias necesitadas".

"La Junta es una mera tramitadora de fondos, pero en lugar de
aportar un presupuesto a estas ayudas –una línea de ayudas propias–
que se complemente con el del Gobierno central, deja a muchos
ciudadanos al límite, sin que puedan mantener sus contratos", añade
Vázquez. "Es más, con los precios que la Junta ha establecido en la
Orden publicada el pasado mes de diciembre, la mayoría de personas
que actualmente están en el registro público de demandantes de
vivienda no podrían optar a una vivienda", denuncia el portavoz del PSOE.

Sin oficinas de vivienda en las provincias

A esta problemática se suma el hecho de que "no hay oficinas de
vivienda en las provincias, el registro de demandantes de viviendas
está desfasado y así, los ciudadanos no se apuntan salvo cuando hay convocatorias", explica Vázquez. "Han desmantelado el servicio", subraya el socialista.

En esta misma línea Ana Sánchez, secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, acusa al Gobierno de Mañueco de dejar fuera
al 40% de los solicitantes de ayudas al alquiler de vivienda
procedentes de fondos del Estado.

Las ayudas al alquiler de viviendas, convocadas en régimen de
concurrencia competitiva, vuelven a estar dirigidas a personas físicas
mayores de edad, que sean titulares de un contrato de alquiler, de
cesión de uso o de arrendamiento de una vivienda o habitación que
constituya su residencia habitual y permanente.

Según la última convocatoria, de enero de 2023, será necesario que el total de los ingresos anuales de la unidad de convivencia sea igual o inferior a tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, 23.725,80 euros) y superiores a 0,5 veces el IPREM (3.954,30 euros).

El límite máximo se incrementa hasta cuatro veces el IPREM
(31.634,40 euros) para familias numerosas de categoría general o
víctimas de terrorismo o hasta cinco veces (39.543,00 euros) para
familias numerosas de categoría especial o de personas con
discapacidad con un grado igual o superior al 33%.