@Alopezdemiguel

MADRID.- Primero hay que influir en las condiciones con las que una empresa pública sale a la venta, supervisar el proceso, y por último hay que comprar acciones a un precio anormalmente bajo, esperar a que suba y después revenderlas, lo que reporta importantes beneficios. 

La oleada de privatizaciones reforzada por la crisis económica parece lejos de terminar, al menos mientras esté respaldada por instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) o la propia Comisión Europea -integrantes de la Troika-, e impulsada por bancos, auditoras y despachos de abogados que actúan como juez y parte en este lucrativo proceso.

Una de las divisiones de Lazard influyó en la fijación de precios de las acciones de la Royal Mail británica, otra compró títulos. Sus beneficios superaron los 12 millones de euros

Así lo documenta el estudio del Transnational Institute (TNI) El negocio de las privatizaciones, al que Público ha tenido acceso en exclusiva junto al diario griego Efimerida ton Sintakton. El informe que firman los investigadores Sol Trumbo Vila y Matthijs Peters sigue la línea del documento Privatizando Europa que la misma entidad publicó en 2013, y que venía a denunciar cómo el FMI, la Comisión y el BCE han utilizado la crisis económica para impulsar estas privatizaciones en países fuertemente endeudados como Portugal, Irlanda, Grecia o España - en este último caso como condición para el rescate bancario que el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy se empeña en obviar-.

El círculo de firmas que hacen negocio con las privatizaciones es relativamente pequeño, y en él se integran algunas de las mayores auditoras, entidades bancarias o despachos de abogados, muchos de los cuales también están involucrados en negocios como los tribunales de arbitraje privados a los que originariamente quería recurrir la UE en el polémico tratado de libre comercio entre Washington y Bruselas, el TTIP.

Un ejemplo de esta dinámica lo encarna Lazard, el gigante bancario que empleó una de sus divisiones para asesorar en la privatización de la Royal Mail británica. Influyó en la fijación de los precios de las acciones que iban a ponerse a la venta, y posteriormente otra de sus divisiones estuvo entre las 16 empresas que fueron consideradas inversores preferentes, una estrategia que en total le permitió embolsarse cerca de 9,5 millones de libras, más de 12 millones de euros.

En esencia, son dos los argumentos de los defensores incondicionales de las privatizaciones: que generan ingresos para los países endeudados que permiten aliviar la deuda pública y que esta dinámica garantiza una mayor eficiencia. La primera trampa está en que en todos los casos analizados sólo se venden empresas rentables, "a precios sistemáticamente infravalorados", en palabras del informe, con el consiguiente beneficio para las empresas, en detrimento del bolsillo del contribuyente.

TNI: "Las privatizaciones están alimentando el nepotismo, la corrupción y la especulación por parte de pequeños grupos privilegiados"

La segunda objeción es que varios estudios de distintas universidades europeas y del propio FMI, pero también otros desarrollados en España en ámbitos concretos -como el sanitario- demuestran que no hay prueba de que las empresas privatizadas sean más eficientes. Por contra, estas tienden a recortar en salarios y a precarizar las condiciones laborales -estudio PIQUE, 2006-, lo que suele restar calidad al servicio, como también ha ocurrido en el caso de la sanidad madrileña durante los 20 años de Gobierno autonómico del PP.

"Las privatizaciones no sólo no generan los ingresos y la eficiencia que se usa para justificarlas, sino que también están alimentando el nepotismo, la corrupción y la especulación por parte de pequeños grupos privilegiados en un momento en que los costes sociales de la austeridad son más flagrantes que nunca", sentencia el documento.

Por ello, el Transnational sostiene que el hecho de que Bruselas siga apoyando estas privatizaciones sólo puede obedecer a dos motivos:  bien a que el sesgo ideológico de la Comisión encaje con estas políticas neoliberales, o que simplemente esta se encuentre atada de pies y manos ante una poderosa industria que le impide "cambiar de rumbo".

Gráfico del TNI

La carcoma de la corrupción que corroe a Grecia

Los casos analizados en las 25 páginas del informe son sólo algunos ejemplos, apenas la punta del iceberg de un fenómeno cuyo auge en Europa se sitúa en la década de los 80, y que encuentra en la primera ministra británica Margaret Thatcher una poderosa aliada.

De vuelta a nuestros días, Grecia es una de las pruebas claras de los efectos de estas políticas neoliberales. Al firmar su primer Memorando de Entendimiento (MoU) para recibir el rescate, el país se vio forzado a crear el Fondo de Desarrollo de Activos de la República Helena (HRADF), encargado de vender patrimonio por un importe de 50.000 millones de dólares, aunque no ha logrado recaudar más que una décima parte de esa cantidad. De hecho, el HRADF se ha visto envuelto en varias polémicas, y según el informe la dirección de esta agencia ha cambiado de manos media docena de veces por estos escándalos.

Alemania, férrea defensora de las privatizaciones, es accionista mayoritaria de Fraport, hoy dueña de los 14 aeropuertos griegos más rentables

La comercialización de terrenos del Estado heleno en Atenas por una cantidad muy inferior a su verdadero valor, la venta ruinosa -para el contribuyente- de 14 propiedades inmobiliarias o la de los 14 aeropuertos regionales rentables -de los 37 que posee- ilustran esta realidad. Sin ir más lejos, una de las asesoras al HRADF para privatizar estos aeródromos fue una filial de la aerolínea Lufthansa, que también es accionista de Fraport, empresa que posteriormente compró los aeropuertos.

Parte de estos beneficios ha ido a parar a las arcas del Estado alemán, accionista mayoritario de Fraport y férreo defensor de las privatizaciones. Y es que a pesar de la retórica empleada muchas de las multinacionales que pasan a controlar empresas privatizadas son extranjeras y de titularidad pública -total o parcial-. El peso de las corporaciones chinas en sectores estratégicos, como el de la energía, sigue creciendo sin control en países como Portugal, otro de los más afectados por las duras exigencias y la austeridad de la Troika.

Breve guía de la privatización

El estudio reproduce el modelo de la Guía sobre privatizaciones para principiantes, editada en 2013 por la filial de la auditora PricewaterhouseCoopers en Chipre. Simplificando mucho este complejo proceso, hay tres vías para ejecutar privatizaciones: mediante una OPV (venta mediante oferta pública en el mercado de valores); a través de una venta comercial (a un inversor estratégico) y existe un tercer modelo que en esencia es una suerte de mezcla de los dos primeros.

En cualquiera de los tres escenarios lo primero es elegir a un equipo de asesores en materia financiera, jurídica y técnica, para después desarrollar una estrategia, pero también hay que contar con asesores económicos al final del proceso, y en muchas ocasiones están estrechamente ligados a los primeros.

Como ejemplo, en el caso de la OPV los asesores preparan un plan y se seleccionan los bancos que colocarán las acciones de la empresa en el mercado. Tras la aprobación de esta hoja de ruta entran en juego las auditoras, un mercado fundamentalmente controlado por los gigantes Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers y Ernst & Young.

Después, Gobierno, inversores y emisores fijan precio, en un proceso en el que el asesor financiero también tiene un papel destacado, y tras comprar títulos procede después a venderlos . Nada queda al azar en estos procesos, poco escapa de la supervisión de las grandes empresas que desde hace años dominan el sector, y que hacen todo lo posible por seguir alimentando esta burbuja privatizadora que tan lucrativa les resulta.